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    Comenzamos a publicar un especial de material antiprohibicionista con una primera convocatoria a un interesante encuentro y entrevistas a activistas de Holanda Perú y Argentina, tras obtener información de que la la Convención de drogas de la ONU se corrió para el 2009.

    El próximo año se realizará en Valencia, España, el primer Foro Mundial de Productores de Cultivos Declarados Ilícitos, instancia que nace para dar voz a quienes han sido los más perjudicados con la insensata Guerra a las Drogas sostenida por los gobiernos. Pese a que en el último tiempo hubo avances importantes en los parlamentos de algunos países en cuanto a despenalizar sustancias que aún nadie explica con precisión porqué están prohibidas; el camino a recorrer es largo, más que por necedad de los burócratas de turno, por la escasa participación de la sociedad civil a la hora de discutirse las políticas de drogas. Para muchos de nosotros, usuarios de psicoactivos o no, aún persiste la idea de que las leyes antidrogas están escritas en piedra. El Ciudadano abre sus pantallas para que por este lado del mundo conozcamos algo de esta convocatoria.



    Heroína, cocaína y marihuana: son las grandes drogas ilícitas que más preocupan a la comunidad internacional y se elaboran a partir de plantas como la adormidera para el opio, la hoja de coca y el cannabis. Estas plantas son cultivadas por comunidades campesinas de Asia, América Latina y África principalmente, ocupando superficies considerables. En el año 2005, según las últimas estimaciones publicadas por la ONU, las plantaciones ilícitas de opio cubrían más de 150.000 hectáreas, sobre todo en Asia, de las que al menos 100.000 hectáreas corresponderían a Afganistán. La hoja de coca, una parte de cuyo cultivo satisface una demanda legal, se extendería sobre 160.000 hectáreas en tres países andinos: Perú, Bolivia y Colombia, la mitad de las cuales están ubicadas en este último país. En cuanto al cannabis, sin duda la planta de cultivo ilícito más extendida en el mundo, la ONU estima a la buena de Dios que se dedicaron un total de 230.000 hectáreas a este cultivo en el mundo entero en 2004/2005, con 72.000 hectáreas en Marruecos en 2005 (y 134.000 hectáreas en 2003). En todo el mundo, desde hace décadas, millones de personas viven o sobreviven de la producción agrícola de estas “plantas para drogas”, siendo el sector que menos ingresos obtiene en la cadena mundial del tráfico internacional de estupefacientes.

    Estos “campesinos criminalizados” no pueden considerarse como un fenómeno marginal y pasajero. Son parte integrante de la realidad del siglo XXI y se inscriben en una problemática permanente de dimensión planetaria. Las características de esta agricultura tan particular no podían ser más paradójicas. Las drogas se enmarcan más que ningún otro producto en una economía mundializada, siendo sin embargo el resultado de configuraciones locales que combinan en grado diverso, pero de manera muy remarcable: su enclave geográfico especialmente en regiones de montaña, el aislamiento social, la violencia política y el subdesarrollo económico.

    LA COMUNIDAD INTERNACIONAL

    Según los Convenios Internacionales la producción agrícola de estas plantas queda restringida a fines médicos o científicos. En consecuencia los Estados no garantizan en el caso de los cultivos declarados ilícitos los derechos humanos de los agricultores. Pobres y sin defensa, los campesinos son los actores más desprotegidos de esta economía, de tal forma que se encuentran en muchas ocasiones bajo la férula de grupos armados y/o funcionarios corruptos, además de estar frecuentemente estigmatizados como criminales por las autoridades y la sociedad de su país.

    Sometidos entre los sometidos, si estos “jardineros de los paraísos artificiales” se organizan para reivindicar sus derechos, comenzando por el respeto al uso cultural y a la producción de derivados lícitos, la mayor parte de ellos no llegan a encontrar un reconocimiento similar al obtenido por los sindicatos de cultivadores de coca bolivianos. Sus movilizaciones se pagan frecuentemente con sangre.

    Hasta el momento las respuestas de la comunidad internacional no han dado los resultados esperados: la eliminación o reducción significativa y permanente de los cultivos para usos ilícitos. Con los programas del “desarrollo alternativo”, salvo en contadas excepciones, no se lograron las metas previstas. En cuanto a “las posturas de fuerza”, la erradicación forzosa de plantaciones tampoco ha sido eficaz, y hasta ha sido denunciada como contra productiva, causando en ocasiones crisis humanitarias. Allá donde se ha puesto en práctica a través de fumigaciones aéreas con productos químicos, como en Colombia, ha significado una seria amenaza para el medio ambiente y la salud humana. Este fracaso es cuantificable: En apenas quince años se han multiplicado las toneladas de materias primas obtenidas de la economía agrícola de las drogas ilícitas.

    Las poblaciones concernidas por las producciones ilícitas no son consultadas por los organismos nacionales e internacionales. Su voz no es escuchada en la elaboración de estrategias de las que son considerados como “beneficiarios”. En la Comisión de Estupefacientes –órgano de la ONU en materia de drogas-, no se consideran jamás estas voces. En contados países existen sindicatos de productores, cuyo papel se ha visto reforzado en Bolivia con la elección como presidente de un agricultor líder de los sindicatos de “cocaleros”. Existen relaciones entre los productores de hoja de coca de tres países andinos, pero éstos no tienen ningún contacto con las comunidades campesinas que cultivan adormidera y cannabis en otros continentes, comunidades por lo general aisladas, diseminadas y marginadas.

    En el año 2008 se cumplen diez años de la celebración de la Sesión Especial de la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre Drogas (UNGASS). En el año 1998 este mismo organismo se puso como objetivo la eliminación o reducción sustancial de los cultivos ilícitos. Es el momento de hacer un balance de las acciones realizadas y decidir en consecuencia una nueva estrategia para el futuro. Las poblaciones afectadas por las producciones ilícitas deberían tener un papel importante en este proceso.

    OBJETIVOS DEL FORO

    El I Foro Mundial de productores de Cultivos Declarados Ilícitos que se desea realizar en febrero del 2008, se plantea facilitar a los productores:

    Ø Intercambiar e informar sobre los problemas políticos y socioeconómicos que empujan a las comunidades hacia estas formas de agricultura, dándolos a conocer a la opinión pública mundial;

    Ø Abordar el porvenir de las poblaciones afectadas: desarrollo equitativo y sostenible de las economías, los territorios rurales, los recursos naturales, reformas agrarias, desarrollo alternativo, desarrollo de usos lícitos de estos cultivos (culturales, medicinales y alimenticios);

    Ø Generar propuestas de políticas distintas para ser presentadas a las instancias oficiales pertinentes;

    Ø Articular asociaciones y redes capaces de ser interlocutoras de las autoridades y entidades regionales, nacionales e internacionales, a la vez que actores de su propio desarrollo.

    El I Foro Mundial de Productores de Cultivos Declarados Ilícitos pretende reunir agricultores afectados por las políticas actuales. Somos conscientes que al estar limitados legalmente por su actividad productiva, se precisará la presencia de otros actores que participan en el contexto de la economía rural de estas regiones y que pueden dar su punto de vista y compartir sus experiencias: agentes de desarrollo local, de cooperación internacional, representantes comunitarios, expertos e investigadores, etc.

    Las conclusiones y deliberaciones de este I Foro Mundial deben ser tomadas en cuenta a la hora de diseñar las futuras estrategias políticas de los gobiernos y de la comunidad internacional. Se necesitan políticas que preserven el derecho de las gentes a mantener medios de sustento sostenibles más allá de los falsos enunciados que afirman que se resolverá el problema mundial del consumo de drogas atacando a los cultivadores pobres.

    El Comité Internacional Promotor de este primer I Foro Mundial de Productores de Cultivos Declarados Ilícitos (FMPCDI) hace un llamamiento a organismos internacionales, a asociaciones y sindicatos, a gobiernos, y a la sociedad civil en general, a que reconozcan la gravedad de la situación de las poblaciones afectadas, apoyando esta iniciativa.

    Valencia, España, 31 de marzo de 2007.

    COMPOSICIÓN DEL COMITÉ INTERNACIONAL PROMOTOR DEL PRIMER FORO MUNDIAL DE PRODUCTORES DE CULTIVOS DECLARADOS ILICITOS

    (CIP-FMPCDI)

    – Pedro Arenas (Colombia).

    – Ahmed Benamar (Marruecos).

    – Jean Bourliaud, Vicepresidente de APMM (Asociación de Poblaciones de Montaña del Mundo), (Francia).

    – Pierre-Arnaud Chouvy (Francia).

    – Vicent Garcés, Presidente de CERAI (Centro de Estudios Rurales y de Agricultura Internacional). (España)

    – Gil Gorchs, UPC (Universitat Politécnica de Catalunya). (España).

    – Alain Labrousse (Francia).

    – Laurent Laniel (Francia).

    – David Mansfield (Reino Unido)

    – Pien Metaal, TNI (Transnational Institute). (Holanda)

    – Pasqual Moreno Torregrosa, Vicepresidente de CERAI. (Coordinador del CIP-FMPCDI). (España)

    – Dionicio Núñez (Bolivia).

    – Silvia Rivera (Bolivia).

    – Ricardo Soberón (Perú).

    – Andreu Viola (España).

    – Coletta Youngers, WOLA (Washington Office on Latin America). (EE.UU.).

    PRIMERA RELACIÓN DE ORGANIZACIONES, ENTIDADES Y PERSONAS QUE SE ADHIEREN A LA CONVOCATORIA DEL PRIMER FORO MUNDIAL DE PRODUCTORES DE CULTIVOS DECLARADOS ILICITOS. (FMPCDI)

    – Acción Creativa. (Ecuador).

    – Acción Ecológica. (Ecuador).

    – Adolfo Maldonado, responsable de salud de Acción Ecológica. (Ecuador).

    – Arcángel Cadena. Ex alcalde de Calamar Guaviare. (Colombia).

    – Asociación Civil Desarrollo Rural Sustentable (DRIS). (Perú).

    – Asociación de Pequeños y Medianos Agricultores del Cauca (AGROPEMCA). Colombia.

    – Asociación de personas desplazadas del Guaviare (ASPODEGUA). (Colombia).

    – Asociación de Poblaciones de Montaña del Mundo (APMM). (Francia).

    – Asociación para la Promoción Social Alternativa. (MINGA). (Colombia).

    – Asociación para la Salvación Agropecuaria. (Colombia).

    – Aura María Puyana, socióloga. Representante de la red Defensa parques de Colombia. (Colombia).

    – Aurelio Suarez Montoya. Experto en temas rurales. (Colombia).

    – Baldomero Cáceres, médico toxicólogo. (Colombia).

    – Beckley Foundation Drug Policy Programma. (Reino Unido)

    – Camilo Gónzalez Posso. Ex ministro de Salud. (Colombia).

    – CENSAT-Agua Viva, plataforma ambientalista. (Colombia).

    – Centro de Estudios Rurales y de Agricultura Internacional (CERAI). (España).

    – César Cabrera. Dirigente campesino. (Ecuador).

    – Clínica de Derechos Humanos de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. (Ecuador).

    – Coalición Amazónica. (EE.UU).

    – Coalición Internacional de ONG´s para una política de Drogas Justa y Eficaz (ENCOD/ICN). (Engloba a 160 organizaciones).

    – Coalición No Bases de Ecuador. (Ecuador).

    – Colectivo Coca Soberanía. (Bolivia).

    – Comisión Ecuménica de Derechos Humanos (CEDHU). (Ecuador).

    – Comité Andino de Servicios (CAS). (Ecuador).

    – Confederación Nacional del Seguro Social Campesino- Coordinadora Nacional Campesina (CONFEUNASSC-CNC). (Ecuador).

    – Congo Films, productora de cine y video independiente. (Colombia).

    – Consejo de Federaciones Campesinas de los Yungas (COFECAY). (Bolivia).

    – Darío González, investigador social del distrito de Bogotá. (Colombia)

    – David Curtidor. Director de empresa. (Colombia).

    – Elsa Nivia, toxicóloga ambiental. Directora regional de la red RAP-AL. (Colombia).

    – Federación de organizaciones campesinas del Cordón Fronterizo Ecuatoriano de Sucumbios (FORCCOFES). (Ecuador).

    – Fernando Ramirez, coordinador subregional de RAP-AL en mesoamérica y el Caribe. (Costa Rica).

    – Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos. (INREDH). (Ecuador).

    – Germán Velez. Experto en biodiversidad. (Colombia).

    – Giovanny Gomez Criales. Diputado Asamblea Departamental del Guaviare. (Colombia).

    – Grupo Semillas. (Colombia).

    – Hector Mondragón, antropólogo y profesor. Consultor de ONIC Colombia. (Colombia).

    – Hugo Cabieses. Investigador y consultor. (Perú).

    – Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (INDEPAZ). (Colombia).

    – Integra2 Mundo. (Bolivia).

    – Luis Gomero, coordinador de RAP-AL en Perú.

    – Luiz Paulo Guanabara, psicólogo. (Psicotropicus). (Brasil).

    – Mancomunidad de municipios de los Yungas. (Bolivia).

    – María Elena Rozas, Alianza por una Mejor Calidad de vida, RAP-AL Chile y Cono Sur. (Chile)

    – Mario Argandoña, ex miembro de la OMC en representación de Bolivia. (Bolivia).

    – Misión d´Aide au Développement des Économies Rurales (MADERA). (Francia).

    – Movimiento Juventud por el Guaviare. (Colombia).

    – Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC). (Colombia).

    – Proyecto Coca-Nasa del Cauca de Colombia. (Colombia).

    – Radio Comunitaria Juventud Stereo de San José del Guaviare. (Colombia).

    – Red de Acción en Plaguicidas y sus alternativas para América Latina. (RAP-AL). (Colombia, Ecuador y Perú, Región andina, El Salvador, Nicaragua, mesoamérica y Caribe, Chile, Argentina, Cono Sur).

    – Scientia Consultoría Científica. (Bolivia).

    – Sean Cassin. (Drug Policy Action Group). (Irlanda).

    – Sebastian Saville. (Release). (Reino Unido).

    – Servicio Paz y Justicia de Ecuador (SERPAJ). (Ecuador).

    – Transnational Institute (TNI). (Holanda).

    – Washington Office on Latin America (WOLA). (EE.UU.).

    CONTACTO CON LA SECRETARÍA TÉCNICA (FMPCDI)

    El e-mail de contacto con la Secretaría Técnica es: [email protected]

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    Universidad Politécnica de Valencia (ETSIA-CERAI)

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    46022 Valencia

    España

    Mauricio Becerra

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