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    Bajo la premisa de dinamizar los mercados, los gobiernos de derecha en América Latina aplican políticas que favorecen a los empresarios y afectan la calidad de vida de la población.

    Este modelo recomendado por economistas afiliados al FMI y al BM, promueve el desarrollo productivo a través de un esquema en el que se reduce el tamaño y la participación del Estado en los sectores estratégicos para potenciar la participación privada y la inversión extranjera, otorgando facilidades y condiciones especiales.

    Los empresarios reciben subsidios para realizar sus actividades y además se establecen medidas para abaratar los empleos y los despidos, con la excusa de aumentar la generación de puestos de trabajo.

    Bajo esta lógica quedan inscritas las políticas de privatización, que supone la transferencia de la propiedad o de activos de las empresas públicas a empresas privadas. Así como la desregulación, que comprende  la eliminación por parte del Estado de normas y regulaciones con el  fin de promover el  libre desarrollo empresarial.

     

    Con esta política se aplican cambios legales que permiten la liberalización de sectores económicos donde ya operaban individuos o empresas privadas,  pero que estaban sujetos a reglamentaciones e intervenciones públicas.

    Para dinamizar los mercados se sacrifica la inversión social  y se aplican recortes en áreas fundamentales como educación, salud, infraestructura y servicios. Además el Gobierno somete a la clase trabajadora a pagar elevados impuestos para sostener el sistema tributario.

    Fracaso de Macri

    Aunque Mauricio Macri se presentó como un exitoso empresario que tenía la receta para hacer que la economía argentina despegara y creciera a un ritmo jamás visto,  la realidad es que la nación suramericana atraviesa en la actualidad una profunda crisis, con el incremento desmedido de la inflación y la pobreza.

    En menos de tres años resquebrajó la economía de Argentina. Se calcula que la inflación de 2018 se ubique por encima del 42% , mientras que la economía se contraerá más de 2,5%, aunque el Ejecutivo pronosticaba un  crecimiento superior al 3,5 %.

    A pesar de que el empresario vislumbraba un aumento de las inversiones extranjeras, lo cierto es que éstas no llegaron y debió recurrir al Fondo Monetario Internacional (FMI)  para obtener un rescate financiero de 50.000 millones de dólares, a cambio  de cumplir con un duro ajuste fiscal y monetario, e intensificar su política de recortes sociales.

    Más impuestos

    El Estado no tiene que quedarse con el fruto de tu trabajo. En mi gobierno los trabajadores no van a pagar impuesto a las ganancias. Ese es mi compromiso”, fue una de las promesas de Macri durante la campaña electoral de  2015.

    Tres años después la realidad es otra porque en la actualidad 1.939.994 trabajadores pagan el impuesto a las Ganancias, mientras que en 2015 eran 1.194.149

    De este modo 1 de cada 5 trabajadores deben cancelar  este impuesto, a pesar de que  según el Instituto Estadístico de los Trabajadores (IET) la pérdida de poder adquisitivo de los salarios es 14,7%, mayor que la de finales de 2015.

    Menos inversión social

    Durante los últimos tres años, el empresario recortó los fondos a las universidades públicas, aumentó las tarifas de los servicios básicos y del transporte, quitó subsidios, subió el monto de  los alquileres de viviendas, los intereses en créditos bancarios, bajó las pensiones de los jubilados y convirtió al salario mínimo en uno de los más bajos de la región .

    Para cumplir con las exigencias impuestas por el FMI, el Gobierno de Macri propuso al senado el proyecto de presupuesto 2019 que estipula un ajuste de 358.039 millones de pesos, basado en una  serie de recortes sociales que perjudican a la clase trabajadora, jubilados, pensionados, así como sectores primordiales para el país como la salud, ciencia, cultura y educación.

    El presidente argentino se propone ahorrar el  54% del gasto público con respecto al 2018, para pagar casi 200.000 millones de pesos (unos 5.500 millones de dólares) en intereses por deuda externa, que sobrepasa los 130.000 millones de dólares.

    Con relación a los asalariados, el presupuesto propone eliminar la exención de ganancias a varios ítems, como movilidad y viáticos. Mientras que en el caso de  los adultos mayores, el Gobierno plantea quitarle la pensión a aquellos que tengan algún tipo de trabajo.

    Desregularizar para dinamizar

    Por medio de un extenso Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU), el Gobierno de Mauricio Macri oficializó la derogación de 19 leyes y modificó otras 140, para “simplificar” las operaciones del Estado y así terminar con “los trámites excesivos”.

    El DNU que contempla  192 artículos, planteó “ la necesidad de iniciar un proceso de eliminación y simplificación de normas en diversos regímenes para brindar una respuesta rápida y transparente a los requerimientos del ciudadano y de las empresas para el ejercicio del comercio, el desarrollo de la industria y de la actividad agroindustrial”

    A través de este decreto se  establecieron 314 licencias de importación que anteriormente requerían una aprobación del Gobierno. Asimismo se derogaron más de 50 normas del Servicio de Seguridad Animal.

    Se estipuló que las empresas automotrices no deberán pedir permiso para instalarse en el país y se eliminó la competencia  del Ministerio de Defensa en servicio de tráfico aéreo.

    Favores a los empresarios

    Fiel a su estatus como empresario, Mauricio Macri ha beneficiado a los empresarios del campo y la minería, eliminando impuesto y otorgándoles privilegios para las exportaciones. Privatizó tierras con vocación agrícola así como la vialidad, el servicio de correo y de energía eléctrica.

    Aunque los usuarios pagan cada vez más por servicios públicos, el Estado ha incrementado los subsidios a las empresas.

    Sólo el pasado julio,  los subsidios económico tuvieron un crecimiento de 246,9% con respecto a la misma fecha de 2017.

    En el caso del sector Transporte los subsidios crecieron un 135% y en área energética el aumento llegó a un 290,8 %.

    Asimismo, se han presentado denuncias sobre privilegios que han recibido empresarios amigos de Macri, con relación a la condonación de deudas con la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico (Cammesa), por un monto superior a los 13 mil millones de pesos.

    A esto se suma las prácticas de monopolio de Luis Rogelio Pagano uno de los empresarios más cercanos al mandatario, quien distribuye energía eléctrica al 90% de la provincia de Buenos Aires, luego de haber adquirido entre 2016 y 2017 las empresas las empresas EDEN, EDES, EDEA y EDELAP, reseña el portal argentino La tecla.

    Tarifas en alza

    A pesar de estos subsidios y privilegios, las tarifas no bajaron. Recientemente comenzó a regir un aumento del 24, 4 % en el servicio de luz para la ciudad de Buenos Aires y se anunció que la  tarifa del gas aumentará 35 %, debido a la reducción de los subsidios en la tarifa social y a la decisión del Ejecutivo de ligar el  precio de la tarifa a la cotización del dólar

    Esto ocasionó el rechazo popular  y de los sectores políticos.

    No se pueden aplicar las reglas del mercado a cuestiones como la luz, el agua y el gas. Tienen que ver con los Derechos Humanos”, subrayó la senadora y  expresidenta Cristina Fernández (2007-2015), quien recordó que  “el Gobierno unificó, en una sola empresa que hoy funciona como controlante, a las cuatro distribuidoras de electricidad de la Provincia de Buenos Aires. Este monopolio eléctrico bonaerense ganó 2.233 millones de pesos en 2017″.

    Asimismo, representantes  del oficialismo el incremento del pago en la tarifa del gas al argumentar que los usuarios “no pueden afrontar un aumento semejante” y asegurar que les podría generar a los consumidores “una dificultad muy grande”.

    El Gobernador de la provincia de  Mendoza, Alfredo Cornejo, le advirtió al Gobierno nacional que el pago extra que se le exige a los usuarios de gas les podría generar “una dificultad muy grande.

    Por su parte, el legislador porteño de Unidad Ciudadana, Leandro Santoro, condena que  las medidas de Macri sólo afectan el bolsillo de los argentinos, mientras se llenan las cuentas bancarias de los empresarios que son sus socios, amigos y familiares.

    El Gobierno retira los subsidios y le hace pagar a las familias lo que pagaba el Estado, es decir, el argentino ahora debe sacar más plata de sus bolsillos mientras aumenta la rentabilidad de las empresas”, dice Santoro.

    Señaló que con la  dolarización de las tarifas de los servicios básicos como agua, luz, gas, transporte, ahora “las empresas ganan más y la gente come menos”.

    Ante estos señalamientos, Macri expresó que no le gusta aumentar tarifas, pero debe hacerlo porque “es lo que vale”.

    El aumento se liga al precio internacional del petróleo, y ahora por pagar lo que realmente vale estamos produciendo más”, dijo.

     

    Abaratar el empleo

    Aunque Macri se auto definió como “el presidente más preocupado por la generación de empleo de toda la historia”, lo cierto es que insiste en proponer una reforma laboral, que beneficia a los empresarios afecta negativamente las condiciones de los trabajadores.

    Aunque el jefe de Estado argentino afirma que “el espíritu de su iniciativa es buscar un mayor dinamismo laboral “, lo cierto es que la propuesta no cumple con las expectativas respecto a  las indemnizaciones por despido, los juicios laborales y los mecanismos de formación profesional.

    Para calcular la indemnización serán “excluidos de la base salarial el sueldo anual complementario, las horas extraordinarias, las comisiones, premios y/o bonificaciones, las compensaciones de gastos y todo otro rubro que carezca de periodicidad mensual, normal y habitual “.

     

    Asimismo, plantea la posibilidad de generar “contratos basura” a través de un nuevo esquema de pasantías ajeno al régimen de contrato de trabajo.

    No hay ningún mensaje que favorezca la creación del empleo, favorece la destrucción del empleo, y sin consecuencias. Es una ley hecha a medida de los empresarios”, denunció el presidente de la Asociación de Abogados Laboralistas, Matías Cremonte.

    El paquete de Piñera

    En Chile, el Gobierno de Sebastián Piñera se propone dinamizar el mercado a través de un programa liberal que prevé duplicar la tasa de crecimiento de la economía, apoyado en un repunte de inversión y un plan de reactivación, con un costo fiscal de 14.000 millones de dólares.

    Aunque insiste en que el crecimiento de la economía es fundamental para contar con “mejores empleos, mejorar los sueldos, mejorar las oportunidades y derrotar la pobreza”, lo cierto es que la desigualdad es una constante en la sociedad chilena.

    De acuerdo a la Encuesta Casen 2017, desarrollada por el Ministerio de Desarrollo Social de Chile (MDS), el ingreso de los más ricos fue 13,6 veces más que de los pobres. La cifra representa un aumento estadísticamente significativo, teniendo en cuenta que en 2015 el índice era de 11,9.

    El ministro de MDS, Alfredo Moreno, expresó que los resultados son desalentadores, puesto que la desigualdad empeora y “los sectores más pobres empeoran”.

    Al evaluar la relación entre el 10 por ciento más rico y el 10 por ciento más pobre, la Casen establece que los primeros obtuvieron un ingreso 39,1 veces mayor a los segundos. En 2015, la medición arrojó 33,9.

    La comparación de  cifras de la distribución según el ingreso monetario (incluye salarios, pensiones, activos de las personas y subsidios estatales), señala las mismas “muestran un estancamiento en la distribución del ingreso”, dijo Moreno, al tiempo que agregó: “La conclusión en esta materia es que la distribución del ingreso se estancó entre los años 2015 y 2017”.

    Con las políticas “dinamizadoras” de Piñera se puede observar un retroceso en programas sociales, nuevas privatizaciones y ajustes fiscales que tienen consecuencias en la sociedad.

    Durante el trimestre junio-agosto, la tasa de desocupación nacional alcanzó 7,3%, con una variación anual de 0,7 puntos porcentuales, lo que supone la cifra más alta de los últimos 7 años.

    “El Gobierno de los “Tiempos Mejores” continúa en su esfuerzo por consagrarse como uno de los peores de la historia. Y es que luego de decidir no aumentar el sueldo mínimo por primera vez desde 1990, presentar una reforma de precarización laboral que nos hará retroceder 100 años en derechos laborales, y querer aprobar una reforma tributaria que literalmente le quitará a los pobres para darle a los más ricos, la cifra de desempleo “oficial” informado por el Instituto Nacional de Estadísticas, que aumentó por quinto mes consecutivo alcanzando un 7,3% a nivel nacional”, plantea un artículo del portal Gamba.cl.

     

    A esta situación se suma el costo de la vida, ya que Chile es uno de los tres países de Suramérica con los impuestos más altos, con un 19%, correspondiente al Impuesto al Valor Agregado (IVA). Lo anteceden Argentina (21% de impuesto) y Brasil, con el gravamen más alto de la región: 28%.

    Combustible por las nubes

    La política de expansión económica de Piñera afecta a las clases trabajadoras, que deben pagar elevadas tarifas de servicios públicos.

    Actualmente, existe un malestar por el precio del combustible , que incluso ha superado la barrera de los $1.000 pesos en algunas comunas.

    Incluso, los transportistas amenazan con paro si se mantienen las altas tarifas.

    El ministro de Hacienda Felipe Larraín, justificó el aumento diciendo que éste permite“ financiar programas sociales”, tomando en cuenta que el impuesto específico a los combustibles  le reporta al fisco cerca de 1.600 millones de dólares anuales.

    Sin embargo, ante las protestas y la amenaza de los transportistas que pueden irse a paro si se mantienen las altas tarifas, indicó que esta semana el precio de los combustibles reportará una baja en sus valores, rompiendo la extendida tendencia al alza.

    El legado de Temer

    El país más grande la región no escapa a la influencia del modelo dinamizador de mercados.

    Durante 2017, el Producto Interno Bruto (PIB) de Brasil subió apenas un 1% después de dos años de profunda recesión y, según las previsiones de los analistas, este indicador cerrará 2018 con un aumento de alrededor del 1,35%, menos de la mitad de los previsto hace apenas un año.

    La mala gestión y corrupción del Gobierno de facto de Michel Temer, dejan una elevada deuda pública (77,3% del PIB) y un desempleo que azota a 13 millones de personas (12,1%).

     

    A esto se suma un amplio margen de desigualdad y un aumento del número de pobres, que pasó de 17,1 millones en 2014 a 23,3 millones en 2018..El programa económico ‑denominado “Puente para el futuro”-, sometió a Brasil a los designios del neoliberalismo más puro, lo que condujo profundizar la crisis económica, política y social.

    Tras propiciar e impulsar el impeachment contra Dilma Rousseff y hacerse con la presidencia, Temer implementó un paquete de privatizaciones de 57 empresas públicas para recaudar casi 14 mil millones de dólares.

    Este plan incluye la privatización y concesión de 14 aeropuertos, 15 terminales portuarias y 11 lotes de líneas de transmisión eléctrica, además de importantes empresas estatales.

    Sin embargo, la  medida que más destaca es la  venta del gigante EletroBras, la mayor empresa energética de Latinoamérica,  por tres mil millones de dólares, a pesar de estar tasada en 100 mil millones de dólares.

    El proceso de privatización de Eletrobras comenzó con el anuncio de la venta de seis distribuidoras, de las cuales cuatro ya fueron subastadas.

    Esta  una de las medidas “más importantes” que Temer pretende realizar antes del 1 de enero de 2019, cuando expire su mandato.

    Sin el apoyo del Congreso, Temer dejó en el tintero su proyecto estrella, la reforma del sistema de pensiones, con el que esperaba recuperar el equilibrio fiscal,a costa de recortes a los ingresos de los adultos mayores.

    ¿Futuro luego del 28-O?

    Este domingo se realizará la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de Brasil, en las que el pueblo tendrá que escoger entre el ultra derechista  Jair Bolsonaro y el representante de la izquierda, Fernando Haddad

    Bolsonaro, ha prometido que si llega al poder pondrá en marcha una agenda liberal, con peso en las reformas y privatizaciones, a las que defiende como mecanismo para mejorar la distribución de renta en el país.

    “Son gastos innecesarios que deben atender a la población”, ha manifestado durante la campaña.

    Sumado a esto, piensa aplicar una “flexibilización laboral” que esté acompañada de unos recortes de los derechos de los trabajadores; una acción que algunos analistas consideran la radicalización y profundización de las reformas de Temer.

    Haddad por su parte, propone ajustes fiscales más moderados, sin comprometer a las clases más desfavorecidas.

    De este modo, defiende una reforma tributaria y bancaria, la exención del impuesto de renta para aquellos que viven con hasta cinco salarios mínimos y un aumento de la carga tributaria para los más ricos.

    El abanderado del Partido de los Trabajadores planea limitar las privatizaciones y sostiene que las empresas estatales son vitales para el desarrollo del paí­s.

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