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    Mientras al señor Lagos se le comenzaron ya a caer los puentes construidos en su época de titular de Obras Públicas -que es la misma en que se diseñaron los sistemas de contratos brujos y otras defraudaciones en ese ministerio- y Chile ha pasado a liderar a los países porros, a nivel mundial, en cuanto a los malos rendimientos de la educación pública, en un proceso de deterioro comenzado cuando Lagos se desempeñaba como titular de Educación -dando lugar a los sobreprecios en la compra del material educativo español- el caso de los cisnes valdivianos dejó al descubierto la ineptitud o la corrupción de su gobierno, también en el área medioambiental, al igual que el de su antecesor, el señor Frei, que permitió que los residuos industriales líquidos de la planta fueran arrojados al Río Cruces.
    En efecto, a nadie se le ocurriría extrañarse de que los trabajadores aspiraran a mejores remuneraciones y reclamaran privilegios laborales, así como tampoco podría nadie pretender que los empresarios no buscaran optimizar sus ganancias, reduciendo sus inversiones y sus costos operacionales. Pero precisamente para eso están las autoridades gubernamentales: para impedir que pretensiones exageradas y presiones indebidas de los asalariados lleven a la no competitividad y deterioro de la industria nacional, por una parte, y, por la otra, para impedir que los empresarios aumenten ilícitamente sus beneficios reduciendo sus inversiones y costos no sólo a expensas de las justas remuneraciones de sus trabajadores, sino también a base del deterioro del medio ambiente. La sabiduría popular ha recogido ese concepto en un refrán que he citado en columna anterior y que dice que “la culpa no la tiene el chancho, sino el que le da el afrecho”. El cerdo comerá y comerá, porque esa es su naturaleza, pero el encargado de su cuidado debe ver que no se coma todo el afrecho, sino solamente lo justo y necesario.
    La contaminación de las aguas del Río Cruces la vienen produciendo, desde hace tiempo, diversas actividades agrícolas, forestales, de transportes y turismo fluvial, entre otras, y las importantes industrias que entregan sus residuos industriales líquidos al caudal fluvial. Parece evidente que la puesta en marcha de la Planta de Celulosa Valdivia, aprobada con fecha 30 de octubre de 1998 -días antes del término del mandato presidencial de Eduardo Frei- agravó el problema, sobre todo con la falta de una debida fiscalización gubernamental y más que eso, con la franca complicidad del gobierno de Ricardo Lagos durante su administración, según me referiré a continuación.
    De acuerdo al respectivo estudio de impacto ambiental, la Planta de Celulosa captaría directamente del Río Cruces 900 litros de agua por segundo, y descargaría al mismo río 600 litros por segundo de residuos líquidos industriales y 300 litros por segundo de agua de refrigeración, en ambos casos con tratamiento terciario. Es decir, que además de la neutralización, enfriamiento y recolección de sólidos del tratamiento primario, y de la aireación extendida para el consumo por bacterias de la carga orgánica e inorgánica del tratamiento secundario, la Planta contemplaría la reducción del color, nutrientes y remanentes orgánicos por medio de un tratamiento terciario basado en la floculación química con alúmina en estanques clarificadores, usándose, para mejorar la decantación, un polielectrolito y regulándose el ph mediante la adición de cal.
    La empresa realizó descargas de residuos al Río Cruces sin el tratamiento exigido, al tiempo de haber aumentado su producción más allá de lo permitido.
    Continuará

    Raúl Hermosilla Hanne

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