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    Mayo, junio y julio han sido meses de movilizaciones. Varias universidades públicas y colegios se fueron a paro o en toma. ¿Qué motiva la persistencia del descontento social? Los actores educativos continúan articulándose frente a una nueva cuenta presidencial, en contra del proyecto de Ley General de Educación y frente a una decena de iniciativas gubernamentales que no han respondido a las demandas originales de la ciudadanía
    En este escenario debemos ser cuidadosos en el análisis para enriquecer las discusiones sobre las urgencias y necesidades actuales para nuestro sistema de educación pública. Entregamos a continuación algunos elementos que contextualizan la discusión:

    1.- Todos los actores educativos están de acuerdo en que el grueso de las demandas levantadas por los movimientos sociales el año 2006 y 2007 no fueron tomadas en cuenta por el gobierno ni la clase política, pese a tener un apoyo ciudadano inusitado y una aval técnico por demás probado, como los resultados del último SIMCE que establece que un 40% de los escolares tiene un nivel de aprendizaje inicial. Ni la “agenda corta”, ni la “agenda larga” que pedían los estudiantes secundarios, fueron satisfechas. El liceo A -45 de Lota, llamado colegio acuático por sus graves fallas de infraestructura, que desató el alzamiento del año 2006, continúa con los mismos problemas, ante un nuevo aplazamiento de la Ley General de Educación; ¿Una analogía del verdadero carácter de la actual discusión legislativa? La elite política chilena no logra satisfacer las mínimas iniciativas programadas en la agenda larga, es decir un marco legislativo que afirme el derecho a la educación y un sistema de financiamiento e institucionalidad orientado a fortalecer a la educación pública.

    2.- Tras dos años de movilizaciones y dos consejos asesores presidenciales en  educación, lo que ha prevalecido en la discusión sobre reforma educativa, han sido los términos del cupular “acuerdo educativo” entre partidos que en noviembre del año 2007 se pronunciaron por aceptar y consagrar los pilares que impiden mejorar el sistema educativo actual. Estos son:

    La igualdad de trato, por parte del Estado a la educación pública y privada subvencionada. Esta situación se mantiene, obviando que ambas atienden a estudiantes diferentes, se articulan ante problemáticas sociales distintas y, por lo tanto, requieren y merecen formas de financiamiento diferenciadas (entre otras cosas), orientadas por las necesidades sociales urgentes de desigualdad y segmentación educativa.

    El sistema de sostenedores, privados y municipales. Esta institucionalidad, que no se toca en la LGE, no permite al estado concentrar esfuerzos técnicos y económicos en una gestión más eficiente y de efectivo apoyo a las escuelas (como ocurre en los sistemas educativos de calidad). Las escuelas chilenas están solas, al no existir una institucionalidad administrativa que integre todos los recursos públicos centrales y locales para fortalecer la gestión educativa en los sectores donde más se necesita.
    Con este sistema queda a la voluntad del sostenedor privado o a la realidad del municipio los esfuerzos que invierta en la educación. Sabemos de los abusos cotidianos cometidos por sostenedores privados que privilegian su máxima ganancia económica (lucro) por sobre las mejoras educativas en sus colegios y las condiciones de trabajo de sus docentes y funcionarios. Sabemos que de las 345 comunas que en Chile administran educación, solo 30 tienen los recursos y la voluntad para contratar un equipo educativo que lidere las corporaciones o direcciones de educación y que apoye a sus colegios.

    La estructura discriminatoria de la educación subvencionada por el Estado. Se mantiene en la LGE, la facultad de seleccionar a los estudiantes por proyecto educativo (en el caso de la educación religiosa) y económicos (en el caso del financiamiento compartido).Se consagra la selección desde 6 básico en adelante en todas las escuelas. Prima la libertad del sostenedor por sobre el derecho a la educación.

    El rol subsidiario del Estado. El Estado de Chile no se hace cargo de garantizar el derecho a la educación, siendo responsabilidad de “los padres” garantizar la educación de sus hijos. (Artículo 2º LOCE y Párrafo 2º articulo 4º, proyecto de Ley General de Educación). El Estado colabora con este paternalismo, subsidiando a privados y a municipios para que acojan a los niños que no tienen recursos e informando acerca de qué educación es mejor o peor. Necesitamos un Estado garante, que asuma el estancamiento y la desigualdad educativa como un problema país. Por otra parte, resulta indispensable modificar la Constitución Política, que otorga garantía constitucional al derecho a lucro, la libre empresa y la libertad de enseñanza y se lo niega al derecho a la educación y a la participación (artículos 19 y 20 de la Constitución). De esto ni se habla en el debate parlamentario.

    El derecho a lucro o ejercicio financiero con los dineros entregados por la colaboración educativa (a los sostenedores). Se mantiene un modelo de colaboración educativa con el estado motivado por el interés pecuniario (ganar dinero) y no se buscan otros modelos de colaboración educativa que incluya otro tipo de incentivos. Se consolida el carácter mercantil del sostenedor educativo y por lo tanto de la educación pública.

    No ha habido pronunciamiento, a excepción de los hechos por organizaciones sociales a los actores educativos, respecto a un cambio en el sistema de medición de la calidad, mejoras en las condiciones de trabajo de los profesores y la necesidad de la participación de familias, profesores y estudiantes en las escuelas.

    3.- Comenzando este año, una serie eventos monopolizaron el debate educativo encerrando la discusión en lo cupular y expropiando el debate de la ciudadanía, mediante la complejización jurídica y económica de este. Por ejemplo:

    El escándalo subvenciones: La problemática del lucro, quedó enmarcada en un problema de corrupción entre el MINEDUC  y sostenedores inescrupulosos, que a través de clonar alumnos y/o falsear listas lograban beneficios económicos. El debate sobre el financiamiento quedó preso en la necesidad de una mejor regulación de las subvenciones o de un mejor sistema contable para el ministerio ¿Ese es el principal problema del lucro en la educación? Tras la condena de tales actos, ¿no es cuestionable que el lucro siga siendo lo que articula el trato sobre el cual se establece la cooperación que los privados dan al Estado?

    Acusación constitucional de la ministra: Se vuelve a atacar la estructura pública del Estado en Educación, instalando el problema en la estructura estatal y no en la gestión privada. Durante semanas el tema se enmarcó en la validez jurídica de una acusación constitucional. Con la salida de la ministra Provoste se instaló una conducción más conservadora en el ministerio de educación. Esta conducción incluso sería cercana a los sostenedores educacionales, tradicionalmente opositores a las medidas orientadas a fortalecer la educación dependiente del Estado.

    Nuevo gabinete ministerial: Tras asumir la nueva ministra, un gabinete de “superexpertos” se hace cargo de la crisis educativa. Este nuevo gabinete, se compone de sostenedores e investigadores de reconocida tendencia neoliberal y tecnocrática, anteriormente vetados como interlocutores ante los actores educativos. Con esto se vuelve a invisibilizar la pertinencia que la mirada de los actores sociales tienen en este momento para solucionar la crisis educativa en nuestro país.

    Aplazamiento de la Ley General:
    Nuevamente se aplaza la Ley de General, para después del anuncio presidencial del 21 de Mayo. La discusión se dilata nuevamente mientras se continúa profundizando el sistema mercantil de educación consagrado en la LOCE. ¿Qué ley será pertinente cuando más del 60% de la educación pública esté gestionada por privados?

    4.- Ante esta seguidilla de “coyunturas” educativas es necesario sobreponerse al shock y reposicionar el debate en defensa de una educación pública de calidad integral. Tres aspectos mínimos se deben tener en cuenta para no perder la dirección de las demandas en pos de este objetivo:

    • Es necesario un cambio en la Constitución
    ; para que una ley educacional se inspire en la igualdad de derechos para todos los ciudadanos, se debe solucionar la disparidad de derechos presente en la Constitución Chilena. Es fundamental un pronunciamiento sobre este punto. El 2006 la presidencia mandó una reforma al respecto, la cual fue rechazada por la derecha y algunos sectores de la Concertación.
    La igualdad de derechos requiere un Estado garante que haga posible el cumplimiento cabal del derecho a la educación. Esto implica pasar de una ciudadanía abstracta a una concreta, una que realmente se pueda realizar.

    • Es fundamental un cambio en la institucionalidad del sistema público de educación. Por un lado el sistema municipal debe ser transformado. Considerando que en él están los niños de menores recursos, se debe fortalecer una institucionalidad que permita su gestión educativa integral. La educación de nuestros niños y jóvenes más pobres no puede seguir siendo administradas por equipos que no saben de educación y por criterios de clientelismo político de acuerdo al alcalde de turno. Esto implica, cambios en el sistema de financiamiento que permita, como en la mayoría de los países del mundo, un financiamiento diferenciado a la gestión estatal, sin cuotas de alumnos. Por otro lado, es fundamental eliminar el lucro del sistema particular subvencionado de educación. No se debe admitir el criterio pecuniario, para captar colaboradores del estado. Es necesario que los sostenedores educativos, tengan un proyecto de educación afín a los intereses públicos, por sobre su interés empresarial, comercial e ideológico, como ocurre en todos los países que permiten la existencia de educación privada subvencionada por el estado. Lo sostenedores deben ser educadores. No es posible que la mitad de la educación subvencionada por el estado este gestionada por privados de los cuales no se conocen mayores datos.

    • Es necesario resguardar y promover la participación de los actores educativos
    y su rol en el nuevo sistema educacional. La participación de estos y la comunidad será fundamental para debatir acerca de qué calidad educativa se necesita, qué condiciones de trabajo requieren los profesores o quién debe o no estar en una determinada escuela. Como aspecto concreto, los consejos escolares deben ser resolutivos (cuestión que impide nuestra actual Constitución).

    Observatorio de Políticas Educativas de Chile (OPECH)

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