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    Se viene la cuenta pública del Presidente. La última de su período. Y como es de esperar, el énfasis estará puesto en los logros de su gobierno. Sin duda, veremos un discurso extremadamente autocomplaciente en el que todo es éxito y bienestar para los chilenos. Será un relato –en el contexto de la disputa presidencial- en que se marcarán diferencias con lo ocurrido durante el gobierno de Bachelet en el sentido de “mostrarle a los chilenos” que mientras la anterior administración fue mala –cuyos hitos se instalan todos los días en la prensa-, la actual gestión es buena y exitosa.

    Pero, no sólo se trata de balances y exaltación, sino también de anuncios. Estos últimos, son uno de los momentos más esperados de estas intervenciones. No será, en esta ocasión, la excepción. Sin embargo, por los rasgos de la coyuntura es altamente probable que dichos anuncios estén orientados a fortalecer las opciones presidenciales del sector.

    En consecuencia, será un discurso que en clave connotativa interpelará a los chilenos a que deben seguir dándole la confianza al oficialismo; y de ese modo, darle continuidad a la obra y a su gobierno. Un empujón a sus candidatos presidenciales.

    ¿Qué traerá este discurso en materia de reformas políticas?

    Los tres discursos que ha pronunciado Piñera el 21 de mayo han tenido entres su tópicos principales la “agenda política” del sector. Mientras en el primero se definió la hoja de ruta –que ya se encontraba en su programa de gobierno-, en los siguientes se hizo un balance que daba cuenta de los avances que iba teniendo la “agenda democrática” del oficialismo.

    La “agenda política” del Gobierno está en directa relación al diagnóstico que hacen de la democracia chilena. En esa dirección, han afirmado desde antes de llegar a La Moneda que nuestra democracia está “enferma y agotada… muestra signos de agotamiento… –y, por tanto-… hay que perfeccionarla”. Como una forma de responder a esta situación, diseña su “agenda democrática” que se plasma en los discursos del 2010 y 2011.

    En esa dirección, plantea nueve medidas: 1). La primera se orienta a “rejuvenecer nuestra democracia y ampliar la participación ciudadana” por medio de la inscripción automática y voto voluntario. 2). El voto de los chilenos en el extranjero. 3). Fortalecer la “democracia regional y comunal haciendo más directa y participativa la elección de sus autoridades”. En esta dirección se instala la elección popular de los Consejeros Regionales.  4). Cambio de fecha de las elecciones presidenciales. 5). Reforma a la Ley de Partidos Políticos orientada a que sean “más transparentes, democráticos y abiertos a la ciudadanía”. 6). Ley de primarias voluntarias, vinculantes, simultáneas y organizadas por el Estado, para elegir a los candidatos a cargos de elección popular”. 7). Creación de la iniciativa popular de leyque “permite que con las firmas del 0,1% de los electores, los ciudadanos puedan presentar proyectos de ley al Congreso Nacional, que no sean de iniciativa exclusiva del Ejecutivo”. 8). Simplificar “los plebiscitos comunales para facilitar la participación de los vecinos” y 9). Perfeccionamiento de los proyectos de ley sobre “declaración de intereses y patrimonio de autoridades” (ley de probidad). En relación a esta última modificación se encuentra la ley de lobby y el acceso a la información pública.

    Al revisar estas medidas y sus fundamentos, se observa que el Gobierno busca resolver los problemas de esta democracia “agotada” por medio de la participación ciudadana. En efecto, para el Gobierno la crisis de la democracia es, finalmente, una crisis de participación.

    Para ellos, ahí empiezan y terminan los problemas de la política. No obstante, al revisar los avances de dichas medidas, vemos que a finales del 2011 sólo se había materializado la ley que cambiaba las fechas de las elecciones presidenciales y -a última hora- la ley de voto voluntario. En definitiva, en dos años muy poco avance.

    No obstante, durante el 2011 los problemas de la política sólo aumentaron. Las presiones, por tanto, para la agenda política del Gobierno generaron las condiciones para avanzar de modo más rápido. Su diagnóstico inicial se profundiza. En efecto, en los dos primeros discursos del 21 de Mayo vemos un diagnóstico similar.

    Sin embargo, en el 2012 hay una visión más pesimista al agregar que nuestra democracia “está perdiendo fuerza y vigor y sufre los embates de enfermedades que la debilitan”. Para el oficialismo la debilidad de la democracia chilena se expresa en tres dimensiones: a) Una “ciudadanía cada día más distante de la política”, b) Un “envejecimiento progresivo de nuestro padrón electoral” y c) Una “muy mala evaluación de nuestras instituciones políticas, especialmente el Congreso y los partidos políticos”. Por ello, “debemos construir una democracia más vital, cercana, transparente y participativa”.

    Al revisar el cumplimento de la “agenda política” del Gobierno hasta mayo del 2012, vemos que los avances son mínimos. A la fecha, los resultados son los mismos que a fines de diciembre.

    Al evaluar la “agenda democrática” a mayo del 2013 vemos que el Gobierno ha logrado avanzar en la Ley de Primarias y en la elección popular de los Consejeros Regionales. Sin duda, avances que mostrará orgulloso en los próximos días.

    De los nueve puntos de la agenda política, puede mostrar avances en cuatro de ellos: cambio en las fechas para las elecciones presidenciales, voto voluntario, primarias y Cores. Si bien, se trata del 50% de lo planteado, ha logrado aprobar proyectos emblemáticos desde el punto de vista del diagnóstico que hacen de la crisis de la democracia chilena y de las formas que hay para solucionarlos.

    ¿Qué más se le puede pedir al Gobierno en materia de reformas políticas?  De hecho, en materia de reformas políticas hicieron los cambios y aprobaron las leyes que plantearon desde el primer momento. Ni más, ni menos. Este gobierno no puede avanzar ni un centímetro más en reformas políticas. Ha tocado techo. Por ello, hay que evaluar lo prometido v/s lo cumplido; y punto.  En esa dirección, por tanto, todavía tiene tiempo y espacio político para seguir avanzando en su agenda de reformas políticas; sobre todo, en lo referido al voto de los chilenos en el exterior y a partidos políticos –obviamente, no respecto a su financiamiento-.

    No se le puede evaluar, por tanto, por no impulsar la reforma al binominal, la elección de los intendentes o una nueva Constitución. Simplemente, no están en su ADN. Estas reformas, por tanto, son el deber político de una coalición distinta.

    Lo que sí podemos hacer es criticar su diagnóstico y las forma de resolver la actual “crisis en la política”. En esa dirección, resulta evidente constatar que las reformas que ha impulsado son de bajo impacto porque no avanzan en la profundización democrática del país ni resuelven la crisis de “participación, legitimidad y representación” que nos invade.

    Si bien, el énfasis –de las reformas- está puesto en la participación, vemos que han sido un rotundo fracaso. Al contrario, han terminado profundizado la crisis de participación. Me refiero, en rigor a lo que ocurrió con la inscripción automática y el voto voluntario y la alta abstención manifestada en las últimas municipales. La Ley respectiva, sólo evidenció la crisis. Los ciudadanos siguieron sin participar. Ahora, la Ley de primarias y la elección directa de los Cores tendrán su prueba de fuego en noviembre. Sin embargo, ya podemos vislumbrar otro fracaso político-legislativo. La gente, seguirá sin participar y marcando distancia.

    Se observa, por tanto, que las reformas que buscan “mejorar” la democracia chilena no van a dar solución al diagnóstico inicial. El Gobierno, ha optado por reformas que se orientan a la participación. El problema y la debilidad es que han optado por la cantidad y no en la calidad; es decir, en más electores y no en la calidad de la institucionalidad. De hecho, la cantidad se vincula con la inscripción automática y voto voluntario, el cambio de la fecha de la elección presidencial, el voto de los chilenos en el exterior, las primarias y los Cores. Con la calidad de la participación podemos ubicar a la iniciativa popular de ley y a los plebiscitos comunales.

    En definitiva, el Gobierno ha tratado de “revitalizar” la democracia chilena por medio de la participación centrada en la cantidad.

    Entonces, ¿cómo se va a resolver la crisis de participación, legitimidad y representación?

    Para ello, hay que avanzar en reformas políticas duras de alto impacto. En esa dirección encontramos la Reforma Constitucional que garantice mínimos de bienestar, que termine con el rol subsidiario del Estado y recupere riquezas básicas; la reforma al binominal que termine con el empate perpetuo; la elección de los intendentes y descentralización financiera para avanzar hacia una real descentralización política; el limite a la reelección de los parlamentarios que ponga fin a las oligarquías políticas, limitar el presidencialismo para entregar poder al parlamento –y a los representantes-, financiamiento de los partidos políticos y establecimiento de mecanismos para fortalecer la sociedad civil.

    Sin embargo, todos estos cambios serán vacios e inútiles si no hay avance en las actitudes, formas y estilos de los actores políticos. La clase política, debe entender que la democracia no sólo se fortalece ni profundiza con reformas y cambios a la Ley. Junto a ellos, debe existir  un tipo de relación política centrada en las personas, en la coherencia y en la confianza. En el último tiempo, se ha venido insistiendo en que hay que desterrar las “malas prácticas” de la política; ya que, con ellas se contribuye a su desprestigio. Lamentablemente, en la política se juega el rumbo de la historia; y eso, no puede quedar a la voluntad de las buenas costumbres.

    Por ahora, el Gobierno ya agotó su oferta y nada más tiene por hacer –ni ofrecer- en reformas políticas. Hoy, es la hora de generar las condiciones para avanzar y poder impulsar cambios que contribuyan a abrir una nueva fase de reformas políticas.

    Por González Llaguno

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