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    Los distintos fenómenos naturales, climáticos, los riesgos de extinción de ciertas especies, las noticias y conversaciones, las experiencias al respecto, nos alertan como individuos sobre las amenazas contra el medio ambiente. Y como individuos muchas veces tratamos de hacer aportes para su protección, esperando que la “suma de uno más uno” resulte finalmente en varios actuando de una misma forma colaborativa de conservación.

    Sin embargo, no hay garantías ni certezas de que se llegue a una acción conjunta realmente eficaz. Esto, en parte, es así porque como individuos aunque bien intencionados con el medio ambiente, carecemos de instrumentos, protocolos y compromisos confiables que nos dirijan en este propósito, no solo haciendo esfuerzos unilaterales, sino como sociedad. Por ejemplo, ¿es válido preguntarse si realmente tiene sentido que solo algunos tengan un sistema de reciclaje doméstico que separa lo orgánico de lo inorgánico de su basura, cuando paralelamente es un sistema prácticamente inexistente para el gran conjunto de la sociedad? Este es tan solo un caso de muchos en que se tienen nociones de lo que se debe hacer, pero que no es una acción regulada y exigida por las instituciones que representan a la sociedad y que, por lo tanto, no resuelven retos complejos ni sus diversas consecuencias para el medio ambiente. Así salta a la luz la carencia de una gestión coordinada, regulada y fiscalizadora de estos procesos y sus resultados. No es solamente una gestión que involucra al conjunto de individuos y empresas que componen a la sociedad, sino que de manera imprescindible es institucionalizada mediante una gestión pública; una gestión que se traduce en una política pública para el medio ambiente.

    Rodrigo Jiliberto

    ¿Qué debemos entender por políticas públicas ambientales? Su comprensión es esencial para diseñar políticas con mayor factibilidad de éxito. Rodrigo Jiliberto, economista y experto internacional en análisis ambiental estratégico, explica que “la política pública es el sistema del que se ha dotado la sociedad para gestionar la relación sociedad-naturaleza”, es decir, que la política pública no regula directamente el medio ambiente porque por definición es demasiado complejo e inabarcable. Lo que se regula, añade, “es el sistema social de gestión del medio ambiente”, y en esa medida determina “unas constantes compatibles con los valores ‘ambientales’ de la sociedad”. Por consiguiente, postula, requiere “disponer de una visión estratégica de la situación de decisión en que se halla en general entrampada la política en cuestión. La capacidad de generar una lectura del problema de política más allá de lo que la origina de forma inmediata, y así facilitar una construcción abierta para solucionar un problema per se difuso”.

    Hay ejemplos de políticas públicas más acertados que otros cuando se logra entender en qué consiste la concepción y desarrollo de estas, como es el caso que Rodrigo Jiliberto menciona de la Política Energética 2050 de Chile: “Lo que la hizo diferente con los esfuerzos anteriores no fue que contara con más información, había exactamente la misma, ni que hubiesen nuevos actores, o nuevas normas, no. Lo que la hizo diferente fue la voluntad de construir una propuesta que no puso en el centro el balance energético prospectivo, sino todos los problemas de gestión del sector de la energía, lo que facilitó un proceso abierto, participado, que asumía la integralidad de temas en juego, que era resolutivo, institucionalmente comprometido, es decir, que puso en el centro antes que la ‘solución’, un modo de gestión que permitió llegar a ‘una apuesta común’, que ya ha demostrado, al menos en parte, que fue acertada”.

    A diferencia de lo anterior, el manejo de los recursos hídricos en el país no ha contado con la misma claridad de acción, cuando en Chile “no existe ningún proceso de política que pudiera calificarse como dirigido por una voluntad estratégica, hallándose atrapado en un sinnúmero de diagnósticos que básicamente dicen lo mismo, pero sin ningún discurso que articule a todos los actores en una apuesta estratégica”, sostiene Jiliberto.

    Así, la política pública se presenta como una serie de recursos de acción que nos permiten como sociedad dirimir nuestros diversos conflictos ante la visión de las amenazas ambientales con vías concretas de ejecución. No obstante, encontrar estas vías tampoco es una tarea fácil, ya que como toda política que rige Estados y sociedades, tiene un sinnúmero de implicaciones e intereses con los que lidian los entes decisorios y la sociedad que pretende ser regulada. En el caso del medio ambiente, la complejidad es mayor porque involucra a esta tercera variable que va más allá del propio alcance social y humano, ya que responde a leyes también propias como las de la naturaleza.

    La política pública procura enfrentar el reto de algo casi inconmensurable para convertirlo, acercarlo y reducirlo a unas pautas delimitadas que permitan abordar y mejorar nuestra relación con el medio ambiente. En esta analogía de la lucha entre David y Goliat, ¿cuál es el gigante y cuál es el David vencedor? ¿El gigante a vencer pueden ser los peligros que deterioran el medio ambiente o es en realidad nuestra capacidad de organizarnos políticamente para coordinar a la sociedad en pos de una mejor relación con el medio ambiente? ¿Y acaso la piedra que derrotó a Goliat, es también el símbolo de la cuidadosa selección de los instrumentos que se tienen para enfrentar a Goliat?

    Este tema, hoy imprescindible de conocer y aplicar más que nunca, será el centro de discusión y análisis del 85° Paseo por la Complejidad IFICC: “Política pública en medio ambiente: la reducción de complejidad”, donde nuestro ponente Rodrigo Jiliberto se reunirá con todos los interesados en asistir este miércoles 11 de abril a las 19:30 horas, en la sede de IFICC (Los Alerces 3024, Ñuñoa). La entrada es liberada tan solo escribiendo a [email protected] Para más información de la charla ingresa aquí.

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