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    El plazo de la solicitud formal que hiciera el actual gobierno de la República de Ecuador ante la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol) para emitir una orden de captura contra el ex presidente Rafael Correa, venció este lunes 19 de noviembre sin que el organismo hiciera algún pronunciamiento al respecto.

    Las autoridades, acusadores y defensores del líder político, llamado a juicio por un supuesto delito de secuestro, han permanecido en alerta y a le expectativa de la decisión, ya sea de negar o aceptar la difusión de alerta roja, de la Oficina Central de Interpol, en Lyon, Francia, que pudiese generarse al respecto.

    Al ingresar a la página oficial del organismo internacional regentado por 192 países, al buscar Ecuador y sus pesquisas, no consta el ex mandatario. Sin embargo, los acusadores de Correa, creen que no hay nada que celebrar, que este tipo de trámites pueden tomar incluso años, por lo que le exigen a Correa entregarse a la justicia. Por su parte, la defensa  argumenta que el sistema judicial ecuatoriano no le da garantías, publica el portal de noticias Hispan TV.

    El coronel Pablo Ramírez, un responsable de la Policía Judicial de Ecuador, confirmó a la agencia Efe que esa Dirección policial ha recibido oficialmente la indicación de que “Interpol dará cualquier comunicación sobre el tema al Ministerio del Interior”.

    El pasado 7 de noviembre la jueza nacional ecuatoriana Daniella Camacho dictó un auto de llamamiento a juicio a Correa y otros tres procesados más por el delito de plagio (secuestro) del opositor político Fernando Balda en la capital colombiana en agosto de 2012.

    El ex jefe de Estado, que gobernó el país entre 2007 y 2017, reside actualmente en Bélgica -donde estudia pedir asilo- desde julio del año pasado y está prófugo de la justicia desde que se le impuso regresar a Quito cada dos semanas como medida preventiva. Considera que en su país no será sometido a un juicio justo, desoyó la medida cautelar y pidió personarse en el Consulado de su país en Bruselas, lo que la jueza consideró una violación de la medida cautelar.

    A.L.

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