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    En menos de una semana, Chile se vio envuelto en dos hechos que vuelven a reactivar el debate público en torno a los Derechos Humanos. Primero, un informe del Comité de Derechos del Niño de Naciones Unidas calificó como “graves y sistemáticas” las violaciones a los derechos de niñas, niños y adolescentes institucionalizados a través del Servicio Nacional de Menores, demostrando que la sistematicidad de la violencia estatal contra la población no terminó con el fin de la dictadura cívico-militar, sino que se trasladó hacia uno de los sectores sociales que presenta una mayor condición de vulnerabilidad: los menores de edad, que hoy son abusados por instituciones que han aprovechado la posición subsidiaria del Estado (consagrada en una Constitución aprobada en dictadura) para lucrar con la situación de miles de niñas y niños.

    Como si lo anterior no fuera de una gravedad extrema, luego nos enteramos que la Corte Suprema revirtió una decisión de la Comisión de Libertad Condicional y la Corte de Apelaciones, otorgando beneficios carcelarios a siete criminales condenados por delitos de lesa humanidad cometidos durante el régimen encabezado por Augusto Pinochet. Así, vulnerando tratados internacionales -como el Estatuto de Roma, aprobado por la comunidad internacional en 1998 y ratificado por Chile en 2009- los magistrados fallaron posicionándose desde el lado de la impunidad, desconociendo que una de las condiciones mínimas para el otorgamiento de beneficios a condenados por violaciones de los Derechos Humanos es haber demostrado arrepentimiento respecto de los crímenes cometidos y colaborar con el esclarecimiento de los hechos investigados, cuestiones que definitivamente no se dan en estos casos.

    En el año 2000 el grupo chileno Sol y Lluvia se preguntaba “¿Qué haremos con el tiempo libre de los torturadores? ¿Saldremos a bailar con ellos a las plazas? ¿A leer con ellos el diario en el metro? ¿Le daremos recreo a todos los jueces?”, posicionándose respecto de lo vivido durante toda la década de 1990, cuando con el advenimiento de la democracia no se alcanzó la justicia esperada y hoy, muchas de las víctimas tienen que vivir con el aberrante temor de encontrarse en las calles con quienes fueron, en el pasado, sus torturadores.

    Pero, ¿por qué en Chile se continúan vulnerando los Derechos Humanos?

    El problema de Chile es que, terminada la dictadura, se nos propuso la visión histórica de que la democracia comenzaba en ese mismo momento en el que terminaba la época del terror -la alegría ya viene como un slogan publicitario encarna ese sueño-. Así, la sociedad no tomó conciencia de que la democracia es una cuestión que se construye con hechos concretos y de forma colectiva, con un nuevo pacto social que entendiera que no se podían volver a cometer nunca más los hechos brutales que sucedieron en dictadura. Por eso, unos pocos tomaron la bandera de la democracia y construyeron este sistema político en donde hay una escasa conciencia de que el Estado debe asegurar y resguardar el respeto de los Derechos Humanos de toda la población que se encuentre en el territorio nacional, porque lo que nos propusieron como “reconciliación” no fue justicia y reparación, sino que olvido e impunidad.

    Ahora vemos los resultados: una constitución dictatorial que aún sigue vigente, un Estado que continúa violando “sistemáticamente” los DDHH de niñas y niños, un modelo social que no asegura derechos básicos a la población y prioriza la lógica del subsidio como única posibilidad de intervención estatal, unas fuerzas armadas y de orden que se mandan solas y están carcomidas por una corrupción estructural, junto a un sistema político donde empresas compran a legisladores para que fabriquen leyes a su antojo.

    Hoy no somos una dictadura, eso está claro, pero tampoco Chile fue capaz de construir un modelo realmente democrático, porque terminamos normalizando el esquema de los que nos dijeron que acabada la dictadura, la democracia caía desde el cielo, como iba a llover también la alegría, que solo llegó con endeudamiento y empastillamientos para combatir la depresión y los problemas psiquiátricos que hoy son una verdadera pandemia en nuestra “economía social de mercado”, palabra tan linda y contradictoria acuñada por esos mismos que construyeron la democracia chilena a su antojo y comodidad.

    Muchas de las víctimas de ayer y hoy, ya no están, porque murieron en procesos carentes de respeto por la dignidad humana, vulnerados en sus derechos más elementales, en prisiones de la dictadura o en hogares del Sename. Quedamos quienes no olvidamos y continuaremos gritando contra la impunidad de un Estado que consagra constitucionalmente un sistema que ayer y hoy viola los Derechos Humanos. Frente a ello, la organización y movilización de la sociedad civil debe ser un imperativo moral para quienes queremos construir una sociedad más justa y democrática.

    (*) Isaac Gajardo Miranda es Historiador y Director Ejecutivo de la Comisión Chilena Pro-Derechos Juveniles

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