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    Sectores ecologistas y el empresariado tienen confianza y esperanzas en el nuevo gobierno. Si bien no hay tantos puntos en común, en lo que más difieren es en el cambio de la institucionalidad ambiental y en reordenar el territorio.


    Manuel Baquedano, del Instituto de Ecología Política:
    “Los ecologistas entramos
    en la gobernabilidad”

    Por primera vez en democracia, el sector que representa Manuel Baquedano se sumó a la candidatura de la Concertación y tiene esperanzas en que la presidenta esta vez sí cumplirá con las 10 demandas que su sector les hizo llegar.

    baquedano
    -¿Qué llevó a los ecologistas ligados al IEP y a Renace a apoyar la candidatura de Bachelet?
    -Concebíamos que ésta era una candidatura ciudadana, por lo que había espacio para poder generar demandas ambientales y no seguir con políticas testimoniales. Era mejor negociar una agenda con principios importantes y entrar a participar en el proceso de gobernabilidad ambiental.

    -¿Hubo choques con sectores de la Concertación?
    -Ellos no querían un Ministro del Medio Ambiente y la reforma a la institucionalidad ambiental, nosotros creemos que parte por eso y llegamos a un acuerdo con la presidenta. Hoy forma parte de las 36 medidas de los primeros días de gobierno, estando en discusión en el parlamento. Sin ese acuerdo, no habría ministro del medio ambiente.

    -¿Qué otras propuestas se comprometió a cumplir la presidenta?

    -Son 10 puntos, negociados con la propia Presidenta, entre los que destacan el no considerar la opción nuclear como alternativa energética en el actual gobierno. También están la creación de un fondo ambiental para que la ciudadanía pueda generar proyectos en su entorno; la creación de un encargado ambiental a nivel de municipios; el inicio de cuentas nacionales de medio ambiente, donde se lleve un conteo de los problemas y llegar a un 15% de energías renovables en la matriz energética.

    -En el anterior gobierno, una representante del sector ambiental, Adriana Hoffman colaboró en una primera etapa, pero después renunció.
    -Lo que hicimos fue entrar a un proceso de gobernabilidad, porque hasta ahora hemos hecho bien en denunciar, pero eso nos ha mantenido en la tribuna. Hicimos una reorientación para negociar un piso para entrar a discutir. Nos aburrimos de estar en la tribuna y queremos incidir en las tendencias. Hay un cambio táctico, no de estrategias.

    -¿Y qué percepción tienen de los casos como la planta de Celco en Valdivia o Pascua Lama donde se prosigue en la línea trazada por Frei y Lagos?
    -Tanto la izquierda como la derecha son industrialistas, y ninguna quiere cambiar el modelo de desarrollo basado en el “progreso”. El modelo industrialista es lo central y, desgraciadamente, no creo que el gobierno de Bachelet esté por cambiarlo. En Chile si los ambientalistas no crean una fuerza política propia no van a tener mucho éxito. Es necesario un partido que enfrente al industrialismo presente tanto en la izquierda como la derecha.

    -Parece que el IEP se cansó de apelar a la ciudadanía y ahora lo hace al gobierno.
    -La ciudadanía sólo reacciona cuando el tema les toca a ellos. No he conocido experiencias en las cuales hayan puesto por delante el ambiente a la fuente de trabajo o inversión. En Pascua Lama una parte de los regantes le dieron el pase a Barrick Gold a cambio de 20 millones de dólares, lo mismo ocurrió en Itata con compensaciones a municipios y a algunos pescadores. Creo que aún la ciudadanía es algo muy abstracto, porque no está dispuesta a sacrificar comodidades por conservar el medio ambiente en Chile.

    -¿Qué cambios a la institucionalidad ambiental son urgentes?

    -Es necesaria una perspectiva que ordene el territorio e implique una mayor inversión ambiental a quienes vayan a hacer las actividades productivas. El problema es que después de la doctrina Frei, seguida por Lagos, no se apunta a que un proyecto se pueda hacer o no, sino que tienden a mitigar el costo ambiental, o sea, ver en qué mejores condiciones se hace. Estudio hecho en Chile es permiso dado.

    Caso Celco: Creo que Celco no reconoce haber contaminado el río Cruces por cuestiones jurídicas, porque si lo hacen podrían tener que pagar indemnizaciones. El tema de fondo es que es una industria mal ubicada, se definió su lugar antes del Estudio de Impacto Ambiental por parte del presidente Frei y usan una tecnología que requiere diluir el dióxido de cloro en grandes cuerpos de agua. Si hubiese una industria sin cloro no habría problema que el tubo llegase a un río o al mar. Con la tecnología actual están externalizando un recurso que es tóxico.

    Jaime Dinamarca, Gerente Ambiental de la Sofofa
    “El programa de Bachelet
    es muy bueno”

    sofofa

    Partió su carrera asesorando al senador UDI Eugenio Cantuarias, después pasó a la Gerencia de Medio Ambiente de la Confederación para la Producción y el Comercio de Concepción, hoy es el flamante Gerente Ambiental de la Sociedad de Fomento Fabril.

    -Hace pocos días, Bruno Phillipi señaló la oposición de parte del empresariado a la creación de un Ministerio de Medio Ambiente ¿Qué razones tienen para oponerse?
    -Más bien tenemos algunas inquietudes. A principios de los ‘90, en la discusión sobre la institucionalidad ambiental, se prefirió una comisión multisectorial donde convergen los 14 ministerios que tienen competencia en el tema. Plantear ahora modificar una institucionalidad que funciona, no es adecuado. Aunque preferiríamos conocer la propuesta y ver las virtudes que tiene, antes de emitir un juicio tajante.

    -¿De acuerdo con el programa de gobierno de Bachelet en materia ambiental?
    -El programa de la presidenta tiene elementos muy buenos. Esperamos que se cumplan. Si lo analizas con detenimiento, es muy sustantivo. Claro, si se llega a hacer.

    -¿Pero no le gustan a la Sofofa decretos que establezcan un ordenamiento territorial?

    -Hacer dicho ordenamiento no nace de una inquietud ambiental. Su definición a priori la toma alguien en un escritorio y es de carácter voluntarista. No toma en cuenta los impactos ambientales asociados a los proyectos de productividad. La planificación de un territorio tiene más posibilidades de equivocarse que el análisis de un caso en particular.

    -Pero las críticas al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) apuntan a que no protegen ningún lugar de ser intervenido, sino que solamente termina perfeccionado los proyectos.
    -Cualquier proyecto se puede compatibilizar con el entorno ambiental adoptando las medidas de rigor. Dependiendo del lugar de emplazamiento del proyecto se definirán las medidas a seguir. El desarrollo económico es esencialmente dinámico. Si te pones a planificar, el horizonte de éste será muy estrecho y tendrás más posibilidades de equivocarte.

    -Pero un ordenamiento territorial le da seguridad tanto a los vecinos como a las empresas de determinado territorio, para saber que no habrá intervenciones futuras que les puedan contaminar o cambiar las condiciones ambientales del lugar donde viven, o donde producen…

    -El mejor ejemplo es lo que ocurre con los planos reguladores comunales. Cualquier plan regulador de ciudad es modificado a la semana. ¿Por qué? Por que no se previó que se podía hacer un edificio de altura o alguna construcción. Siendo necesarios, están expuestos a constantes cambios. No se puede inmovilizar el desarrollo económico productivo de todo un sector. El SEIA no está hecho para resolver conflictos de intereses. Es un mecanismo que en estos diez años que va a cumplir ha permitido el desarrollo de numerosos proyectos de inversión. Ha cumplido la función que se le pide y en eso estamos conformes.

    -¿Podría señalar las prioridades de una agenda ambiental según la Sofofa?

    -Nos gustaría que se cumpliera con los monitoreos de la calidad del aire en todo el territorio que estableció la misma ley y que el Gobierno aún no ha puesto en marcha. Si preguntas en cuántas ciudades hoy se mide la calidad del aire, en menos de 10 eso ocurre. Muchas ciudades, como Temuco y Talcahuano, han pasado el estado de latencia, definido por las normas ambientales, y el Estado sigue autorizando nuevas fuentes de emisión. Eso debe parar.

    Caso Celco: “Lo que hubo allí fue un accidente ambiental, no se pudo prever. La comunidad científica aún no está de acuerdo en qué provocó la muerte de 200 cisnes y la disminución del luchecillo. Se buscó el chivo expiatorio y se acusó a Celco. Es fácil generar desconfianzas en la gente cuando tienes a un grupo de actores sembrando la cizaña. Esta empresa tiene historia, una trayectoria y da empleos en la región.

    Mauricio Becerra

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