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    Si pareciera que de una ventolera a este país se le cicatrizaron las heridas que dejó la tortura aplicada sistemáticamente años atrás. O al menos es lo que se ha podido escuchar y leer a la hora de que la gente opine respecto de si estuvo “bien” o “mal” que a los sujetos acusados de asesinar a Margarita Ancacoy se les haya aplicado corriente al interior de la cárcel en donde se encuentran en prisión preventiva.

    Ahora, sin perjuicio de lo peligroso que resulta que la mayoría de los ciudadanos comunes y corrientes en Chile aprueben la tortura como una forma de “hacer justicia”, tanto o más riesgoso es que lo hagan quienes -nos guste o no- han sido levantados por la industria televisiva como “líderes de opinión”.    

    Es que lo de los rostros televisivos como Macarena Tondreau o Tonka Tomicic aliviándose y aplaudiendo una acción de tortura es de una irresponsabilidad monumental, al igual que lo señalado por Claudio Bravo.

    Podemos echarle la culpa a la nefasta educación heredada de la dictadura, a la esmirriada representatividad de la clase política y hasta al torpedeo que desde esa misma casta se ha hecho a asignaturas como Educación Cívica y Filosofía, pero lo cierto es que hoy una parte importante de la población lamentablemente se forma convicciones escuchándolos a ellos.  

    Sin embargo, eso no nos exime de cuestionarnos cómo es posible que en un programa en la televisión abierta, de un canal público, no haya un solo director, editor, periodista, productor o panelista que, antes de que un GC (texto inferior que acompaña a la imagen que aparece en pantalla) salga al aire, no sea capaz de dimensionar lo grave que resulta en términos democráticos plantearle a los televidentes las preguntas de si es o no la tortura una acción justificada o si deben los reos tener o no derechos básicos…

    Poner en cuestión y abrir el debate respecto a en qué casos la tortura es justificada puede llegar a ser tan grave y retrógrado como legitimar la violación de una mujer por usar una falda corta o un escote pronunciado.

    Quizás esta sea la cosecha de que se haya procurado por años -en función de una transición protegida por los consensos- tener en pantalla a rostros lo más desideologizados que fuera posible, reduciendo ridículamente esa escasa “vocería política” a las Patricia Maldonado y Raqueles Argandoñas que inexplicablemente se mantienen en la televisión.

    Hace una semana aproximadamente caminaba por el Barrio Bellavista, cuando al lado mio pasó corriendo un muchacho y tras él una pareja gritando que lo detuvieran, que había robado. Unos metros más allá un corpulento sujeto se paró de la terraza del bar en donde estaba y de un verdadero tackle lo noqueó. El joven quedó inconsciente en el piso, por lo que quienes lo perseguían le dieron alcance. Uno de ellos abrió la mochila del supuesto asaltante y descubrió que adentro había un alicate. No lo dudó: le tomó la mano inerte y dijo le voy a cortar un dedo. Afortunadamente dos meseras que se encontraban a su lado lo detuvieron y le pidieron que se fuera.

    Lo delicado y extremadamente preocupante de que quienes influyen en la opinión pública -desde comunicadores hasta autoridades políticas- promuevan abierta o soterradamente la justicia por manos propias, es que se erosiona peligrosamente aquella garantía legal que justamente nos permite “descansar” y no asumir nosotros una tarea tan compleja como la de aplicar la Justicia: el Estado de Derecho.

    Ocurrió exactamente lo mismo cuando desde todos lados se levantaron críticas contra un juez de San Antonio que dejó en libertad a dos sujetos detenidos portando armas, bajo el argumento de que el procedimiento policial no se realizó conforme a la ley. El Presidente de la República calificó la decisión del magistrado como “grave” y su ministro del Interior lo apoyó señalando que al juez le faltó “sentido común”. ¿Cómo fue posible que el primero, máxima autoridad política del país, y el segundo, abogado, no repararan o simplemente hayan decidido omitir que quien tomó esa determinación fue un Juez de GARANTÍA…?

    Despreciar de esa forma el Estado de Derecho, por más que no nos satisfaga cómo funciona en algunas ocasiones, y legitimar la tortura, es negar el pasado reciente, pero a la vez aproximarse a aquel más prehistórico, cavernario.

    Hace un par de años fue el muchacho adherido con tela adhesiva a un poste en el centro de Santiago, “castigado” por presumiblemente haberle robado una billetera a un anciano. Entremedio las innumerables “detenciones ciudadanas” que han terminado en palizas. Hoy fue la aplicación de corriente -método al que eran aficionados criminales como el Mamo Contreras- a sujetos que ingresaron a una cárcel chilena bajo la figura de prisión preventiva, a la espera de una condena que les quite la calidad de inocentes que aún mantienen.

    Cuando matemos a todos los asesinos, ¿quiénes vamos a quedar?, recuerdo que acostumbraba a citar un compañero de trabajo cada vez que en la televisión aparecía un caso como el de los ecuatorianos torturados.  

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