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    Esta semana el portal de investigación Ciper Chile publicó un reportaje que agrega nuevos elementos a la denominada y frustrada Operación Huracán de Carabineros. Esta campaña, realizada por la Unidad de Inteligencia Operativa Especializada (UIOE) de la institución uniformada, ha sido desmantelada en cuanto se trata de un montaje para acusar a miembros de comunidades mapuche del incendio de vehículos y maquinaria agrícola y forestal.

    En el proceso de desmantelamiento, sin embargo, han saltado piezas que involucran a la institución no sólo en la elaboración de pruebas adulteradas para la creación de falsos positivos, sino en el seguimiento de periodistas que investigan actividades que involucran, de forma directa o tangencial, a carabineros y a comunicadores relacionados con la causa mapuche.

    Entre los medios que la UIOE tiene en la mira está El Ciudadano y las investigaciones del periodista Matías Rojas. Según publica Ciper, más que un seguimiento y una intercepción a las aplicaciones de mensajería y comunicaciones privadas realizadas por el software Antorcha de Alex Smith, la Unidad de Inteligencia de Carabineros ha realizado registros, con énfasis en una nota en especial, de las publicaciones del reportero de El Ciudadano. Otros comunicadores, pero principalmente los comunicadores mapuche, han sido espiados mediante las aplicaciones que emplea la UIOE.

    Estas actividades de la policía uniformada son de extrema gravedad. De partida, la realiza la misma institución que en el pasado colaboró activamente con el espionaje e  infiltración de opositores a la dictadura, con métodos cuyo objetivo fue neutralizar mediante la detención, tortura y asesinato a miembros de organizaciones disidentes.

    Si estas acciones son intolerables en una dictadura, aún más lo son en una democracia. Es por ello que es necesario una investigación más profunda y formal a estos seguimientos en cuanto no pueden emplearse bajo ninguna circunstancia este tipo de métodos. Si ya se han comprobado todas las inconsistencias de la Operación Huracán, las cuales son ciertamente inmorales e ilegales, en el caso del seguimiento a periodistas y registros de sus conversaciones y publicaciones esta actividad expresaría intenciones por limitar las informaciones mediante futuros métodos de censura.

    ¿Para qué se sigue a los periodistas? Obviamente, para frenar su trabajo, sus investigaciones. En suma, para censurar la circulación de informaciones incómodas al Estado y a grupos de poder. La persecución de profesionales de la prensa es un hecho gravísimo de Latinoamérica, con centenares de periodistas asesinados durante los últimos años. Todos estos crímenes tienen un lugar común: resultaban incómodos para quienes detentan el poder, sea el político, policial, financiero o el control de mercados, narcos incluidos. Aun cuando en Chile no hemos llegado a estos casos extremos desde la transición en 1990 salvo algunas excepciones, la vigilancia de los comunicadores encierra intenciones -de amedrentamiento y censura- que es necesario frenar y erradicar.

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