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    En octubre de 2014, El Ciudadano reveló que el sobrino del director de la PDI Marcos Vásquez, sobre quien se mantiene una condena por cuasidelito de homicidio, continuaba prestando servicios en la institución.

    En los mismos términos, el mandamás de Investigaciones ha decidido recontratar ahora al prefecto en retiro, Luis Sandoval Monteiro, cuya gestión fue ampliamente criticada por el Poder Judicial.

    En febrero de este año, el juez David Gómez Palma del Segundo Juzgado de Letras del Trabajo, condenó al Fisco de Chile a pagar una millonaria suma por la arbitraria persecución que le costó la carrera al ex jefe de la Brigada de Homicidios de Santiago, Gilberto Opazo.

    En 2010, el subprefecto Opazo tuvo una serie de conflictos con Luis Sandoval, los que se agudizaron cuando en un reclamo el primero acusó al jefe collipullano de tener “motivaciones ocultas relacionadas con el caso del homicidio del senador Jaime Guzmán” y de falsear hechos para desligarlo de esa investigación.

    La reacción del mando fue iniciar un sumario administrativo en contra de Opazo, no para investigar las denuncias planteadas sino para verificar si sus palabras habían dañado la honra del superior interpelado.

    Esto, en opinión del juez, constituyó una vulneración de garantías constitucionales en lo que respecta al derecho a la libertad de opinión del funcionario público, consagrado en el artículo 19 Nº 12 de la Constitución Política de Chile.

    Aparentemente, el director Marcos Vásquez no consideró esta condena para reubicar a Sandoval – quien se acogió a retiro en 2014 – en un cargo de asesoramiento comunicacional estratégico.

    Y eso que no es la primera acusación que lo complica: también se le cuestiona por la compra multimillonaria de un software de IBM a sobreprecio y por carecer de talento investigativo en el caso del bombazo en el Subcentro, en el del robo a la Tía Rica y en el emblemático caso de los jóvenes muertos de Puerto Aysén, donde Sandoval no logró establecer la existencia de una red de tráfico de drogas que presuntamente implicaba a funcionarios del Ejército jubilados y en activo en el año 2000.

    La irregularidad anterior se une a la contratación de la hija de Luis Sandoval como abogada de la Jefatura Jurídica de la PDI. Según fuentes allegadas a la institución, el contrato fue suscrito en julio del año pasado, sin concurso público de por medio, y a sólo un mes de que obtuviera el título de jurista.

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