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    Chile entero está siendo sacudido por un nuevo, pero esta vez predecible, terremoto: los fraudes y falsas informaciones; las transgresiones a normas mínimas de ética pública; las desviaciones y el mal uso de recursos de todos; el incumplimiento de mandatos y funciones delegadas por la ciudadanía; el abuso, la desconsideración y el reiterado ocultamiento de información en perjuicio de la población (en especial de los más débiles y empobrecidos), nos tiene otra vez en nuestra historia reciente, en estado de crisis. Todos impactados, algunos más consternados y hasta rabiosos; los más, insatisfechos y en el límite de la frustración.

    ¿Se tratará sólo de reiterar la necesidad de apurar el tranco y presentar al Parlamento una nueva Agenda de Transparencia y Anticorrupción, a imagen y semejanza de anteriores ocasiones? ¿O de tomarlo como ocasión para cortar algunas cabezas, demonizar a los otros, aprovechar de avanzar posiciones y de hacer prevalecer mezquinos intereses? Escuchamos decir que pasada la hojarasca, todo(s) debe(n) volver a la normalidad… El sistema y los principales operadores deben seguir funcionando…
    Ante esto decimos: ¡No más de lo mismo! ¿Por qué no, con sentido histórico y de futuro, ahora sí escuchar y hacernos cargo de lo que nos dicen los últimos Sondeos de Opinión y los Índices de Percepción Ciudadana sobre la pérdida de confianzas y la cada vez menor credibilidad de la población en las instituciones y autoridades de éste, nuestro Estado de Derecho y de ésta nuestra remendada y todavía insuficiente Democracia [1]?
    ¿Por qué no admitir que estamos en crisis de gobernabilidad, y que la opacidad, las faltas a la probidad, las discriminaciones, las inseguridades y la creciente distancia y cada vez más escasa consideración e influencia de la ciudadanía, es lo que se constituye en causa primera de las malas calificaciones y en argumento principal de la creciente insatisfacción ciudadana?
    Es cierto que estas cifras y constataciones se nos hacen cada vez menos soportables, pero también es cierto que en los grandes escenarios locales, así como en el mercado internacional, esto es impresentable y suena casi como antipatriota el comentarlo. Las “escandalosas desigualdades y discriminaciones”; “la cesantía, precariedad y malas condiciones del empleo”; “la desprotección ciudadana y las inseguridades sociales y públicas que afectan a gran parte de la población”, fueron parte sustantiva de los Cuadernos de quejas y de las Agendas de Programa de todas las corrientes de opinión para las últimas elecciones presidenciales. En particular, constituyeron el corazón y la innovación más valorada y reconocida de la propuesta programática y de Gobierno Ciudadano, comprometido por la Presidenta Bachelet…¿Y entonces, qué? ¿Quién da cuenta, quién responde por lo no hecho, y por lo mal hecho?
    Por todo esto, y con la absoluta convicción de que debemos saber construir un mejor país, una más amigable y armoniosa comunidad, es que ahora y enfrentados a las nuevas evidencias de que “más de algo anda mal” en el funcionamiento de nuestra Democracia, del Estado de Derecho y de la institucionalidad pública, decimos ¡No más de lo(s) mismo(s)! ¡No más! y sólo replicar las reiteradas frases del “caiga quien caiga” y de “dejar que las instituciones – en especial la justicia – hagan su trabajo”. No más de lo mismo, significa también, el no insistir con el agotado esquema de Comisiones Especiales y de Expertos, cuyos informes y propuestas se pierden en el tiempo (las urgencias del gobierno y del poder político no siempre corresponden con las Urgencias y Prioridades de la Ciudadanía), y/o son fatal e irremediablemente mutiladas y desvirtuadas al ser negociadas con y por los operadores del Poder Político (y otros poderes fácticos) en el Parlamento, sus Comisiones, pasillos y otros escenarios de influencia del lobby empresarial y de la élite socio-cultural y comunicacional.
    ¡No más! tampoco y por favor, de Ante-proyectos de Ley y Mensajes del Ejecutivo, que una vez depositados en el Congreso quedan literalmente muertos. ¿Cuántos esfuerzos, legítimos intereses y propuestas ciudadanas yacen así postergadas en su tratamiento, por no corresponder con los intereses y prioridades de los grupos más empoderados?
    No más de leyes y agendas de urgencia para apagar incendios, y que a poco andar demuestran enormes vacíos y tales deficiencias, que son causa de nuevos y mayores problemas[2]. Hagamos Patria y no echemos al olvido los hechos, los protagonistas y el recuerdo de lo antes ocurrido.
    ¿Cómo seguir apostando a que sean los mismos responsables y principales operadores políticos de los escándalos de opacidad, de falta de probidad y de corrupción, que no han cumplido con sus mandatos ciudadanos ni con sus funciones de interés público; quienes ahora nos salvarán y traerán las soluciones, y/o que asegurarán el pronto y debido control, fiscalización y cumplimiento de lo aprobado?
    Ni la población es tonta, ni la ciudadanía y sus organizaciones somos ciegos ni insensibles: todos hemos visto y comprobado cómo los organismos e instancias de control y fiscalización de la Administración Pública, el Servicio de Impuestos Internos, el Servicio Electoral, el Parlamento y hasta la propia Contraloría, han fallado. ¡No han hecho bien su trabajo, no han respondido a la función de interés público y común que se les ha encomendado!… ¿Y entonces qué? Vamos a seguir esperando a que se auto corrijan, se auto sancionen y que nuevas Oficinas y Comisiones del mismo Estado y Administración, asuman, respeten y defiendan los derechos, intereses y reclamaciones de la ciudadanía.
    El Poder Judicial por su parte, ratifica lo que ya es práctica habitual en su accionar institucional, ajeno a cualquier control externo: “las faltas a la transparencia, y el abuso de función y de autoridad; la opacidad; los engaños e incumplimientos de cara a la ciudadanía y a la opinión pública; las reiteradas desviaciones y mala gestión de recursos de todos, no serían constitutivos de delitos y en consecuencia, salvo excepciones, sus hechores – aunque reincidentes y algunos hasta confesos – no han sido ni podrán ser castigados”.
    Pero ahora, y para colmar la paciencia de muchos, se ha agregado la constatación de la perversa utilización e indigna compra y venta de favores y votos de la ciudadanía, por parte de partidos políticos y de autoridades electas y designadas, y a nivel de la institucionalidad central, regional y municipal y de sus operadores. ¿Cómo seguir creyendo en lo(s) mismo(s)?
    El legítimo Estado de Derecho y la verdadera Gobernabilidad Democrática, son aquellos que escuchan, consideran, respetan y aseguran el efectivo cumplimiento de la voluntad soberana. A la ciudadanía – todos iguales en dignidad y derechos – tiene que reconocérsele sus derechos, y también garantizársele la efectividad de su poder. Chile y sus ciudadanos tenemos mucho que aprender y mejorar en este camino. Nuestra Democracia debe hacerse más ciudadana. Nuestro Estado de Derecho y el funcionamiento de la Institucionalidad Pública, tienen que democratizarse, además de transparentarse. ¿Qué estamos haciendo e invirtiendo en investigar, implementar y reformar para mejorar nuestra Democracia y la adhesión y participación de la ciudadanía?
    La ciudadanía, sin exclusiones ni privilegios, tiene que poder asumir y ejercer poder y responsabilidad social, y esto necesita de inversión pública. La ciudadanía, la promoción y la responsabilidad social, se construyen.
    Última pregunta y quedo a la espera de respuestas:
    ¿Qué ha sido de los compromisos y planes para la Mejor Democracia y el Chile de todas y todos? Ha quedado de manifiesto que ésta, la actual, no es ni la más transparente ni la más querida ni eficiente modalidad de gobierno en democracia. La insatisfacción de la ciudadanía debe pesar y obligarnos a cambios sustantivos y no cosméticos.
    La Agenda Ciudadana y la Gobernabilidad Democrática, no admiten más postergaciones.

    Notas al pie
    [1] Los tres últimos estudios y sondeos de opinión, todos dados a conocer este año (Universidad Diego Portales – El Mercurio Opina – GENERA) son muy coincidentes:
    – El 90% de las consultas señaló que en Chile se discrimina (“y por sobre todo, a los pobres”);
    – El 85% de los consultados señaló que en Chile no se respetan los derechos (“y por sobre todo a los pobres”);
    – La confianza y la credibilidad en las instituciones base y pilares del Estado de Derecho y de la Democracia, han caído a niveles insoportables para garantizar una armónica y pacífica convivencia. Los Partidos Políticos, la Justicia, el Parlamento, siguen siendo los más mal apreciados.
    [2] La negociada aprobación y todo el proceso de implementación de la ley de financiamiento de los partidos y de las elecciones – justo antes de las últimas elecciones parlamentarias y presidenciales – aparece como la muestra ejemplar de esta “mala práctica”.

    Sebastián Cox

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