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    Lagos respondió a los cuestionamientos sobre sus méritos para ocupar
    el cargo internacional en el que fue nombrado, declarando que la
    gestión ambiental de su gobierno marcó un “antes y un después” a
    partir del cierre de CELCO en Valdivia. Los hechos son muy distintos y
    hablan por sí solos.

    El cierre de CELCO-Valdivia, decretado en enero del 2005 por la COREMA
    X, se debió a gravísimos incumplimientos de la resolución ambiental.
    Entre ellos, sobreproducción (en hasta un 80% de los niveles diarios
    autorizados), descarga de residuos no tratados (registradas en los
    monitoreos realizados por CELCO) y la construcción de un ducto no
    autorizado, entre las más graves.

    Estas irregularidades constaban en un informe que CONAMA conocía desde
    agosto del 2005 pero sólo se hicieron públicas a través de la
    filtración que hicieron los ciudadanos. Las autoridades no tuvieron
    más opción que reconocer las denuncias aunque se demostraba que la
    fiscalización había sido casi nula. Tanto, que el análisis de los
    monitoreos que CELCO debía entregar mensualmente a CONAMA recién se
    conoció 1 año después de iniciada la operación de la planta.

    Fue Acción por los Cisnes que, datos en mano, le demostró al
    Intendente Vives -el mismo que tomó agua de la mancha con metales
    pesados- que CELCO estaba sobreproduciendo. COREMA X no pudo sino
    decretar el cierre temporal. El mismo dato llevó a la Corte de
    Apelaciones de Valdivia a acoger por unanimidad el recurso que
    ordenaba un nuevo estudio de impacto ambiental de la planta. Pero la
    industria fue reabierta un mes más tarde por la COREMA X sin un solo
    cambio en el proceso de producción o la tecnología ambiental. Los
    niveles de contaminación en el Santuario aumentaron tras la
    reapertura, como consta en los monitoreos realizados por la empresa.

    La verdadera motivación de Lagos para respaldar el cierre temporal de
    CELCO-Valdivia fue darle piso político a la negociación que su
    Ministro Dockendorff realizaba en esa fecha ante la OCDE con el fin de
    suavizar las críticas de dicho organismo sobre la gestión ambiental
    del gobierno de Chile. Aún así, el informe de la OCDE fue lapidario,
    reflejando en su real magnitud la brecha ambiental del país.

    Pero la mayor inconsistencia de Lagos ocurrió en mayo del 2005, cuando
    ya se conocía el informe de la Universidad Austral que concluyó que
    las descargas de CELCO bastaban para explicar el desastre, y que
    además demostró que CELCO había estado descargando enormes volúmenes
    de 4 compuestos (Sulfatos, Aluminio, Cloruro y Manganeso) no evaluados
    ambientalmente ni autorizados para ser vertidos. La CONAMA conocía
    estos datos por mediciones de diciembre del 2004 de la
    Superintendencia de Servicios Sanitarios (que detectaron 470 kilos
    diarios de Aluminio y 59 toneladas diarias de Sulfatos en la descarga
    de CELCO) pero no los entregó al equipo de la Universidad Austral que
    ella misma contrató. Una vez más los datos se filtraron.

    Los organismos técnicos competentes reunidos en Valdivia el 18 de mayo
    de 2005 acordaron, según consta en acta, que la planta de CELCO debía
    detener de inmediato la descarga de los compuestos no autorizados.
    Ello significaba que tenía que dejar de operar hasta no someterse a
    una nueva evaluación ambiental. El encargado nacional del SEIA, Raúl
    Arteaga, le aseguró a Acción por los Cisnes que cualquier solución
    pasaría por un nuevo estudio de impacto ambiental.

    La COREMA X se reunió el 25 de mayo de 2005 para emitir su resolución.
    Pero una llamada de La Moneda le ordenó no detener nuevamente la
    planta de CELCO. El resultado fue la resolución del 10 de junio del
    2005 que autorizó a CELCO a continuar descargando hasta hoy los
    compuestos no evaluados que diversos estudios han vinculado
    causalmente con el desastre. Es decir, por orden directa de Lagos la
    planta de CELCO-Valdivia cuenta con un permiso ambiental ilegal,
    entregado al margen del SEIA.

    A fines de julio de 2005 representantes del movimiento valdiviano le
    pidieron personalmente explicaciones a Lagos por estos hechos. El ex
    mandatario guardó silencio. Más aún, al recibir una copia del recurso
    ciudadano interpuesto ante el Consejo de Ministros de CONAMA para
    impugnar el permiso ilegal dado a CELCO, Lagos advirtió que no
    aceptaría más acciones administrativas. El recurso, cumpliendo las
    formalidades, fue declarado inadmisible por CONAMA. Hasta la fecha
    ninguna autoridad ha respondido los argumentos sobre la ilegalidad del
    permiso entregado a CELCO.

    La planta de CELCO sigue funcionando hoy tal cual lo hacía cuando el
    desastre se conoció públicamente en octubre de 2004. El Santuario
    sigue sin señales de recuperación. Y nadie ha respondido las
    interrogantes sobre riesgos de contaminación de aguas, cultivos o
    alimentos. Todo gracias a la intervención de Lagos, que paralizó los
    tímidos avances que los funcionarios públicos habían comenzado a hacer
    para asumir los impactos de la planta de CELCO. Después del telefonazo
    de La Moneda que los obligó a revertir sus opiniones técnicas estos
    funcionarios se atrincheraron en un solipsimo que fue la única forma
    para tolerar la ruptura moral de verse obligados a hacer lo contrario
    a lo que dice la ley, recomienda la ciencia y señala la ética.

    Lagos equivocó el ejemplo para demostrar que su gobierno realizó una
    gestión ambiental meritoria. Si el ejemplo de CELCO Valdivia era el
    mejor que podía mostrar, más vale ni preguntarse cómo serán entonces
    los malos.

    Claudia Sepúlveda Luque
    Socióloga, Magíster en Asentamientos Humanos y Medio Ambiente
    Valdivia

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