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    El Tribunal de Distrito de los Estados Unidos en Wilmington, Delaware, autorizó la incautación de Citgo Petroleum Corp. para cobrar una deuda del Estado venezolano con la empresa minera canadiense Crystallex, aunque Petróleos de Venezuela (PDVSA) tiene todavía la posibilidad de apelar en una instancia superior la decisión del juez federal.

    En 2011, la minera canadiense introdujo una demanda en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), organismo dependiente del Banco Mundial, en el año 2011, por la expropiación de la concesión de la mina de oro las Cristinas, ubicada en el estado Bolívar, al sur de Venezuela.

    En 2016, el CIADI dictaminó que Venezuela debía pagarle a la compañía minera 1.202 millones de dólares que la canadiense ha intentando cobrar  en varios tribunales estadounidenses.

    No es una acción inmediata

    La orden judicial aumenta la probabilidad de que la petrolera estatal venezolana pierda el control de un activo externo valioso en medio de la crisis económica y política del país.

    Una solución favorable para Venezuela sería cancelar la deuda que mantiene con la empresa canadiense, con lo que perdería efecto la medida de confiscación, ya que el valor de Citgo está tasado en más de 10 mil millones de dólares.

    Citgo es el mayor activo de PDVSA en estados Unidos (Foto web)

    Sin embargo, el fallo completo del juez Leonard P. Stark podría incluir condiciones o imponer más obstáculos legales. Se espera que una versión redactada esté disponible en una fecha posterior, comentó una nota de Wall Street Journal.

    Los abogados de PDVSA no estuvieron disponibles para hacer comentarios. Citgo se negó a comentar.

    La compañía canadiense había argumentado que Citgo era finalmente propiedad de PDVSA. La decisión del juez a favor de Crystallex le permite tomar el control de las acciones de la compañía matriz de Citgo ubicada en Estados Unidos, lo que pudiera representar el primer paso hacia la venta de la compañía.

    Crystalllex operaba la mina Las Cristinas en el estado Bolívar. Foto. Web

    El peso financiero de la deuda venezolana

    Venezuela y sus diversas entidades controladas por el Estado tienen juntos 62.000 millones de dólares en bonos no garantizados en circulación, con aproximadamente 5.000 millones hasta ahora en intereses impagos y capital.

    Venezuela y sus entidades controladas por el estado, incluida PDVSA, comenzaron a perder pagos de bonos el año pasado y desde entonces se ha convertido en un incumplimiento generalizado. Las sanciones de Estados Unidos prohíben a los acreedores involucrar al Gobierno venezolano en cualquier tipo de reestructuración o compra de nueva deuda.

    Citgo tiene una de las redes de estaciones de servicio más grandes de Estados Unidos. Foto: Web

    Citgo está en garantía

    Para Venezuela, perder el control de Citgo podría poner en peligro una de sus únicas fuentes de ingresos petroleros. Al mismo tiempo, los inversores en la deuda en default de Venezuela -al igual que al menos 43 compañías que reclaman legalmente al Gobierno– también pudieran querer cobrar parte de las acciones de Citgo, en compensación por la deuda que reclaman.

    El único pago realizado este año por Venezuela fue de 107 millones de dólares en sus bonos dee PDVSA, con vencimiento en 2020, por los cuales Citgo se ha comprometido como garantía. Ese fue un movimiento claro de Caracas para proteger ese activo, según los analistas.

    Cualquier venta de acciones de Citgo requeriría la aprobación del Departamento del Tesoro de EE. UU. y Crystallex tiene que eliminar otros obstáculos legales antes de poder vender las acciones.

    Una jugada similar con Argentina

    Al tratar de reclamar Citgo, los acreedores siguen un libro de jugadas que es familiar. Los fondos de cobertura dirigidos por Elliott Management Corp. hicieron algo similar cuando buscaron embargar los activos argentinos luego del default de 2001 de ese país, el mayor incumplimiento soberano en ese momento, en más de 80 mil millones de dólares en deuda soberana.

    Cuando Argentina se negó a pagar los acuerdos resultantes del incumplimiento, los fondos de cobertura buscaron activos argentinos para embargarlos, para ello argumentaron en los tribunales que todo, desde los activos de su banco central hasta su compañía petrolera estatal, era un “alter ego” del Estado.

    Elliott, en 2012, persuadió a un tribunal ghanés de incautar un buque de entrenamiento de la Armada Argentina, y en 2014 solicitó a un tribunal de California que impidiera a Argentina lanzar satélites al espacio. Argentina logró un acuerdo con los fondos de cobertura en 2016, entregando ganancias de hasta 900% en algunas de sus inversiones principales originales.

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