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    La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional y la Fiscalía Anticorrupción detuvieron este jueves al menos 20 personas durante una macroredada llevada a cabo en distintos puntos de Barcelona como parte de una operación contra el presunto uso fraudulento de subvenciones para financiar el proceso independentista catalán.

    Según informó el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJCAT), estas actuaciones se enmarcan dentro de una causa abierta por la presunta comisión de delitos de malversación, prevaricación, negociación prohibida a funcionario público, falsedad y fraude en subvenciones.

    “El Juzgado de Instrucción 1 de Barcelona investiga desde hace más de un año un entramado por el que se habría defraudado un mínimo de dos millones de euros a través de subvenciones irregulares en materia de cooperación al desarrollo desde la Diputación de Barcelona a través de diferentes entidades”, informó el TSJCAT a través de un comunicado.

    La investigación –según apuntan medios locales– se centra en el presunto desvío de subvenciones procedentes de la Unión Europea para cooperación en países en desarrollo hacia distintas organizaciones vinculadas con el independentismo catalán.

    Según reseña el diario La Vanguardia, por el momento las redadas dejaron al menos 20 detenidos, entre los que destaca el diputado independentista Francesc de Dalmases, diputado de la coalición Junts Per Catalunya.

    Además, entre los detenidos se encuentran el exdirector de Relaciones Internacionales de la Diputación de Barcelona, Jordi Castells; el alcalde de Tordera, Joan Carles García y el exalcalde de Martorell y expresidente de la Diputación de Barcelona, Salvador Esteve.

    La operación, bautizada con el nombre Operación Estela, sigue en marcha y no se descarta que a lo largo de la mañana se produzcan más detenciones durante los registros ordenados por el juzgado.

    Carles Campuzano, portavoz de la formación independentista PDECAT en el Congreso de los Diputados, calificó la operación como “una demostración evidente” de que la justicia española está “retorciendo la legalidad” para buscar pruebas de delitos “que no existen”.

    “Es una demostración de cómo el Estado está retorciendo la legalidad vigente para inventarse delitos que no existen”, dijo en declaraciones a TV3, la televisión pública catalana.

    Según Campuzano, las detenciones y registros de este jueves ponen de manifiesto que el Tribunal Supremo todavía no tiene a su disposición pruebas para sustentar el delito de malversación por el que están procesados hasta 14 políticos catalanes en la causa donde se investiga a la cúpula del proceso independentista.

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