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    La esterilización forzada a mujeres indígenas canadienses terminó oficialmente en 1973, pero investigaciones y testimonios reportan casos posteriores.

    La senadora Yvonne Boyer solicita a sus pares legislativos un estudio para conocer el alcance real de esta práctica a nivel nacional. “Me han contactado muchas mujeres de todo el país pidiendo ayuda”, declaró el pasado 11 de noviembre a The Canadian Press.

    Boyer mencionó la tragedia de Liz, obligada a abortar y a someterse a una ligadura de trompas en un hospital de Ontario a los 17 años.

    En el terreno legal, solo dos provincias canadienses permitieron esta práctica, que se cebó especialmente con las mujeres de los grupos autóctonos.

    La ley en Alberta estuvo vigente de 1929 a 1972 y la de Columbia Británica de 1933 a 1973, con 2.800 y 400 esterilizaciones respectivamente. No obstante, existen registros de esos años sobre este procedimiento en otras provincias y territorios.

    La creencia extendida es que estas esterilizaciones habían acabado en los setenta, hasta que el diario StarPhoenix y la cadena CBC presentaron una serie de reportajes en 2015 con testimonios de algunas mujeres sometidas a este método, entre 2008 y 2012, en hospitales de Saskatoon (provincia de Saskatchewan).

    A raíz de los señalamientos mediáticos, las autoridades sanitarias de esa ciudad encargaron una investigación independiente a dos expertas de ascendencia indígena: Judith Bartlett, profesora de medicina en la Universidad de Manitoba, e Yvonne Boyer, abogada especializada en derechos humanos.

    Bartlett y Boyer presentaron su informe en julio de 2017. A pesar del clima de miedo y desconfianza, lograron hablar con siete mujeres que fueron forzadas a la esterilización en Saskatoon.

    Casi todos los casos ocurrieron entre 2005 y 2010. “Me insistieron en que el procedimiento era para no superar el tamaño óptimo de una familia”, “el médico me indicó que era el único método para no quedar otra vez embarazada”, “me hablaron con términos técnicos que no comprendí y me sentí forzada a firmar la autorización”, son algunos de los testimonios que aparecen en el documento.

    Las expertas concluyeron que las mujeres fueron víctimas de discriminación y prejuicios, dentro de un sistema que refleja la herencia del colonialismo y que provoca recelos en el momento de solicitar otros apoyos sanitarios.

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