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    En entrevista con el informativo ARCATEL Portavoz Noticias, durante la semana pasada el Presidente Sebastián Piñera insistió en la existencia de terrorismo en La Araucanía al señalar que “no podemos permitir que un puñado de terroristas que no son la mayoría, son una pequeña minoría que no representan a La Araucanía, ni mucho menos al pueblo mapuche, tenga aterrorizada a una región entera”.

    Acá, lo que el mandatario dice en realidad es que “se debe utilizar la Ley Antiterrorista para seguir criminalizando a La Araucanía”. Lo extraño es que la aplican justo contra el pueblo mapuche y no la aplican contra el narcoterrorismo de Santiago, comuna con mayores índices de delincuencia y violencia. En efecto, “en La Araucanía no hay terrorismo”, según Ben Emmerson, observador de la ONU sobre terrorismo, quien recomendó al ministro del Interior en año 2013 derogar la Ley Antiterrorista y abstenerse de usarla, porque para dichos actos bastan las leyes comunes. Además, aseguró que esta ley se ha aplicado de manera arbitraria, principalmente en contra del pueblo mapuche.

    Emmerson considera que la calificación de “terrorista” aplicada a los líderes indígenas violó la presunción de inocencia y la obligación estatal de definir las conductas delictivas con precisión y claridad. Además, que las decisiones judiciales que condenaron a las víctimas contenían prejuicios discriminatorios contra el pueblo mapuche, violando el principio de igualdad y no discriminación. Esto consta en la sentencia contra de Chile por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, por violaciones de derechos humanos cometidas contra integrantes del pueblo mapuche.

    ¿Pero por qué se considera al mapuche terrorista? El hecho que las organizaciones mapuches manifiesten su reclamación a recuperar sus tierras no significa que sean asociaciones terroristas, pues en ningún caso ponen en peligro el orden constitucional democrático. El mapuche, a diferencia del terrorista, no busca la toma del poder del Estado mediante la violencia, como lo hacen o hicieron organizaciones como Al Queda o la DINA, de tal manera que si llegaran a existir actos de violencia deben ser sancionados por el derecho penal ordinario.

    El Estado, al no reconocer legalmente la violación al Tratado de Tapigue de 1825, que origina la deuda histórica territorial y política que tiene con el pueblo mapuche, y al no dar respuesta a las demandas por los causes legales mediante la limitada Ley Indígena, tiene como consecuencia que se lleven a cabo manifestaciones sociales reivindicativas, las que la autoridad enfrenta mediante el ambiguo concepto de terrorismo; de esta manera lo ubica fuera del contrato social e intenta procesarle como enemigo del Estado, para proteger a una minoría privilegiada.

    Esto se debe a la modificación de la Ley Antiterrorista en el año 1991 por parte del entonces Presidente Patricio Aylwin, quien al parecer buscaba resolver la situación de los presos políticos del régimen militar, por lo que no quiso reconocerse en el terrorismo la finalidad política, es decir, destruir la república democrática mediante golpes de Estado o guerra civil, lo que produce el gravoso problema de confundir con terrorismo hechos de connotación social, histórico o cultural, como lo han hecho los gobiernos en contra del pueblo mapuche.

    Una paradoja, ya que la Ley Antiterrorista creada por la dictadura militar perseguía delitos principalmente de carácter político e ideológico. El contrasentido se agrava cuando el ex mandatario Ricardo Lagos modificó la ley para incorporar testigos sin rostro, sin duda uno de los puntos de mayor conflicto.

    Existen pruebas irrefutables para oponerse a la Ley Antiterrorista, ya que viola el principio de inocencia, derecho reconocido en el artículo 11 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, lo que en Chile tiene rango constitucional por estar incorporado en los tratados internacionales que se encuentren vigentes. Además, tiene consagración directa en el Código Procesal Penal, artículo 4, que dice que “ninguna persona será considerada culpable ni tratada como tal en tanto no fuere condenada por una sentencia firme”, y la carga de la prueba corresponde al Estado, lo que tal vez fue lo que llevó a fabricar pruebas falsas en la llamada “Operación Huracán”.

    Si la “ley es pareja para todos” cabe preguntarse ¿por qué tienen protección policial personas de cierto nivel económico y político?, ¿por qué no tienen esa misma protección las personas pobres de poblaciones gobernadas por el narcotráfico? ¿Acaso la norma de no matar, no violar, no robar tiene mayor importancia para un grupo de personas de nivel socioeconómico diferente al de las poblaciones pobres? ¿Logrará que la policía reduzca los delitos? Estas son preguntas que los políticos y parlamentarios de oposición que guardan silencio deben responder cuando el Presidente Piñera y sus ministros llaman a aplicar la Ley Antiterrorista.  

    A los mapuches se los ha condenados a la exclusión, se busca con la aplicación de la Ley Antiterrorista degradarlos y caricaturizarlos como delincuentes, subversivos y criminales. Me pregunto entonces ¿qué significa ser un criminal en esta sociedad, donde el sistema te trata mejor cuando eres rico y culpable, que cuando eres pobre e inocente?

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