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    Para bailar tango se necesitan 2, aunque en este caso se suma España y el gobierno de Finlandia, país en el cual reside centralmente la compañía Botnia, dueña del proyecto de las papeleras en el río Uruguay. O sea, esto se parecería más a una partida de truco, llena de versos, embustes, gritos y pueblo. Ya sé que en Uruguay se juega distinto el truco que en Argentina, pero es que este es un conflicto internacional o intraimperial, es lo que se vive en la frontera.


    El conflicto por las papeleras vivía un momento esquivo luego que se abriera una negociación entre los dos gobiernos en Madrid, del cual surgió una declaración que pone a la par cuatro puntos de negociación.

    A) Cuestiones relacionadas con el proyecto Orion, incluidas su localización y otras cuestiones relevantes.
    B) Cuestiones relacionadas con la circulación por las rutas y puentes que unen los dos países.
    C) Cuestiones relacionadas con la aplicación del Estatuto de río Uruguay.
    D) Cuestiones relacionadas con la protección ambiental del río Uruguay y la promoción del desarrollo sustentable de sus áreas de influencia.

    Con esta negociación se pone en la mesa temas no comparables. El Estatuto de Uruguay, por ejemplo, firmado el 19 de noviembre de 1973 operacionalizó un Tratado de Límites anterior y creó una regulación que ha sido violada según la asamblea de Gualeguaychú en este caso. O sea, no es susceptible de interpretar por negociación, especialmente por que el texto define que se debe discutir cualquier proyecto que modifique la calidad de las aguas. La instancia final de negociación que establece el Estatuto es la Corte Internacional donde en febrero pasado Uruguay ya tuvo un duro traspíe. Sin embargo se ha llegado a la instancia de “diálogo” de Madrid.
    Los mismos antecedentes de este diálogo demuestran que ya no queda otra. La misma compañía Botnia, dueña del proyecto papelero, ha reconocido implícitamente que debe dar un paso atrás. A esto se referiría el punto A del acta del Diálogo de Madrid, en que se plantea la discusión de la localización del proyecto. La asamblea de Gualeguaychú ha contestado que esto significa un triunfo aunque se debe seguir en movilización. De hecho la delegación uruguaya en la capital de España, se negó a firmar el acta hasta que cambiaran la palabra relocalización por localización, ya que la primera aludía directamente a su salida de la zona en conflicto.
    Estos elementos se unen a la situación política de Uruguay en medio de sus negociaciones para un Tratado Marco de Comercio e Inversiones (TIFA) con Estados Unidos, el cual contravendría su participación en el Mercosur. Fueron además los anfitriones más sureños de la última gira de Bush a Latinoamérica y Uruguay no asistió a la cumbre del ALBA recién finalizada en Barquisimeto, Venezuela; que abordó una propuesta energética para los países más pobres del subcontinente y una propuesta de Tratado de Comercio de los Pueblos presentada por Evo Morales.
    Es un momento en que la situación latinoamericana permite un avance en las demandas de nuevo tipo, como las ambientales. Las organizaciones sociales acceden a temas ambientales con mayor decisión que los Estados que no logran hacer valer el peso de sus acuerdos internacionales. De allí que la cooperación energética sea un camino que parece avanzar, no sin desacuerdos, pero dejando atrás a los países que apostaron al mercado financiero sus riquezas. La inversión extranjera ya no es bienvenida a cualquier costo y aunque se validen legalmente los proyectos industriales cargan el peso de la desconfianza social.
    Quizás el hito más importante que anuncia esta modificación de las posiblidades de gobernanza en la zona, ha sido el puente sobre el río Uruguay tomado prácticamente por meses, siendo cruzado el pasado domingo 29 de abril por unas 130 a 160 mil personas; o sea, el doble de la población total de Gualeguaychú. Ahora, las respuestas también se jugarán en Madrid donde la siguiente reunión se deberá realizar entre los gobiernos durante el mes de mayo. Aunque, si uno juntara todas las corbatas de los políticos involucrados, no da para contener las grandes marchas del nuevo siglo.

    Víctor Godoí

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