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    En el papel, Chile tiene su firma puesta en compromisos internacionales en materia de Derechos Humanos que obliga a los Estados parte a investigar y sancionar crímenes de lesa humanidad.

    A casi 30 años de la vuelta a la democracia, sería positivo revisar su cumplimiento. Esto a raíz del fallo de jueces, que conscientes de ello, han votado a favor de la libertad condicional de siete criminales que cargan con causas gravísimas, como si se tratase de delitos comunes. No está demás volver a recordar a las nuevas generaciones, los miles de casos de detenidos desaparecidos y ejecutados políticos cometidos por agentes del Estado en lo que fue la dictadura cívico-militar más cruda de toda la región.

    Siguiendo con la historia, y luego de que en 1995 la Concertación creara la cárcel Punta Peuco para estos criminales, en junio de 2009, la ex Presidenta Michelle Bachelet, promulgó el Estatuto de Roma que ratificó la adhesión de Chile a la Corte Penal Internacional. Por entonces, la mandataria señaló que, de esa forma, Chile “se une formalmente a la voluntad política universal de perseguir los crímenes de lesa humanidad, de manera efectiva y eficiente”.

    Lo cierto es que, desde la perspectiva de las víctimas, que debiera ser asumida de manera amplia, social y políticamente, Chile lleva décadas en deuda de verdad, justicia y reparación. No se puede pensar en reparación sin justicia y hoy la señal de la derecha en el segundo gobierno de Sebastián Piñera, es que efectivamente puede haber impunidad. Este es un daño social y a nuestra memoria histórica sin precedentes. Hace casi 10 años firmábamos un acuerdo internacional que daba esperanzas, hoy sentimos vergüenza de la realidad que estamos viviendo.

    Ninguno de los criminales y violadores de DDHH que han sido indultados por el presidente Sebastián Piñera, cumple con estándares internacionales para beneficios. No hay pena mínima cumplida, ni cooperación investigativa ni arrepentimiento de sus actos.

    Esta mirada torcida de nuestro deber como Estado para avanzar en verdad y justicia sólo legitima la impunidad y los pactos de silencio entre la clase política de la transición con la comunidad militar. Tal es el contexto adverso, que se ha intentado instalar a las víctimas de Derechos Humanos como victimarios, promoviendo un discurso de odio como los del diputado UDI, Ignacio Urrutia, quien sin pudor calificó a las víctimas de “terroristas con aguinaldo”.

    Demás está decir que el acto de buscar la verdad, es un acto de justicia, no de resentimiento. Pero el discurso de odio está instalado y este gobierno con Piñera a la cabeza y Hernán Larraín en la cartera de justicia, no sólo no ha frenado este impulso que daña la historia, sino que profundiza un camino que distorsiona la memoria de Chile.

    Es deber de la juventud y las nuevas generaciones hacer el ejercicio de memoria y acompañamiento de la justa causa de tantas familias que nunca más vieron a sus seres queridos. Por la memoria de nuestros abuelos, abuelas madres, padres, tías y tíos y de quienes fueron víctimas de un Estado opresor, no dejemos que un gobierno de turno, con cómplices activos y pasivos de la dictadura de Pinochet, escriban a su modo la historia de nuestro país. Justicia, verdad, no a la impunidad.

    Por Rodrigo Pinto, presidente JPRO

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