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    Diversos representantes de organizaciones y movimientos de defensa de los derechos a los ciudadanos y ciudadanas rechazan la eliminación del Ministerio de Justicia en Ecuador, así lo hicieron saber mediante un comunicado, en el que alegan que la supresión del organismo podría derivar en que desaparezcan los centros para víctimas de violencia y los albergues para niños de grupos vulnerables del país.

    “En la Mesa Cantonal de Erradicación de Violencia hemos expresado nuestra preocupación ante esta medida y hoy presentamos este manifiesto que recoge todos los criterios de quienes integramos la mesa”, declaró Paola Flores, concejal de Cuenca al referirse al comunicado que cuestiona la medida tomada por el ejecutivo este martes.

    Flores indicó que temen que se trunque el funcionamiento de los centros de acogida para víctimas de violencia y de los albergues para niños de grupos vulnerables de la sociedad, reseñó El Tiempo.

    Miembros de la mesa temen por la seguridad y derechos humanos de los más vulnerables

    En el documento se precisa que 572 mujeres han perdido la vida por casos de femicidio entre 2014 y el 7 de septiembre de este año. En ese sentido, Nidia Soliz, del Cabildo por las Mujeres, señaló que la medida “deja en la indefensión de los casos que se manejan”.

    “Comprendemos la situación económica que vive el país, pero rechazamos que las soluciones a esta problemática repercutan en la tutela y garantía de los derechos humanos de grupos de atención prioritaria”, manifestó la representante del cabildo.

    El comunicado que está dirigido al presidente de la República, Lenín Moreno exige que sea definido un ente rector con competencias y pertinencia que garantice los derechos de los niños, adolescentes, mujeres y grupos GLBTI.

    También piden que  el Gobierno nacional desarrolle medidas capaz de generar garantías para evitar la dispersión de los casos en varias entidades, así como apruebe la asignación de recursos económicos y la integración de modelos de atención, protocolos y herramientas.

    Sin embargo, el Decreto 491 de Lenín Moreno dictado el 22 de agosto, en el que se establece que habrán 30 días para que la Secretaría Nacional de Planificación y las secretarías General y Jurídica de la Presidencia definan los mecanismos de la optimización del aparato estatal, inclusive la derivación de las funciones de este ministerio, no se ha cumplido.

    Desde la creación de este Ministerio de Justicia, ocho funcionarios pasaron por el. El último es Paúl Granda, secretario de Gestión Política, a quien Moreno le encargó las riendas de la entidad una vez que Rosana Alvarado presentó su renuncia al cargo.

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