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    El Congreso de España aprobó este jueves el decreto de universalización de la salud, que devuelve la asistencia sanitaria a los inmigrantes irregulares en las mismas condiciones que los españoles, sin que tengan necesidad de justificar su residencia.

    A falta de la votación, todos los grupos parlamentarios, a excepción del Partido Popular, manifestaron su apoyo a la convalidación del Real Decreto-Ley, aprobado por el Consejo de Ministros el pasado 27 de julio, así como que se tramite como proyecto de Ley, lo que permitirá incorporar las aportaciones de los partidos.

    El grupo que se opuso fue precisamente el Partido Popular, la formación parlamentaria que propuso anteriormente arrebatar el carácter universal del sistema de salud.

    “Para el Gobierno anterior era urgente recortar derechos”

    La norma, según la ministra de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, Carmen Montón, representa un “auténtico” cambio de modelo en la asistencia sanitaria en España, ya que la titularidad del derecho a la salud se basa en la condición de ciudadanía y se desliga de la de asegurado o beneficiario.

    ”Para el anterior Gobierno era urgente recortar derechos; para el actual, es urgente recuperarlos”, afirmó. También existía urgencia, según Montón, para garantizar la seguridad jurídica de los profesionales y armonizar y dar cohesión territorial al acceso a la sanidad, ya que las comunidades que no estaban de acuerdo con la exclusión de la reforma del PP adoptaron soluciones de manera desigual.

    La norma reconoce al Ministerio de Sanidad las competencias del reconocimiento a la asistencia sanitaria, en tanto que las comunidades autónomas serán las encargadas de tramitar las solicitudes y expedir las tarjetas sanitarias que acrediten a los irregulares como residentes para poder recibir la prestación asistencial.

    Para ello, el Ministerio ya ha enviado a las autonomías una propuesta de instrucción para la ejecución de la norma, y éstas ya han planteado sus aportaciones, como que la asistencia será gratuita en el período que hay entre la entrega del documento provisional y la emisión de la tarjeta sanitaria.

    Marchan en España contra la privatización del sistema de salud público

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