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    Paradojalmente, el mismo día que el ministro de Justicia, Hernán Larraín, fue interpelado por la Cámara de Diputadas y Diputados, frente a la cual afirmó un supuesto compromiso del actual Gobierno con los derechos humanos, se dio a conocer las indicaciones al proyecto de ley que reforma el sistema de adopciones en Chile. Indicaciones que no reflejan aquel mentado compromiso, dejando al descubierto el verdadero rostro de un Gobierno de derecha que, o padece de una ignorancia supina de lo que son los derechos humanos o, simplemente, usa el concepto políticamente.

    Son varias las falencias en materia de derechos humanos que presenta el proyecto de adopciones enviado por el Ejecutivo; el principal, es la errada construcción del derecho a ser adoptado por parte de las niñas, niños y adolescentes (NNA).

    Este entendimiento es equívoco en tanto desconoce que el Sistema Internacional de Derechos Humanos, establece que los estados deben garantizar, promover y proteger el derecho de todas las personas a formar familia, y que ésta sea reconocida por ellos. De este modo, la adopción no es un derecho de NNA contrastado frente a las personas que deseen adoptar, sino un proceso que reconoce el derecho de ambas partes a formar y tener una familia (Art. 17.2 Convención Americana de Derechos Humanos).

    Continuando con las falencias en derechos humanos, el proyecto del Ejecutivo es discriminatorio en tanto sitúa a las parejas lésbicas y homosexuales en un estatus inferior para acceder a la adopción. Siendo las personas de la diversidad sexual (lesbianas, homosexuales, bisexuales, trans, etc.) seres humanos, y a menos que la derecha desconozca aquello, somos titulares de dicho derecho a formar familia y esto debe ser reconocido en igualdad de condiciones para todas las personas sin discriminación alguna.

    El Gobierno señala no querer discriminar, olvidando (convenientemente) que la discriminación es un fenómeno de resultado, no de intencionalidades; poco importa que el Ejecutivo no “desee” discriminar, lo que importa es que en los hechos aquella discriminación existe al solicitar que en la familia exista el rol de “padre” y “madre”.

    Así, esta disposición termina siendo una discriminación indirecta, definida por la Convención Interamericana contra toda forma de Discriminación e Intolerancia (A-69), del año 2013, y suscrita por nuestro país como “…la que se produce, en la esfera pública o privada, cuando una disposición, un criterio o una práctica, aparentemente neutra, es susceptible de implicar una desventaja particular para las personas que pertenecen a un grupo específico, o los pone en desventaja, a menos que dicha disposición, criterio o práctica tenga un objetivo o justificación razonable y legítimo a la luz del derecho internacional de los derechos humanos”.

    Lo anterior está en línea con lo sentenciado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos el año 2012, en el caso “Átala e Hijas versus Chile”, que condenó a nuestro país estableciendo que no es posible que el Estado discrimine a las personas en base a su orientación sexual y/o identidad de género. Causa que, por lo demás, está íntimamente ligada a los derechos y deberes familiares que deben ser protegidos y garantizados.

    La misma sentencia establece que el interés superior del niño o niña es un fin legítimo que debe ser protegido por el Estado, pero que dicha protección no puede ser usada para discriminar a ninguna persona por su orientación sexual y/o identidad de género.

    Ya sean estas falencias propias de la ignorancia, o simplemente del desdén que posee la derecha por los derechos fundamentales, queda claro que el mentado compromiso irrestricto con los derechos humanos, señalado por el ministro de Justicia ante el hemiciclo del congreso, no es real. De este modo, resulta claro que el discurso de este Gobierno está completamente separado de sus acciones, que siguen vulnerando derechos humanos.

    (*) Elías Jiménez es miembro del Equipo de contenidos del Frente de Diversidad Sexual RM y militante de Revolución Democrática.

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