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    Debido a las problemáticas que presentan los pueblos aborígenes en México, donde por siglos han sido excluidos de los Derechos Humanos, se hace imperante un Gobierno  en esta nación que impulse una política de protección y conservación para los indígenas.

    En ese sentido, la analista Heidy Segovia Luján escribió un artículo en el portal Heraldo Chihuahua para demandar que a los indígenas mexicanos “se les proteja su derecho a la tierra, derecho a una vivienda digna, derecho a la alimentación, a un medio ambiente sano al uso y disfrute de sus recursos naturales, entre otros”.

     

    Segovia Luján explicó: “Hacia el último tercio del siglo XX, el Estado de México se reconoció como multicultural y al término del mismo siglo la realidad vivida por los pueblos indígenas fue mostrada a la nación por ellos mismos, por lo que el Estado se comprometió a reconocerles derechos específicos al interior de una nación ahora caracterizada como pluriétnica”.

    Citando el censo población y vivienda 2010, precisó que en México hay 6.6 millones de habitantes de lengua indígena de cinco años y más de 11.3 millones en hogares hablantes de su lengua y 15.7 millones de mexicanos se autoadscriben como indígenas”.

    Detalló que en la nación casi el 80% de la población indígena se concentra en las regiones suroeste, sureste, oriente y centro sur; correspondientes a los 2,456 municipios reportados por el Instituto Nacional de Estadísticas y Geografía (Inegi) para 2010.

    A su vez, expresó que en México existen y se hablan 364 variantes de lenguas indígenas; todas  provenientes de 68 lenguas originales, por lo que hay, al menos, 68 formas diferentes de concebir la vida; la organización social, política, económica y cultural de sus integrantes.

    Señaló que de acuerdo a la reforma constitucional de 2011, los Derechos Humanos contenidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano, “deben ser aplicados siempre en beneficio de los derechos de las personas o de los entes colectivos”.

    Sin embargo, esto no se cumple, pues la mayoría viven en condiciones deplorables y sin acceso a la educación, bienes y servicios, entre otros. Además, de ser víctimas de discriminación, no poseer vivienda digna, ni tener derecho a la alimentación y menos acceso a sus tierras, medio ambiente sano y disfrute de los recursos naturales, lo que los hace vulnerable.

    La analista, exhorta a los organismos de la sociedad civil que promueven los Derechos Humanos junto con los tres órdenes de Gobierno a que “asuman la responsabilidad de apoyar a los pueblos y comunidades afectados, fomentando el diálogo intercultural para la elaboración de políticas públicas con respeto a sus derechos lingüísticos y culturales a su autonomía y a su libre determinación”.

    Manifestó que la práctica intercultural entre toda la población de México, indígena y no indígena permitirá construir una nueva modernidad indígena con la participación de toda la sociedad.

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