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    Con la creación de la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad, el presidente de Colombia, Iván Duque, responde a las peticiones realizadas por líderes sociales, luego del aumento de asesinatos de los defensores de derechos humanos.

    La instancia estará integrada, a partir del 30 de enero, por:

    • Presidente de la República, quien la presidirá.
    • Ministro del Interior.
    • Ministro de Defensa.
    • Ministro de Justicia y del Derecho.
    • Fiscal General de la Nación.
    • Defensor del Pueblo.
    • Procurador General de la Nación.
    • Director de la Unidad Especial de investigación para el desmantelamiento de las organizaciones y conductas criminales responsables de homicidios y masacres, que atentan contra defensores de derechos humanos, movimientos sociales o movimientos políticos o que amenacen o atenten contra las personas que participen en la implementación de los acuerdos y la construcción de la paz, incluyendo organizaciones criminales que hayan sido denominadas como sucesoras del paramilitarismo y sus redes de apoyo.
    • Comandante de las Fuerzas Militares.
    • Director General la Policía Nacional.
    • Tres expertos reconocidos en la materia.
    • Dos delegados de las Plataformas de Derechos Humanos.

    Reacciones

    Medios locales, como Caracol, manifestaron suspicacia ante la medida. Alegan que esta herramienta estaba disponible desde el inicio del mandato de Duque, a principios de 2018, y se tomó sólo cuando asesinan a un líder del Centro Democrático, partido fundado por Álvaro Uribe Vélez en 2013.

    La creación de una comisión similar se realizó durante la gestión de Juan Manuel Santos (2010-2018), como parte del acuerdo de paz suscrito entre el Gobierno y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), ahora un partido político.

    Aumento de crímenes

    En lo que va de 2019 han dado de baja a ocho dirigentes. Los homicidios ocurrieron en las regiones del Cauca, Antioquia, Valle del Cauca, Magdalena, Caquetá y Norte de Santander.

    A esto se le suma que en 2018 se produjeron 172 homicidios contra líderes sociales y defensores de derechos humanos. De estos crímenes, 86 se registraron a partir de la juramentación de Duque en la presidencia, según cifras aportadas en el último informe presentado por la Defensoría del Pueblo de Colombia.

    Entre las víctimas también se cuentan comuneros, campesinos, indígenas y exguerrilleros desmovilizados, víctimas de grupos violentos ilegales que operan en diferentes zonas del país, donde no existe la presencia del Gobierno para enfrentar la situación.

    Todos estos números ponen en tela de juicio la capacidad del Presidente colombiano para enfrentar este flagelo, sin contar con los problemas originados por el narcotráfico y el paramilitarismo.

    CIDH recomienda

    Luego de un recorrido que realizara la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en distintas regiones colombianas, para verificar la seguridad de los dirigentes, expresó su preocupación por los “serios desafíos del país para garantizar su protección, sus limitadas medidas de seguridad y la impunidad de los delitos que los afectan”.

    Ante esta situación, plantearon una serie de recomendaciones difundidas a la luz pública a través de un comunicado:

    1. Redoblar sus esfuerzos en la implementación del Acuerdo de Paz, para que en todo el territorio estén dadas las condiciones para el ejercicio de la defensa de los derechos y de las comunidades.
    2. Convocar a organizaciones sociales para construir una política pública integral de prevención y protección de defensores de derechos humanos y líderes sociales, retomando instancias como la Mesa Nacional de Garantías y la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad, en las que existían acuerdos pactados previamente.
    3. Crear un registro completo de todas las agresiones ―en sus diferentes modalidades― en contra de quienes defienden derechos humanos o tienen liderazgo social y/o comunal, en el que participen las organizaciones de la sociedad civil.
    4. Profundizar el análisis de contexto para la evaluación del riesgo y la adopción de medidas de protección, bajo un enfoque diferenciado que tenga en cuenta las situaciones particulares de la población que requiere protección y el lugar en el que ejercen su labor. En especial, incluir el enfoque étnico, colectivo y de género en las medidas de prevención y protección;
    5. Implementar debidamente las medidas cautelares otorgadas por la CIDH y mantener los esquemas de protección respecto de las personas beneficiarias mientras estén vigentes.
    6. Implementar las recomendaciones y decisiones del Sistema Interamericano y Universal.
    7. Aumentar el nivel de coordinación entre las autoridades nacionales y locales, para que las medidas de protección sean adecuadas para resguardar los derechos de las personas defensoras y líderes y aseguren su efectividad en zonas rurales alejadas.
    8. Adoptar planes para prevenir y combatir la estigmatización contra los defensores de derechos humanos o liderazgo social y/o comunal, dentro de las entidades del Estado y en la sociedad.
    9. Adoptar medidas para investigar con debida diligencia y hacer frente a la situación de impunidad respecto de los crímenes cometidos contra defensores de derechos humanos y líderes sociales, determinando autores materiales e intelectuales.
    10. Adoptar enfoques diferenciales de género, étnico y para población LGBTI, tanto en la construcción de programas de garantías, como en la investigación de posibles delitos contra personas defensoras de derechos humanos;
    11. Fortalecer la coordinación con organismos internacionales de derechos humanos.

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