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    Este sábado se cumple el primer aniversario de la declaración unilateral de independencia que se votó en el Parlamento catalán y de la posterior aplicación del artículo 155 de la Constitución española, aplicado por el Ejecutivo de Mariano Rajoy.

    El 27 de octubre de 2017 los diputados y diputadas independentistas participaron en la votación de “la república catalana como estado independiente y soberano”, que desencadenó en la aplicación del artículo 155 que se votó en el Senado español.

    El primer aniversario coincide con que gran parte de los impulsores se encuentran en el exilio o en prisión.

    Además, el Tribunal Supremo de España confirmó este jueves el cierre de la investigación contra la cúpula del independentismo catalán y decretó la apertura de juicio oral contra 18 de los procesados en la causa.

    Los líderes sociales, cabeza de las organizaciones Asamblea Nacional Catalana y Òmnium Cultural, Jordi Sànchez y Jordi Cuixart –los primeros entrar en prisión preventiva en el marco de esta causa– serán juzgados por un delito de rebelión.

    Por otro lado, serán juzgados por un delito de rebelión y otro de malversación –con unas penas acumuladas que superan los 30 años de prisión– los líderes políticos Oriol Junqueras (ex vicepresidente del Gobierno catalán), Carme Forcadell (expresidenta del Parlamento catalán), y los exconsejeros Joaquim Forn, Jordi Turull, Josep Rull, Raül Romeva y Dolors Bassa.

    El expresidente Carles Puigdemont, autor del discurso de declaración de independencia y posterior suspensión de la misma, no será juzgado en este procedimiento al estar en Bélgica y retirarse la euroorden de busca y captura que pesaba sobre él.

    Ese 27 de octubre el Parlamento catalán inició un proceso constituyente, aprobando una resolución de los grupos independentistas que pedía “instar al Gobierno catalán a dictar todas las resoluciones necesarias para el desarrollo de la Ley de Transitoriedad Jurídica y fundacional de la República”.

    Apenas unas horas después de esta votación, el fiscal general del Estado anunció dos querellas contra la cúpula independentista.

    El mismo día, el Senado español aprueba la puesta en marcha del artículo 155 de la Constitución para destituir al Ejecutivo catalán, intervenir las competencias y convocar elecciones autonómicas.

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