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    Movimientos sociales de la ciudad de Sao Paulo, Brasil, exigieron este jueves 7 de febrero justicia por el asesinato de la concejal Marielle Franco, ocurrido en marzo de 2018, un crimen que aún no ha sido esclarecido.

    Los manifestantes pidieron que sea investigado el presunto vinculo existente entre el senador Flavio Bolsonaro, hijo del presidente Jair Bolsonaro, con los sujetos señalados por el crimen.

    Miembros de los colectivos de mujeres aseguraron que lo ocurrido a la concejal fue un hecho político, por lo cual es necesario que se indague para esclarecer el caso.

    Además, reiteraron que “la población tiene derecho a saber qué ocurrió”, ya que consideran que los rumores detrás del asesinato de Franco plantean un panorama temeroso para el país.

    Marielle fue una mujer de lucha y nuestra organización tiene una vinculación con esa mujer de lucha, que representa mucho de lo que creemos y lo que vivimos”, indicó la activista de Sao Paulo, Maria Luisa Menezes.

    En 2016 ganó el cargo de concejal en Río de Janeiro, fue la quinta candidata más votada

    Reina la impunidad

    Pese a las pruebas presentadas por la Fiscalía, el senador Bolsonaro ha desestimado las investigaciones y en diferentes oportunidades se ha negado a declarar ante el Ministerio Público.

    Según esta investigación, la madre y la esposa del capitán Adriano Magalhaes da Nobrega, vinculado al asesinato de Franco, trabajaron con el hijo del presidente brasileño,quien también está presuntamente implicado en casos de lavado de dinero.

    Marielle, mujer de lucha

    Franco fue una concejal municipal, pero en esencia fue una mujer negra, pobre, madre soltera con 38 años de edad, defensora de los derechos humanos y militante de izquierda, lo que la convirtió en blanco de un cruel asesinato.

    Su homicidio ocurrió en Río de Janeiro, cuando iba a su casa junto a su asesora y su chofer, quienes también perdieron la vida. El vehículo tenía 13 impactos de bala, presuntamente disparados por efectivos policiales.

    Sus seguidores califican el crimen como una acción política, para callar las críticas al sistema de seguridad que se vive en Brasil. Por ello, piden a gritos que se haga justicia.

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