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    mauricio becerraEstoy concluyendo un magíster en un centro de investigaciones de Brasil y aún recuerdo la cara de mis compañeros cuando les decía que en Chile se paga por estudiar. ¿No tienen universidades públicas? – me preguntaban. Les decía que sí, pero que igual había que pagar y resultaba más extraño para ellos. ¿Pero no son públicas? – me decían con cara de perplejidad.

    También recuerdo mi sorpresa cuando pedía un certificado de estudios o una concentración de notas o un certificado de titulación y cuando les preguntaba por el costo, los funcionarios me miraban con cara de extrañeza diciéndome “no se paga por eso, no tiene costo”.

    Como había estudiado en Chile en una universidad del Consejo de Rectores fui formateado con tener que pagar (o endeudarme, mejor dicho) un arancel que supera el sueldo mínimo y una matrícula cada inicio de semestre. Certificado de alumno regular; pase a la caja. Concentración de notas; no tiene costo, pero pague las estampillas. Certificado de titulación; pague todas las deudas con la universidad y lo tendrá.

    En Brasil, Argentina, Venezuela y varios otros países no existe el cálculo sobre cuánto tiene que pagar cada alumno cada mes por estudiar. En las universidades no hay cajas ni departamentos dedicados a calcular todo aquello. El Estado financia las universidades – profesores, investigadores, materiales para investigación, personal técnico y auxiliar- y no se hace un guarismo para terminar definiendo un costo final para cada alumno. Es simplemente un fondo basal para las universidades, muy al contrario de Chile, donde se espera que la demanda financie los centros de estudio.

    No en vano, hasta hace pocos años la Universidad de Chile recibía del Estado un 10% de su presupuesto (siendo la más financiada de las estatales), obligando a las casas de estudio a cobrar aranceles a los estudiantes o vender las investigaciones al sector privado (la industria maderera construyó el edificio de Ingeniería Forestal y la biblioteca de Ingeniería Comercial recibió el nombre de su financista: Andrónico Luksic). De esta forma las universidades chilenas convirtieron a los estudiantes en clientes, monetarizando cada relación. Te demoras en devolver un libro, pagas una multa en pesos; así también con sacar la credencial universitaria o cualquier certificado.

    La fórmula del gobierno de Bachelet para cumplir la promesa de la gratuidad en la educación sólo repite el viejo esquema instaurado por Pinochet en 1981, cuando el dictador determinó que la educación superior es ‘excepcional’ y se debe pagar, sentando las bases para crear un ‘mercado universitario’, organizado en base a la competencia entre las diferentes universidades por recursos y estudiantes.

    En vez de financiar directamente a las universidades, se disfraza de gratuidad el sistema de las becas. Es la repetida subvención de la demanda a través del modelo de voucher, o sea, el Estado paga las mensualidades estipuladas por una industria educativa.

    La ministra de Educación, Adriana del Piano, disfraza el esquema diciendo que es para instituciones del Consejo de Rectores y privadas sin fines de lucro. Desde definir que la gratuidad no es universal, sino que definida por la pertenencia a cinco deciles socioeconómicos (o sea, si eres de un grupo familiar de tres personas cuyo presupuesto mensual es poco más de 470 mil pesos mensuales, no entras), condicionar la ayuda estatal a la duración formal de las carreras y financiar sólo una carrera por persona, sólo terminan por perfeccionar el modelo instaurado por Pinochet de 1981.

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    La segmentación por deciles económicos para acceder a gratuidad reproduce la lógica de un Estado subsidiario, para el cual la educación no es un derecho sino que es una mercancía y el Estado sólo entra entregando recursos a quienes no puedan pagar. El gobierno no se hace cargo de la educación como un derecho, sino que de financiar carreras infladas en sus costos. Pese a que la ministra del Piano niega de que se trate de una beca, la Fundación Nodo XXI lo explicita fácil: Dos cosas caracterizan una beca: primero, está vinculada al estudiante; y, segundo, depende de cumplir ciertas características, generalmente una determinada condición socioeconómica.

    El gobierno dice que no está permitido el lucro por ley, pero cuesta entender que no hay algo de ganancia cuando el costo para este año de la carrera de Psicología en la UDP (universidad que entra en la propuesta del gobierno) tiene un costo anual de $4.764.000.

    Tal como lo han denunciado los estudiantes agrupados en la Confech la gratuidad en la educación pasa por aportes basales directos a las universidades públicas para que financien su estructura y misión.

    El anuncio de la ministra del Piano es más financiamiento público para los empresarios de la educación. El gobierno no financia así la educación, sino que a los conglomerados educativos.

    Realmente el gobierno de la Nueva Mayoría no sabe cómo hacer las cosas. No son capaces de imaginar otras formas de gestión gubernamental que se aparten de un Estado subsidiario. Los reducidos marcos de posibilidad en que zigzaguea la mandataria tejen un remedo para poder decir que cumplieron la promesa de campaña si alterar el modelo chileno que mercantiliza la vida y que tiene en su prontuario engendros como el CAE, en que en vez de financiar directamente a los estudiantes se financiaba a los bancos. No en vano, el inventor de ese modelo, Sergio Bitar, figura hoy como asesor del Mineduc.

    Es la misma política de subsidio a las AFP o al Transantiago. Los transformismos tan propios de la transición que ya hace décadas denunciaba el sociólogo Tomás Moulian, siguen vigentes. Se trata de mantener un esquema de gobierno orientado a subsidiar a los estudiantes que escogen una institución educativa en un mercado mínimamente regulado.

    La propuesta de gratuidad para la educación superior reproduce el sistema de financiamiento a la demanda. Se trata de otro engendro de una forma de gobierno que no es capaz de imaginar un sistema educativo que no transite por la cuerda floja del neoliberalismo.

    Mauricio Becerra Rebolledo

    Periodista, magíster en Historia de las Ciencias de la Salud COC Fiocruz

    @kalidoscop

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