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    Cerca de 150 niños inmigrantes siguen estando separados de sus familiares en Estados Unidos, convirtiéndose en víctimas de las prácticas “tolerancia cero” del Gobierno del presidente Donald Trump, detalla un informe difundido por el Departamento de Salud y Servicios Humanos.

    En el texto se evidencia que 147 niños se encuentran bajo custodia federal casi cinco meses después de una orden judicial para la reunificación familiar, a causa de la política impuesta por Trump contra los inmigrantes sin documentos.

    Según las cifras oficiales indican que dos mil 667 pequeños fueron separados de sus progenitores. Sin embargo, la administración identificó a dos mil 654 afectados por la referida situación, pero hace poco tiempo elevó en 13 esa cantidad.

    La fuente declaró que los padres de 30 niños fueron considerados como no elegibles para la unión por presentar antecedentes penales, pese a que los organismos civiles sostienen que los progenitores cometieron faltas menores sin afectar su capacidad para cuidar a los descendientes.

    Precisó que los padres de los restantes 117 chicos fueron deportados a sus naciones de origen y 11 no han sido localizados. Mientras que siete papas pidieron que los hijos regresaran a su lado y 99 renunciaron a los derechos de reunificación y solicitaron que sus descendientes permanezcan en Estados Unidos para evitar exponerlos a las existentes condiciones de violencia en sus países.

    La reunificación familiar le cuesta al Gobierno norteamericano en promedio 30 mil dólares, datos expuestos en el informe.

    Lee Gelernt, abogado de la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles, considera que hay mucho trabajo por hacer en este asunto y luego las familias necesitarán ayuda médica para lidiar con el trauma de la separación.

    La política de “tolerancia cero”, aplicada desde mayo último a nivel nacional y foráneo, estableció que cualquier detenido al cruzar ilegalmente la línea divisoria entre Estados Unidos y México fuera acusado de cargos criminales.

    Trump firmó el pasado 20 de junio una orden ejecutiva por la presión de diversas voces y con el fin de frenar la división familiar,  pero quedaron fuera de la disposición quienes habían sido víctimas de la práctica.

    Menos de una semana después, el juez federal Dana Sabraw, de San Diego, California, ordenó al Gobierno que procediera de inmediato con la reunificación de familias separadas, pero los plazos se cumplieron sin lograr el objetivo de manera total.

    En agosto, Sabraw favoreció una estrategia presentada por funcionarios de los departamentos de Salud y Servicios Humanos, Seguridad Nacional, Estado, y Justicia para impulsar y concretar el proceso de unión, cuya variante se basaba en identificar a las familias, hacer contacto, determinar las intenciones del padre con el niño, resolver cuestiones migratorias del menor, y por último transportarlo al país de origen para unirse a su allegado.

    No obstante, más de un centenar de infantes requieren que se le resuelva su situación y garantice sus derechos humanos.

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