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    Representantes de los pueblos mayas Kaqchikel, Tz’utujil y K’iche’ pidieron hoy al Estado de Guatemala cumplir las resoluciones del Tribunal Latinoamericano del Agua y que no promueva proyectos ambientales peligrosos para sus comunidades en el Lago de Atitlán.

    El presidente de la Comisión de Pueblos Indígenas del Congreso, Leocadio Juracán, acompañado de dirigentes de esos pueblos, dijo en rueda de prensa que en octubre pasado presentaron una denuncia contra el Estado ante ese Tribunal por impulsar megaproyectos sin hacer consultas a las comunidades como lo establece el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

    Detalló que existen, entre otros, planes de construir una geotérmica y un megacolector en el Lago de Atitlán, situado en el departamento de Sololá (oeste).

    Sin embargo, hasta ahora no se le ha hecho ninguna consulta a los más de 270.000 habitantes que habitan en esa cuenca y tampoco han revelado los costos, dijo.

    Juracán explicó que denunciaron al Estado por permitir a la Autoridad para el Manejo Sustentable de la Cuenca del Lago de Atitlán (Amsclae), así como al presidente de Guatemala, Jimmy Morales y al vicepresidente, Jafeth Cabrera, por el incumplimiento de sus responsabilidades ambientales para proteger ese recurso hídrico.

    Reunido en la Universidad Jesuita de Guadalajara (México), el Tribunal Latinoamericano del Agua resolvió que el Estado debe garantizar la participación de los pueblos indígenas en la toma de decisiones sobre el uso del recurso del Lago de Atitlán, indicó.

    Además, que la Amsclae se abstenga de seguir promoviendo proyectos ambientales y socialmente peligrosos como el megacolector sin contar con estudios técnicos y científicos. Esta obra supuestamente será utilizada para descontaminar ese manto acuífero.

    En la cuenca de ese lago existen ya al menos 11 plantas de tratamiento, pero ninguna cumple con su función, según han denunciado dirigentes indígenas.

    El Tribunal también recomendó al Estado de Guatemala emitir una Ley de Aguas que garantice el derecho humano al vital líquido y que respete las formas de administración de ese recurso de los pueblos indígenas.

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