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    La familia de Berta Cáceres, junto al Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH), recurrirá la decisión de la Corte de Apelaciones de mantener al mismo Tribunal al frente del caso de la activista asesinada.

    “La decisión de nuestra parte siempre es agotar todas las instancias, lo que significa apelar esta decisión de la Corte de Apelaciones, nuestra intención va en coherencia con las actuaciones que hemos realizado”, dijeron fuentes del COPINH.

    El miércoles, la Corte de Apelaciones declaró nula la recusación presentada contra el Tribunal que lleva el caso del asesinato en 2016 de la activista y el juicio oral se reanudará con los mismos magistrados.

    Esto significa que el juicio continuará con el mismo tribunal que, según el COPINH, “ha violentado el debido proceso”.

    La familia de la activista hondureña, junto a la organización cívica de la que fue fundadora, presentó el 17 de este mes la recusación del Tribunal que lleva el caso debido a que consideran que está en duda su imparcialidad en el juicio.

    “Que sea el mismo tribunal el que siga al frente de este juicio implica que las denuncias de las irregularidades que el COPINH fue haciendo y la falta de atención de este tribunal siguen siendo obviadas e ignoradas”, alertaron.

    Entre la irregularidades destacan que la Fiscalía haya incumplido cuatro órdenes judiciales por no entregar la información solicitada por los querellantes o que haya puesto a disposición parte de la información dos días antes de la audiencia, lo que obligó a que fueran las víctimas quienes tuvieran que gestionar peritos independientes para que procesaran la información debido al poco tiempo previo a la audiencia.

    Además, sus abogados consideran que el Tribunal eligió desconocer el contexto político en el que se consumó el asesinato de Cáceres, debido a que la presidenta del tribunal dijo que solo van a juzgar lo que ocurrió el día del asesinato y las personas que participaron en el hecho.

    Por otra parte, desde el COPINH sostienen que “dadas las prácticas viciadas del sistema de justicia hondureño, el tribunal se comporta a partir de un prejuicio contra nuestra representación legal por haber visibilizado sus irregularidades”.

    “El objetivo de la apelación es el cambio de decisión (que se acepte la recusación del tribunal), lo más probable es que la rechacen de igual manera, pero es una acción de coherencia y que nos deja ver cómo funcionan absolutamente todas las instancias del sistema de justicia de Honduras”, dijeron las fuentes del COPINH a esta agencia.

    Días antes de ser asesinada, Cáceres realizó denuncias vinculadas con el proyecto hidroeléctrico Agua Zarca de la empresa Desarrollos Energéticos Sociedad Anónima (DESA), por considerarlo una amenaza para el territorio de las comunidades indígenas de la etnia lenca.

    Actualmente, nueve personas se encuentran en detención preventiva, algunas de ellas vinculadas con la empresa encargada de la construcción de la represa y otras con lazos con las fuerzas armadas.

    Su familia no solo responsabiliza a la compañía DESA de su asesinato, sino también al Estado hondureño.

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