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    09 09 16 - inacap - portada

    El debate en torno a la propiedad de Inacap se instaló durante esta semana, luego de la aprobación en el Senado de la iniciativa que permite que los Centros de Formación Técnica (CFT) e Institutos Profesionales (IP) puedan acceder a la gratuidad, siempre y cuando se transformen en corporaciones sin fines de lucro.

    Los cuestionamientos al régimen de propiedad de la institución derivan de la opacidad del proceso de privatización que sufrió en los últimos años de la dictadura, cuando la Corfo salió de su directorio.

    En el marco de la discusión en sala del proyecto, el senador socialista Alfonso de Urresti justificó su abstención como una forma de “protesta radical para que abordemos de una vez por todas, la situación de INACAP, para que el Estado, mi Gobierno, tome una decisión política de recuperar esta institución, de que no tengamos sólo un representante en el Directorio, alguien de Sercotec de manera decorativa”.

    A los reclamos del senador por Valdivia se suma una eventual comisión investigadora en la Cámara de Diputados, que revisaría la privatización de Inacap. Sin embargo, la decisión dependería de un informe comprometido por el gobierno que entregaría detalles de la situación del plantel técnico.

    Al respecto, la diputada miembro de la comisión de Educación de la Cámara Baja, Cristina Girardi, dijo a El Mercurio que le piden al gobierno que “aclare cómo se llevó el proceso de traspaso del Estado a privados durante la dictadura. Si no se entrega nada, vamos a solicitar una comisión investigadora y si lo hacemos, tendremos apoyo”.

    ¿Un regalo del Estado?

    El próximo mes, Inacap cumplirá 50 años. El 21 de octubre de 1966, mediante decreto supremo Nº 2541, se creó la institución como una corporación privada filial de Corfo sin fines de lucro.

    Luego de 23 años de funcionamiento, en 1989 la Corfo autorizó a su vicepresidente ejecutivo, el general de Ejército (r) Guillermo Letelier Skinner, a reformar los estatutos de Inacap con el fin de cambiar composición de la directiva. De esta forma, la dictadura dispuso que Corfo renunciara a su participación.

    En una carta a Ciper fechada el 24 de octubre de 2013, el exdirector ejecutivo de Inacap (1971-1973), Mario cerda Allende, señaló que al final de la dictadura se dio “inicio sin licitación ni pago alguno a un oscuro proceso para transferir la gestión y participación del Estado y los trabajadores en la dirección de dicho instituto a instituciones privadas. Así, el control de INACAP quedó en manos de la CPC y su Corporación Nacional Privada de Desarrollo Social. La participación del Estado se redujo a la sola presencia de SERCOTEC en el Consejo Directivo del instituto”.

    Como guinda de la torta, Letelier Skinner fue condenado por la Corte Suprema en enero de 2012 a 3 años y un día de presidido por su responsabilidad como autor de exportación ilegal de armas. Además, se ganó otros 541 días de presidio como autor del delito de falsedad, contemplado en el Código de Justicia Militar, en el caso de venta ilegal de armas a Croacia.

    Para el periodista Arturo Alejandro Muñoz, “el trabajo mancomunado de Sercotec, Corfo, técnicos, profesionales y trabajadores, que supo levantar una institución modelo, aplaudida y reconocida a nivel latinoamericano, pasó a ser un simple y pingüe negocio para aquellos empresarios que siempre habían desconfiado de la capacitación de sus cuadros laborales pero que, a la hora de sumar y restar, optaron por exigir a Pinochet la entrega casi gratuita de INACAP (y el ‘casi’ está demás, pues no pagaron un solo peso por aquel traspaso)”, según se lee en una columna publicada en 2012.

    El retorno de la discusión

    Con motivo del proyecto del gobierno de crear 15 Centros de Formación Técnica a lo largo del país, el debate sobre la propiedad de Inacap ha reflotado, debido a que algunos actores miran con buenos ojos aprovechar la experiencia de la institución en materia de educación técnica.

    El senador socialista Carlos Montes cree que se debe “aclarar quién es el propietario realmente, porque esto nunca se privatizó, nunca se pagó nada por eso. El valor que tenía en esa época era de $4.000 millones de esa época, que son muchos recursos. Y la verdad es que ha llegado el momento de aclarar esto. Hay mucha gente que ha eludido esto, que no ha querido aclararlo, en parte, porque creen que es una privatización más”, según consignó The Clinic en julio de este año.

    Por otro lado, el director de Educación 2020, Mario Waissbluth, señaló a través de su cuenta de Facebook que se oponía a la “estatización del Inacap”. Para el académico, “lo que se necesita es agilizar el tránsito formal del INACAP hacia una Corporación de Derecho Privado sin fines de lucro, que incorpore a algunos representantes de CORFO en el Directorio, como antaño, terminar gradualmente de acreditar todas sus carreras, poner programas de nivelación a los estudiantes de peores competencias lectoras que ingresen”.

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