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    Humberto-PalamaraEl anuncio de prohibición, respecto al uso de las condecoraciones “11 de septiembre de 1973”, y “Misión Cumplida”, por parte del Ministro de Defensa, José Antonio Gómez, debe ser interpretado, necesariamente, como una reacción, porque el Comandante en Jefe de la Armada y el Jefe de Estado Mayor de la Defensa Nacional, lucieron esas medallas en las actividades patrióticas del 21 de mayo de 2015, y en otras ocasiones anteriores.

    El antecedente inmediato de uso de estas condecoraciones, lo encontramos el 8 de mayo de 2015, oportunidad en que el diario electrónico La Nación, sorprendió al Jefe de Estado Mayor de la Defensa Nacional portando la aludida condecoración, a solo días después de que se reabrieran las investigaciones por el homicidio del sacerdote Woodward en la Esmeralda y se procesaran a 18 ex funcionarios de la Armada y de Carabineros, por lo que se interpretó que este uso era una señal de solidaridad respecto a los ex uniformados acusados.

    Lo objetivo es que a 42 años del 11 de septiembre de 1973, cuando un vicealmirante y un almirante usan la medalla “11 de septiembre de 1973”, es ilusoria la suposición de que lo hicieron por descuido o, simplemente, porque tienen derecho a usar dicha distinción, porque se trata de una condecoración de carácter político, porque ambos tienen la formación para entenderlo y porque las reacciones a su uso eran del todo previsibles. Así, el objetivo perseguido por los almirantes al usar las medallas alusivas al 11 de septiembre de 1973 es manifestar, expresamente, su adhesión al Pronunciamiento Militar, y su rechazo a los juicios que se siguen contra ex miembros de las instituciones armadas, por violaciones a los derechos humanos.

    A lo anterior se opone el buen juicio, porque consecuencia de las innegables violaciones a los derechos humanos, que ocurrieron durante el gobierno de Pinochet, no parece de buen gusto usar medallas que premian la participación en el derrocamiento del gobierno de la Unidad Popular, aunque esa participación haya sido insignificante, como la que puede haber tenido un cadete naval.

    Así, si lo que se quiso fue dar una señal corporativa de solidaridad a los compañeros de armas procesados, y de rechazo a los juicios contra los ex uniformados, porque no se les permite acogerse a la ley de Amnistía ni a las reglas de la prescripción, se debe entender que el uso de medallas es una señal demasiado tímida: “como para no quedar mal con nadie”, esto es ni con las autoridades de gobierno, ni con los compañeros de armas procesados.

    El personal subalterno de las Fuerzas Armadas, que incurrió en violaciones a los derechos humanos, durante el gobierno militar, lo hizo en cumplimiento de las órdenes impartidas por sus superiores legítimos, que si no eran cumplidas, transformaban al infractor en sospechoso de adherirse a los enemigos internos, que eran los marxistas leninistas y todos quienes los apoyaban, y en autor del delito del artículo 337 del Código de Justicia Militar, que castigaba, y aún castiga, con la pena de muerte, al militar que se niega a cumplir una orden del servicio.

    En este contexto, las órdenes provinieron de los Comandantes en Jefe de las Fuerzas Armadas de la época, simplemente, porque, en conformidad al ordenamiento militar, no puede haber sucedido de otra manera, y son ellos, los autores mediatos o instigadores, de las violaciones a los derechos humanos, y esa responsabilidad va decreciendo, gradualmente, a medida que se va disminuyendo de grado, tal como ocurrió en el juicio de Nuremberg, donde los generales fueron merecedores de las máximas responsabilidades, pero no así los soldados, porque ellos cumplían órdenes.

    De esta manera, una señal de mejor efectividad y de mayor entereza, que andarse poniendo y sacándose medallitas, es el reconocimiento leal y franco, de que los subalternos que incurrieron en violaciones a los derechos humanos, durante el gobierno de Pinochet, lo hicieron en cumplimiento de órdenes, que si no eran cumplidas, habrían sido sancionadas con la pena máxima, esto es la pena de muerte.

    Este esperado y cierto reconocimiento, de parte de las máximas autoridades militares, de que los verdaderos responsables de las violaciones a los derechos humanos durante el gobierno militar son los comandantes en Jefe de las Fuerzas Armadas, porque ellos son quienes impartieron las órdenes y generaron las circunstancias para que fueran cumplidas, creando con su gente aparatos represivos especiales para este propósito, debería de tener consecuencias políticas y judiciales, porque libera de responsabilidad penal a los subalternos; porque, quien ve su vida amenazada, si no cumple la orden, es también una víctima de violaciones a los derechos humanos, porque no le es exigible una conducta diferente a cumplir dicha orden; y, a su vez, esta liberación de responsabilidad a los militares subalternos, no restringe el derecho de las víctimas y de sus sucesores a una justa indemnización, porque los verdaderos responsables del daño a reparar son los Comandantes en Jefe de las Fuerzas Armadas de la época, y por derivación es el Estado.

    Por último, una acotación importante. Se entiende que la inexigibilidad de otra conducta, cuando el incumplimiento de la orden, lleva aparejada la pena de muerte, no es aplicable al subalterno reincidente de violar los derechos humanos, porque cuando se recibe la primera orden , junto a la obligación de cumplirla, surgen otras dos obligaciones, a) una legal, esta es la de denunciar el delito y al superior que ordenó, cuando la amenaza de muerte disminuya a niveles razonables, y b) otra moral, esta es la de renunciar al empleo, para no verse expuesto a nuevas órdenes de violar los derechos humanos. ¡Lo cierto es que ningún trabajo es tan bueno, que justifique violar los derechos humanos!

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