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    Las emblemáticas muertes de jóvenes en Puerto Aysén, que motivaron la designación de una ministra en visita en 2002 y fueron entendidas, en primera instancia, como suicidios o accidentes no relacionados con hechos de violencia policial, corrupción de menores y narcotráfico, en disonancia con la versión de familiares y testigos, siguen retumbando en la cabeza de monseñor Luis Infanti de la Mora.

    Hace algunos días se conmemoró el hallazgo del cuerpo sin vida de Roberto Lagos Flores, un ex conscripto del Ejército, a orillas del río Aysén. A lo menos tres de sus amigos corrieron la misma suerte, en distintas fechas: Leandro Morales, Juan Carlos Machuca y Rodrigo Barichivich. Sus expedientes se sumaron a la cuestionada investigación que realizara el fallecido juez Carlos Klapp en el caso de Víctor Hugo Barría, joven marino que en 1997 apareció flotando en las mismas aguas tras huir de Carabineros, igual como ocurrió más tarde con Fabián Díaz Nahuelquín,

    En el contexto del “caso Aysén”, la publicación de unas fotografías con prostitutas le significó a Klapp un traslado a Castro. Fue, sin embargo, solo uno de los ejemplos que hicieron tambalear la confianza en el Poder Judicial de la región, ya puesto sobre la lupa en los ‘90 con las denuncias de alcoholismo y otras irregularidades efectuadas por el actual ministro de la Suprema, Carlos Aránguiz.

    En 2002, los tribunales de Coyhaique ardieron. Desapareció una causa de drogas basada en antecedentes que Aránguiz venía pesquisando desde 1996 como fiscal de la Corte de Apelaciones, donde aparecían mencionados empresarios, militares y funcionarios judiciales. “Resulta lamentable que no se hayan decretado oportunamente los registros y allanamientos que el caso ameritaba… poniéndose en riesgo la investigación de una de las mayores redes de tráfico de cocaína que hayan sido denunciadas en esta ciudad”, escribió el hoy supremo en un informe vinculado a ese proceso, obtenido por El Ciudadano.

    Sobre este y otros temas conversamos con el obispo Infanti, religioso que en su momento cooperó activamente con las familias de quienes perdieron la vida en extrañas circunstancias. Los casos se mantienen archivados, a la espera de nuevos antecedentes.

    ¿Su diagnóstico de la falta de justicia en esta región ha cambiado?

    Cuando fue el caso Aysén estaba la justicia antigua todavía. Con la reforma ha habido una búsqueda mayor de soluciones, pero todavía permanecen casos igual que el caso Aysén. El de Carmen Montiel, el de María Vargas. El caso de Nabila Rifo últimamente. Hay situaciones en que pareciera que las investigaciones no son tan acuciosas como podrían ser, y por lo tanto se mantienen abiertas con dudas y cuestionamientos. Todavía hay cierta insatisfacción con la justicia.

    ¿Eso por qué sucede?

    No quisiera pensar mal de los fiscales, pero me imagino que las investigaciones deberían ser más acuciosas. En los casos de Vargas y Montiel, de lo que se ha sabido, hay elementos para llegar más a fondo.

    ¿Piensa que hay personas con temor a entregar antecedentes?

    No quisiera pensar eso. Quisiera pensar que no existe el miedo que hubo en el caso Aysén, que fue muy justificado, porque hubo testigos atemorizados y otros tergiversados, como yo mismo.

    ¿Cómo se materializaba esa intimidación?

    Te detienen al testigo, te detienen al asesor jurídico, te tergiversan. Yo fui interrogado dos veces por la ministra (Alicia Araneda) y fui tergiversado. Leí la declaración y le pedí que la cambiara. La leías rápidamente y decía más o menos lo que habías dicho, pero después había un juego de palabras para tergiversar. Si eso la ministra lo hace con el obispo, con mayor razón lo habrá hecho con otros testigos. El momento clave fue la detención de Carlos Alvear (el procurador que representaba a familiares de las víctimas). Fue como decir ‘si alguien sigue declarando, lo tomo preso’.

    En retrospectiva, ¿usted estima que las personas que intervinieron para aclarar las muertes del caso Aysén, hicieron lo suficiente en ese momento? ¿O se pudo haber hecho mucho más?

    Si hubiera habido cinco o seis abogados dedicados a tiempo completo, se podría haber hecho mucho más. Había un abogado y ni siquiera todo el tiempo. Eran muchas causas, cada una con características especiales y distintas. En ese contexto, si hubiera habido solamente un abogado dedicado al tema de los incendios de los tribunales, se podría haber ido mucho más a fondo.

    ¿Hasta descubrir quién los produjo?

    La ministra en visita dijo que ninguna de las causas emblemáticas se quemaron. En esas causas había ministros de la Corte involucrados. Cuando se pidieron los expedientes, la respuesta fue que no se encontraron.

    ¿O sea que desaparecieron?

    Misteriosamente.

    ¿Eso habla de una deuda del Poder Judicial de esta región? Que todavía no sepamos quién quemó los tribunales en 2002, más de una vez.

    Condenaron a un jovencito de Cochrane, que incluso materialmente era imposible que hubiera sido sólo él en la ejecución. Sobre todo en el segundo incendio, cuando había un bidón de bencina dentro del recinto. Incluso físicamente es imposible que un menor de edad lo haya hecho. En esa resolución, yo diría que ha sido más bien ridícula la postura de la justicia. Después no ha habido más profundización. No porque no hubiera motivos, sino porque se necesitarían más abogados para exigir a los jueces que haya investigaciones más serias y creíbles. Esto de los incendios yo creo que va muy ligado al caso Aysén.

    ¿La Iglesia continúa disponible para ofrecer un espacio a testigos que puedan aportar información?

    Si hubiera elementos para reactivar los casos, claro. La Iglesia tiene una Comisión de Justicia y Paz que es para eso, pero no tenemos la posibilidad de financiar abogados.

    LUCHA CONTRA LA POBREZA

    ¿Piensa que la pobreza es una barrera para acceder a la justicia?

    Es un tema que los pobres no tengan justicia, por la imposibilidad de financiar a alguien. En el caso Aysén pasó que el abogado tenía que investigar cosas y después decir a los jueces “tiene que investigar esto”. Si los jueces hubieran tenido que investigar elementos que planteaba el ‘testigo clave’ y otros testigos, porque no sólo él manifestaba una cantidad de hechos, evidentemente se habría involucrado a los famosos Intocables, gente con poder económico, político y judicial.

    Usted ha sido promotor de una iniciativa para declarar ilegal la pobreza. ¿En qué consiste?

    La propuesta surge de movimientos populares relacionados con el agua, que es esencial para el ser vivo. Profundizando más la relación entre el agua y la vida ha surgido, sobre todo en Europa, un movimiento en una universidad que creó Riccardo Petrella, un economista italiano que vive en Bélgica. Ahí surgió una campaña que busca declarar ilegal la pobreza en 2018, cuando se celebren 70 años de la Declaración Universal de los DDHH de la ONU. El primer objetivo del milenio, propuesto en 1975, era eliminar la pobreza en el mundo. Pero en el ’95 vieron que había aumentado, entonces propusieron, como nueva meta, reducir la pobreza a la mitad.

    De acuerdo con su reflexión, ¿qué es lo que genera la pobreza?

    Hay leyes que favorecen la pobreza, que es la otra cara de la medalla de la extrema riqueza, y crean un sistema social de empobrecimiento, de marginación. Estamos hablando de pobreza no solo en cuanto a plata. La pobreza también es una forma de esclavitud que reduce, disminuye, ofende y hiere la dignidad humana.

    NUEVA CONSTITUCIÓN

    ¿Usted observa que en nuestro parlamento, altamente cuestionado por casos de corrupción, se hacen leyes para facilitar la concentración de la extrema riqueza?

    La Constitución misma promueve un país desigual. Tú ves toda la corrupción de las farmacias, los monopolios, los supermercados y toda la lista que quieras. Es un sistema que favorece la desigualdad. La estadística dice que la pobreza en Chile ha disminuido, sin embargo, la desigualdad ha aumentado. Entonces la campaña de declarar no solo inmoral la pobreza apunta a leyes que la favorecen, como instituciones, personas y transnacionales. ¿Necesita Benetton un millón de hectáreas en la Patagonia? En Aysén el 96% de la propiedad del agua es de una transnacional.

    Entonces los recursos de esta región no se explotan para quienes la habitan.

    No sólo en esta región. En África van por alimentos, agua, minerales. En América Latina lo mismo, con algo más de resistencia de las comunidades que se sienten colonizadas. Eso produce pobreza, marginación. Los niños de Puerto Aguirre, una isla en pleno océano, comen pescado traído de China, en tarro, con un olor desagradable. Teniendo ahí los recursos naturales. No es casualidad que suceda esto, hay un sistema económico que favorece que se depreden los mares y se quite posibilidad de trabajo a los pescadores artesanales. Favorece una degradación incluso alimenticia.

    ¿Ha tenido manifestaciones de apoyo en este proyecto?

    Aquí en Aysén los municipios de Coyhaique y Chile Chico, como entidades municipales, declararon ilegal la pobreza. Y la Escuela San José Obrero el primero de septiembre también. Son opciones valientes que abren perspectivas importantes.

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