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    Una nueva polémica se ha generado alrededor del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, luego de darse a conocer que el actual Fiscal General, Matthew Whitaker, a quien designó en el cargo tras el despido de Jeff Sessions, presuntamente habría cobrado más de 1,2 millones de dólares de origen desconocido entre los años 2014 y 2017.

    Trascendió que el dinero es de una organización sin ánimo de lucro, Foundation for Accountability and Civic Trust (FACT), cuya financiación es dudosa y de la que Whitaker era el único trabajador, al incorporarse tras mudarse a Washington hace cuatro años.

    El periódico The Washington Post dijo en un artículo que no pudo establecer ni el origen de la financiación de FACT ni el de la propia organización, fundada en 2012 bajo un nombre diferente. Un portavoz dijo que el organismo no está obligado a revelar su fuente de financiación, aunque declaraciones de impuestos a las que tuvo acceso el diario revelan que parte del dinero llegó de Donors Trust, una organización utilizada para hacer donaciones anónimas a entidades conservadoras.

    “Como casi todas las organizaciones sin ánimo de lucro, incluidas aquellas con objetivos similares, FACT no está obligado a revelar la información de sus donantes. Esto protege los derechos de libertad de expresión de todos los donantes de los grupos”, dijo el portavoz, según lo publicado por el portal web El Comercio.

    Por otra parte, los senadores demócratas pertenecientes a la Comisión Judicial, Richard Blumenthal, Sheldon Whitehouse y Mazie Hirono, intentan frenar en los tribunales el nombramiento de Whitaker como fiscal general interino, a través de la presentación este lunes de un recurso judicial contra la decisión del jefe de Estado norteamericano.

    La demanda de 17 páginas señala que el nombramiento incumple la cláusula de nombramientos de la Constitución, que exige que los cargos más altos de la administración federal sean nombrados solo tras el asesoramiento y la aprobación del Senado. “El Senado de Estados Unidos no ha consentido que el señor Whitaker tenga ningún cargo en el Gobierno federal y menos el máximo cargo” del Departamento de Justicia, argumentan.

    “Antes de decidir si aprueba al señor Whitaker para ese cargo, los demandantes y otros miembros del Senado deberían tener la oportunidad de considerar sus consecuencias legales, su relación con una empresa investigada por la vía penal por fraude a los consumidores y sus declaraciones públicas criticando y pidiendo el final de las investigaciones del Departamento de Justicia relacionadas con el presidente”, añaden.

    A.L.

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