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    Para nadie es un misterio que la Concertación de Partidos por la Democracia está evidenciando signos de agotamiento. Lo que fue una eficaz herramienta política para enfrentar y derrotar a la dictadura de manera democrática, parece una fórmula superada para hacerse cargo de los nuevos desafíos. Al mirar retrospectivamente lo que ha sido la política chilena durante la mentada “transición”, se advierte cómo han operado una serie de prejuicios instalados en el sentido común. Todo pareciera resumirse en un cierto “miedo a la democracia”.

    Este “temor a la democracia” ha quedado de manifiesto en la votación de la LGE en el Congreso Nacional. El gobierno de la señora Bachelet ha querido buscar acuerdos con la derecha y la cúpula concertacionista, pero se ha negado a escuchar a los docentes y estudiantes que rechazan la iniciativa. Legislar de espaldas a los ciudadanos es mala costumbre de quienes afirman gobernar para la gente. La actitud del gobierno, conciliadora con la derecha e indiferente al malestar popular no augura nada bueno en el ámbito educacional y sólo marca un escalón más en la caída política y moral del conglomerado en el gobierno, reafirmando un sistema heredado de la dictadura y viciado en sus fundamentos.
    Todos los partidos políticos, sea por temor, por conveniencia o por un temeroso diagnóstico político, apostaron a un sistema controlado que rememora la “democracia protegida”. Toda la clase política se esforzó por evitar cualquier exabrupto que pusiera en riesgo el frágil tinglado de los años noventa. Así, los partidos de derecha, hay que reconocerlo, desalentaron cualquier intento sedicioso alejándose de aventuras militares, abriéndose a la posibilidad de llevar a los tribunales a los más connotados torturadores del régimen anterior. Por su parte, la Concertación puso paños fríos a cualquier pretensión por movilizar centrales sindicales o entidades gremiales o de otra índole. Este clima político fue conocido como democracia “en la medida de lo posible” o “política de los consensos”. Todos, de un modo u otro, han partido de dos premisas: primero, era necesario mantener el orden constitucional sancionado en 1980 y segundo, el proceso de transición debería ser conducido por una clase política capaz de administrar las demandas sociales acumuladas.
    Se pueden esgrimir muchas razones que explican la singularidad de la transición chilena, desde la manera en que ésta se negoció, hasta la traumática experiencia de las décadas anteriores. Lo que parece innegable es que se obró con miedo a la democracia, condicionándola cada vez que fue posible. El resultado es claro: se favoreció un orden ultra conservador, administrando y postergando la mayoría de las demandas sociales entre ellas, la educación. En pocas palabras: se aseguró la “paz social” como condición indispensable para el éxito del “modelo tecno-económico chileno”.
    El rostro visible del nuevo orden político emergente fue el “sistema binominal”, que en la actualidad pretende ser perfeccionado como correlato del “modelo tecno-económico”, para asegurar su permanencia en el tiempo. Ya nadie se plantea seriamente una profundización de la democracia, entendida como una sociedad participativa de hombres libres. Por el contrario, los cambios que se avizoran apuntan más bien a medidas cosméticas que acentúan la distancia entre la clase política y las demandas sociales. La consagración del “modelo político chileno” pone fin a la idea misma de transición, pues consolida un sistema “inclusivo” de representación partitocrática, un simulacro perfecto. Pero, al mismo tiempo, “excluyente” respecto de cualquier instancia democrática de participación ciudadana.

    En un país “totalmente administrado” no es posible plantearse siquiera cambios de fondo a la legislación laboral, a las leyes provisionales o de administración de salud o educación y mucho menos al orden constitucional imperante. Contrariamente a lo que escenifican los medios, lo cierto es que nuestro país avanza en la dirección del conservadurismo y no de la democratización, más allá de la demagogia de algunos, las buenas intenciones de otros y la complicidad de los más.
    El camino elegido es casi una constante en nuestra historia y en gran parte del mundo en vías de desarrollo: las elites gobernantes son prisioneras de un miedo a la democracia, a la que perciben como una amenaza a sus privilegios, reproduciendo un círculo vicioso que hace impensable cualquier desarrollo posible. El reciente episodio en torno a LGE es, apenas, un botón de muestra y sólo reafirma un modo de actuar que ya hemos conocido por casi dos décadas.

    Álvaro Cuadra

    Investigador y docente de la Escuela Latinoamericana de Postgrados ELAP.

    Arena Pública, Plataforma de Opinión de Universidad ARCIS.

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