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    A casi 5 años de promulgada la Ley de Pesca, sus resultados -ya se sabe- son del todo insatisfactorios, tanto para la conservación de los recursos marinos como para los pescadores artesanales. Como se advirtió en su momento, esta normativa sólo ha favorecido a 5 grandes conglomerados económicos que obtuvieron en conjunto el 80% de la captura; siendo el grupo Angelini uno de los más beneficiados, así como, uno de los grandes depredadores del mar chileno.

    Hoy por hoy, tanto el jurel como la anchoveta están severamente sobre explotados; de hecho, en el 2004 ya se estimaba que habían disminuido su presencia en aguas chilenas en un 80%. Tan precario es el estado de estos recursos pesqueros, como las condiciones de vida que han debido enfrentar los pescados artesanales. Más de 60 mil personas fueron fuertemente castigadas con la normativa establecida por las autoridades políticas, que ratificaron la privatización de los recursos con la Ley Corta de Pesca en el año 2002.
    Esta notable despreocupación por el impacto social y ambiental de esta normativa es una peligrosa tendencia de varios legisladores, que ahora deben discutir en el Parlamento la Ley Larga de Pesca y otras materias relacionadas con la protección y explotación de los recursos naturales que pertenecen a todos los chilenos. Esto es importante puesto que, a partir de las Encuestas Casen 2000 y 2003, se observa que desde 2001, los indicadores de indigencia, pobreza, años de escolaridad, alcantarillado, entre otros, han tenido una fuerte regresión justamente en las comunidades donde se concentra la mayor cantidad de pescadores artesanales. Por ejemplo, en comunas del norte de Chile, la pobreza es considerablemente mayor al promedio nacional. En Chañaral, este índice llega al 32,1% y la indigencia al 11,8%, mientras que en La Higuera, Canela y Los Vilos la pobreza supera el 27%. Es decir, más de un cuarto de su población vive con menos de 43 mil pesos al mes.
    En el resto del país, la situación no es para nada alentadora. En el centro, las comunas de Cartagena y Quintero tienen niveles de pobreza del 29,5% y 29%, respectivamente. En estas zonas, los ingresos autónomos por hogar no alcanzan los 200 mil pesos. En el sur de Chile, se repite la precariedad en las comunas costeras, donde San Juan de la Costa en la Décima Región representa el caso más extremo de vulnerabilidad, con un 42% de pobreza.
    Estas cifras demuestran que la privatización de los mares, ratificada por la Ley Corta de Pesca, no ha representado ningún avance significativo para las comunas donde los recursos marinos son la principal fuente de ingreso. Los pescadores artesanales, tal como la mayoría de los chilenos, están excluidos de las bondades de un despiadado modelo de explotación de recursos naturales que beneficia solamente a determinados grupos económicos, que consolidan así la grotesca concentración de la riqueza y la penosa distribución del ingreso en Chile.

    Marcel Claude

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