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    El argumento utilizado por sectores de la derecha internacional que refiere la necesidad de derrocar al Gobierno para poner fin a la llamada “crisis humanitaria” en Venezuela, no debería permitirse porque viola los principios de la Carta de las Naciones Unidas, así lo afirmó Carolus Wimmer, expresidente del Parlamento Latinoamericano – Capítulo Venezuela, desde Ginebra.

    “Aquí a las Naciones Unidas vienen muchas personas, entre ellos altos funcionarios de gobiernos supuestamente democráticos, diciendo que es necesario un “cambio de régimen” en Venezuela, incluso por la vía militar, para acabar con la crisis humanitaria”, afirmó Wimmer durante el debate del informe del experto independiente Alfred de Zayas.

    “Es necesario que se sepa que ese discurso viola los principios de la ONU y las resoluciones de Asamblea General. Cualquier injerencia no solo militar sino  económica en los asuntos internos de un Estado es contraria al espíritu de las Naciones Unidas. Es la responsabilidad de este ente multilateral  atender  las recomendaciones del  experto independiente Alfred de  De Zayas antes de fijar una posición sesgada”, reiteró Wimmer.

    “Es falso que exista una crisis humanitaria comparable a las de África o Medio Oriente, pero son innegables los gravísimos efectos negativos sobre la vida de la población debido a las sanciones financieras de Estados Unidos y la Unión Europea”, aseguró el también vicepresidente del Comité de Solidaridad Internacional (COSI), adscrito al Consejo Mundial de la Paz (CMP) con sede en Grecia.

    “Movimiento sociales adscritos al  Consejo Mundial de la Paz (CMP) han reconocido la validez del documento de Zayas, elaborado con una metodología científica, y presentado en el 39° Período de Sesiones del Consejo de Derechos Humanos de la ONU”, prosiguió.

    El texto citado es el resultado de una investigación  in situs realizada por Zayas entre el 26 de noviembre  y el 9 de diciembre de 2017, que arrojó como resultado que la situación económica en Venezuela no puede compararse con las situaciones experimentadas en Gaza, Yemen, Libia, Irak, Haití, Malí, Sudán, Somalia o Myanmar.

    El debate en defensa del informe que sectores de la centro- derecha trataron de descalificar, fue presidido por asociaciones de dilatada trayectoria en el activismo contra las medidas coercitivas (sanciones) y sus efectos sobre los pueblos.

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