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    Acordemos con el CONACE que el cannabis no es una droga inocua, pese a ello considero que representa un riesgo aceptable para la salud pública e individual si la situamos entre drogas más utilizadas en nuestro país como lo son el tabaco y el alcohol. La disociación de la realidad en las políticas de control aparece a la hora del consumo que pese a ser legal, no existe actualmente una forma licita de abastecerse, o sea puedo fumar pero no hay forma de obtenerla, si la compro o incluso si la llevo por la calle para fumarla en mi casa ya estoy transgrediendo la ley.


    marimba
    Entonces ¿de donde la saco? Dentro de las opciones alejadas del mercado negro y del tráfico ilícito están la generación espontánea y el cultivo para autoabastecerme. Muchos suponen que plantar nuestra propia marihuana esta proscrito desde tiempos inmemoriales, pero la prohibición del cultivo personal se impone ya entrada la democracia, hace unos 12 años, con la ley 19.366 enfrentando con el derecho penal un problema con implicancias principales en los ámbitos médico, social, cultural, etc.
    El año 1995, sin mayor discusión en el parlamento se borra la presunción de inocencia, así como la inviolabilidad del hogar y se presume la culpabilidad aunque se trate de un par de plantas, de ahí en adelante es nuestro problema demostrar que sólo somos consumidores, pese a que no exista ningún antecedente que permita suponer alguna intención de traficar. Nuestros legisladores haciendo gala de un doble estándar digno de destacar (la mayoría son consumidores de drogas como tabaco y/o alcohol) echan mano a lo más fácil pese a que el derecho penal debe ser la última herramienta a la que como una sociedad pluralista y democrática debemos recurrir. La experiencia indica que una política más justa y eficaz debe centrarse en habilitar a la población en la reducción de los riesgos y los daños asociados al consumo lo que no se logra ni se impone por la fuerza.
    Se espera que el año 2008 se revisen los tratados internacionales con la finalidad de lograr algún cambio en el statu quo que no ha demostrado ni justicia ni eficacia. Por mientras, como ciudadanos si optamos o no por la abstención sólo podemos repudiar el tráfico y si vamos a consumir podemos descartar también la generación espontánea, así la desobediencia civil se abre paso a la espera de alternativas para el control del cultivo con la consigna “regular sí, prohibir no”.

    Pedro Mendoza M.
    abogado
    Miembro comité editorial Revista Cáñamo

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