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    Es muy recurrente el hecho de que siempre se separan aguas entre la ética y la economía. Cuando de argumentos técnicos se trata, la ética se va para la casa. Pero, para algunos testarudos como yo, siempre queda algo que no suena y desentona. Esto es así porque, sabiendo que la economía trata del comportamiento humano en el espinudo asunto de los recursos para satisfacer las necesidades materiales, la ética es incuestionablemente, la madre de todas las temáticas. Esto queda meridianamente claro en el asunto de las tarifas eléctricas.

    El gobierno anunció un nuevo reajuste extraordinario de las tarifas eléctricas en 8,1% para la zona central y de 7,1% en el norte grande. Con este nuevo incremento, las tarifas eléctricas acumularán un alza de casi 40% en los últimos doce meses, debido a la forma y mecanismos en que se establecen las alzas en el precio de las tarifas eléctricas y que, según la autoridad, obedece al aumento en el precio de los combustibles que se utilizan para la generación eléctrica y a la falta de agua que ha hecho reducir la participación de los embalses y centrales de pasada en la generación total de la zona central. Esto es así gracias a la Ley de Servicios Eléctricos, la que establece que los valores deben reajustarse de manera extraordinaria y automática cuando el precio de la energía experimenta una variación acumulada de más del 10%, dentro del semestre para el cual fueron fijados. Pero, paralelamente al alza de tarifas, los medios de comunicación han informado que, empresas eléctricas como Edelnor, Enersis y Endesa fueron las compañías integrantes del IPSA que registraron los mayores aumentos en las utilidades durante el semestre. La Empresa Eléctrica del Norte Grande (Edelnor) registró un crecimiento notable de 204% en sus utilidades durante la primera mitad del año, mientras que Enersis anotó un alza de 138% respecto de igual período del año anterior.

    Esto es el resultado de metodologías sustentadas en “criterios técnicos” desligados de cualquier consideración ética, pero, el resultado es ni más ni menos una aberración moral, pues es del todo inaceptable que estas empresas, gracias a la legislación vigente, no sólo hayan ganado mucho dinero en períodos de crisis, sino que, además, la ley les autoriza a seguir incrementando dichas ganancias con el aumento de las tarifas que solo empobrecen a los usuarios de la energía, quienes además, no disponen de ningún mecanismo de reajustabilidad de sus ingresos.

    Lo que resulta exasperante es la incapacidad total, reiterada y contumaz de la clase política –de izquierda y de derecha- de enfrentar estas problemáticas con un grado, aunque sea menor, de eficacia. En tanto responsables del orden legislativo y de sus propias dinámicas –crear y modificar leyes- resultan simples espectadores de esta ya casi desgracia del pueblo chileno, auto recriminándose, evadiendo responsabilidades, soslayando el hecho de que su mayor tarea es nada menos que el bien público y el interés nacional.  Atrapados en la dinámica de sus compromisos partidistas y sus obligaciones para con sus directivas políticas, han perdido completamente su vínculo con el eje central de toda democracia, que no es otro que la soberanía popular, la que es por lo demás, la que le otorga vitalidad a los sistemas de representación.  Otra cosa no es sino dictaduras disfrazadas e hipócritas que en el nombre del interés colectivo, sirven a las elites que mantienen férreamente el poder en las sociedades cerradas como es la nuestra.

    Marcel Claude, Economista

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