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    El pasado 5 de septiembre El Ciudadano publicó un artículo en donde se daba cuenta de una denuncia presentada en Contraloría por el abogado Miguel Fredes González por posibles irregularidades en la autorización del Ministerio de Obras Públicas (MOP) para licitar la Asesoría de Inspección Fiscal (AIF) del proyecto “Puente sobre el Canal de Chacao”.

    La empresa R&Q Ingeniería, aludida en la acusación, haciendo uso de su derecho a réplica envió a este medio una declaración que a continuación reproducimos íntegramente:

    “R&Q Ingeniería aclara que el SR. Miguel Fredes fue contratado a honorarios en agosto de 2014 por la Sociedad ‘Consorcio Consultor R&Q-COWI Ltda’, para desempeñarse como abogado en derecho ambiental en el contrato Asesoría a la Inspección Fiscal (AIF) del Puente Chacao, y que sus funciones estaban sujetas directamente a los requerimientos del Ministerio de Obras Públicas, en su calidad de Mandante, lo cual quedó estipulado mediante reprogramaciones de contrato.

    En este sentido, la empresa reitera que pagó al Sr. Fredes todos los servicios prestados y cobrados por el profesional, mismos montos que el MOP canceló a la empresa consultora por dichas H/H, las que fueron respaldadas mediante informes y boletas emitidas por el propio Sr. Fredes. Lo anterior, hasta que en agosto de 2017, fue necesario terminar la relación laboral con el profesional, ya que no se requerían más sus servicios, esto en acuerdo con el MOP.

    Por su parte, en noviembre de 2016, R&Q Ingeniería decide contratar a la abogada Andrea Bruzzone Goldsmith, en calidad de Fiscal de la compañía, una vez terminadas sus funciones a honorarios desempeñadas en la Dirección de Vialidad del MOP, entre los años 2000 y septiembre de 2016, y no mientras ella prestó servicios a esa entidad pública, tal como denuncia Miguel Fredes. Además, es preciso aclarar que la abogada Bruzzone nunca cumplió funciones fiscalizadoras de las mencionadas en el Decreto Ley 3551, por lo que no existió incompatibilidad alguna en la contratación de la profesional aludida, ya que R&Q Ingeniería siempre ha actuado conforme a derecho. Por tanto, el conflicto de interés que supuestamente plantea el abogado Fredes no existe y R&Q Ingeniería lo desmiente tajantemente.

    Finalmente, R&Q Ingeniería enfatiza que -al igual que cualquier institución pública o privada- está en libertad para contratar al o los profesionales que estime convenientes para integrar su equipo de trabajo, siempre bajo los márgenes legales, algo que en el caso de la abogada Bruzzone se justifica en su totalidad, debido a la gran experiencia y altas calificaciones que la jurista tiene en las áreas en las que R&Q Ingeniería opera actualmente”.

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