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    El Director de la División de Organizaciones Sociales (DOS), es un historiador que dirigió la Fundación Ideas por 12 años y fue, con Aylwin, director del INJUV. Sus amigos cercanos le consideran hoy pieza clave para un cambio en los modos de participación ciudadana. Estévez nos cuenta que el Gobierno Ciudadano es el “unicornio azul” de la presidenta, pero él dirige un casi ministerio y es su deber ayudarla a encontrarlo.


    tlc

    -El Gobierno de Lagos envió al parlamento un proyecto de ley de participación ciudadana que fue cuestionado por muchas organizaciones de la sociedad civil, que señalaban que aquél era insuficiente. ¿En qué aspectos se mejora el proyecto de ley con la indicación sustitutiva que ha mandado el gobierno de Bachelet al parlamento?

    -La indicación sustitutiva presentada hace un par de semanas en la Comisión de Gobierno Interior de la Cámara de Diputados introduce el derecho de la ciudadanía a participar en la gestión pública, y establece una serie de mecanismos para hacerlo posible. El proyecto plantea que los órganos de la administración pública deberán permitir que la ciudadanía tenga acceso a la información relevante respecto de las políticas públicas, y que deberán dar cuenta pública anual de su gestión, debiendo ella tener un carácter descentralizado.
    También se señala que los ciudadanos podrán ser convocados en procesos de consulta por parte de los órganos ya indicados, y que las opiniones recabadas deben ser ponderadas por la institución correspondiente para la toma de decisiones.
    La indicación además favorece que los mismos órganos, incluyendo los municipales, formen Consejos de la Sociedad Civil, los cuales serán consultivos, de carácter permanente o bien para materias especificas.

    -Al parecer sólo hablamos de consultas ciudadanas, pero dentro del planteamiento del gobierno ciudadano que ha promovido la actual administración ¿qué iniciativas políticas se implementarán para fortalecer la participación ciudadana y las organizaciones de la sociedad civil?
    -Los planteamientos señalados en la redacción actual del proyecto de ley entregan los elementos esenciales para la implementación práctica de una política de participación ciudadana. Para ello se ha diseñado para su pronta aplicación una serie de programas que permitirán fortalecer los instrumentos de información ciudadana hoy existentes. Así, las Oficinas de Información, Reclamos y Sugerencias están desarrollando un modelo integral de atención a los ciudadanos, con una red de portales virtuales y presenciales e incorporando en el sistema la información que fluya desde la propia sociedad civil.
    La participación efectiva y directa se promoverá a través de diálogos participativos que le permitan a las organizaciones de interés público y a los ciudadanos ser parte de los procesos que ocurren en el diseño, ejecución y evaluación de las políticas públicas. Durante el gobierno de la Presidenta Bachelet se impulsarán en forma paulatina la formación de Consejos de Sociedad Civil en los órganos de la administración pública, permitiendo así que la comunidad organizada pueda ser parte de las políticas públicas que allí se diseñen.
    A nivel comunal, se impulsará la realización de cabildos comunales, y se destacarán las buenas prácticas comunales de participación ciudadana.
    El desarrollo de la sociedad civil adquirirá nuevos impulsos. Hay que ampliar las iniciativas que permitan su fortalecimiento. Chile ha consolidado una sociedad civil presente en el quehacer nacional. La institucionalidad está en vías de ser modernizada, a través del proyecto de ley que comentamos, con la aprobación de los artículos que se refieren al asociacionismo, a los fondos públicos destinados a la sociedad civil, y al voluntariado.
    Se hace necesario abrir nuevos horizontes. Mejorar la capacidad tecnológica y de infraestructura de las organizaciones sociales. Se debe dar un reimpulso al voluntariado. Debemos apoyar a personas que se juntan y organizan y que no acceden a las formas tradicionales de organización social. Chile ha cambiado también en su tejido organizacional. Debemos responder a estas nuevas modalidades y exigencias.

    -¿Existen posibilidades, en el actual gobierno, de que oficialmente se concreten acciones legislativas para implementar en el ordenamiento político la Iniciativa Popular de Ley y el Defensor del Pueblo?

    -El programa de la Presidenta Bachelet establece claramente la necesidad de reformar el sistema electoral, de implementar la Iniciativa Popular de Ley, de permitir la elección de las autoridades regionales, de crear, como un órgano independiente y autónomo, una Defensoría del Pueblo. Ese es el compromiso del gobierno. Cada uno de estos temas será presentado en su momento para la discusión del Congreso Nacional. La oportunidad y la fuerza que tengan estas reformas constitucionales dependerán sin duda de la capacidad deliberativa que la sociedad civil y los ciudadanos sean capaces de instalar en la discusión política nacional.

    -En el marco de la visión política del actual gobierno ¿qué significado tiene en el presente la consigna de la “ciudadanización” de la política y la lucha por la calidad de la democracia que desarrollaron las organizaciones de la sociedad civil que apoyaron la candidatura de la Dra. Bachelet?
    -Es importante impulsar un debate en el país sobre la necesaria renovación de los espacios de la política. Este período estará marcado por una activación de las demandas ciudadanas. Entendemos que ello nos exige incentivar nuevas prácticas de participación ciudadana en las políticas públicas. Más allá de lo que está establecido en el proyecto de ley, se hace muy necesario que se comiencen a poner en práctica medidas concretas de incorporación ciudadana en la gestión pública, con el propósito de mejorar la calidad de nuestra democracia.

    Jorge Osorio

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