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    En Chile, la criminalización de la protesta social, la impunidad imperante sobre los crímenes cometidos entre 1973 y 1990 y las situaciones de discriminación y violación de los derechos sexuales y reproductivos siguen siendo objeto de preocupación para Amnistía Internacional.

    La pasividad mundial en el terreno de los derechos humanos está convirtiendo el mundo en un lugar cada vez más peligroso para las personas refugiadas y migrantes, afirmó hoy Amnistía Internacional durante la presentación de su informe anual sobre el estado de los derechos humanos.

    La organización denunció que se han vulnerado los derechos de millones de personas que han huido del conflicto y la persecución o que han emigrado en busca de trabajo y una vida mejor para ellas y sus familias. Los gobiernos de todo el mundo muestran más interés en proteger sus fronteras nacionales que en salvaguardar los derechos de sus ciudadanos o de quienes buscan refugio u oportunidades dentro de esas fronteras.

    “Al no abordarse eficazmente las situaciones de conflicto, se está creando una clase de segunda categoría de carácter global. Los derechos de quienes huyen de los conflictos están desprotegidos. Hay demasiados gobiernos que cometen abusos contra los derechos humanos en nombre de los controles migratorios, sobrepasando con mucho las medidas legítimas de control de fronteras”, declaró Salil Shetty, secretario general de Amnistía Internacional.

    “Estas medidas no sólo afectan a las personas que huyen de los conflictos. Millones de migrantes se ven abocados a situaciones abusivas, como el trabajo forzoso y los abusos sexuales, debido a políticas antimigratorias que permiten explotar a estas personas con impunidad. La retórica populista, que carga contra refugiados y migrantes echándoles la culpa de las dificultades internas de los gobiernos, alimenta gran parte de estas políticas”, afirmó Salil Shetty.

    En 2012, la comunidad internacional fue testigo de varias emergencias de derechos humanos que obligaron a muchas personas a buscar un lugar seguro, dentro de los propios Estados o cruzando las fronteras. Desde Corea del Norte hasta Malí, Sudán o República Democrática del Congo, hubo gente que huyó de sus hogares con la esperanza de encontrar refugio.

    Otro año perdido para el pueblo sirio: pocas cosas han cambiado, aparte de las cifras, siempre en aumento, de vidas perdidas o arruinadas, y de los millones de personas que han quedado desplazadas por el conflicto. El mundo se ha limitado a mirar mientras las fuerzas armadas y de seguridad sirias seguían lanzando ataques indiscriminados o específicamente dirigidos contra la población civil y sometiendo a desaparición forzada, detención arbitraria, tortura y ejecuciones extrajudiciales a quienes consideraban opuestos al gobierno. Por su parte, los grupos armados continuaron tomando rehenes, torturando y llevando a cabo ejecuciones sumarias, aunque en menor escala.

    La excusa de que los derechos humanos son un “asunto interno” se ha esgrimido para boicotear la acción internacional destinada a abordar emergencias de derechos humanos como la de Siria. El Consejo de Seguridad de la ONU –órgano sobre el que recaen la
    seguridad y el liderazgo mundiales– sigue sin lograr una acción política concertada y unificada.

    “El respeto a la soberanía del Estado no puede usarse como pretexto para la inacción. El Consejo de Seguridad de la ONU debe hacer frente de forma coherente a los abusos que destruyen vidas y obligan a las personas a abandonar sus hogares. Esto conlleva rechazar
    doctrinas manidas y carentes de ética según las cuales los asesinatos en masa, la tortura y el hambre son asuntos que no competen a terceros”, manifestó Salil Shetty.

    Las personas que intentaban huir de los conflictos y la persecución se encontraron frecuentemente con enormes obstáculos al tratar de cruzar las fronteras internacionales. A menudo, los refugiados tuvieron más dificultades para cruzar las fronteras que las armas
    responsables de avivar la violencia que a su vez había obligado a esas personas a huir de sus hogares. Sin embargo, con el Tratado sobre el Comercio de Armas, adoptado por la ONU en abril de 2013, surge la esperanza de que por fin pueda ponerse freno a las
    transferencias de armas susceptibles de ser utilizadas para cometer atrocidades.

    “Las personas refugiadas y desplazadas ya no pueden ser víctimas de ‘ojos que no ven, corazón que no siente’, y su protección nos compete a todos y todas. Gracias al mundo sin fronteras de las comunicaciones modernas, resulta cada vez más difícil ocultar los abusos tras las fronteras nacionales y surgen oportunidades sin precedentes de que cada persona defienda los derechos de millones de congéneres obligados a huir de sus hogares”, declaró Salil Shetty.

    Los refugiados que lograron llegar a otros países para solicitar asilo a menudo se encontraron en el mismo barco –literal y figuradamente– que los migrantes que abandonaban sus países en busca de una vida mejor para ellos y sus familias. Muchos se
    ven obligados a vivir al margen de la sociedad, dejados de lado como consecuencia de leyes y políticas ineficaces y convertidos en blanco de la retórica populista y nacionalista que alimenta la xenofobia e incrementa el riesgo de que se cometan actos de violencia contra ellos.

    La Unión Europea aplica medidas de control de fronteras que ponen en peligro la vida de las personas migrantes y solicitantes de asilo y no garantiza la seguridad de quienes huyen de los conflictos y la persecución. En todo el mundo se encierra con frecuencia a migrantes y solicitantes de asilo en centros de detención o, en el peor de los casos, en contenedores metálicos o incluso de transporte de mercancías.

    Ni los países de origen ni los países receptores protegieron los derechos de muchos de los 214 millones de migrantes que hay en el mundo. Estas personas se enfrentaron a condiciones constitutivas de trabajo forzoso –o, en algunos casos, análogas a la esclavitud–
    porque los gobiernos los trataron como delincuentes y porque a las empresas les importaban más los beneficios que los derechos de sus trabajadores. Los migrantes indocumentados corrieron un riesgo especial de sufrir explotación y abusos.

    “Quienes viven fuera de su país, sin patrimonio ni estatus, son las personas más vulnerables del mundo, pero a menudo se las condena a vivir miserablemente entre las sombras”, declaró Salil Shetty. “Es posible un futuro más justo si los gobiernos respetan
    los derechos humanos de todas las personas, con independencia de su nacionalidad. El mundo no puede permitirse zonas excluidas de la reivindicación global de derechos humanos. La protección de los derechos humanos debe aplicarse a todos los seres
    humanos, estén donde estén.”

    “Lo anterior aplica también para Chile. A nuestro país están llegando cada día más personas migrantes y refugiadas en busca de trabajo, y se han revelado importantes carencias en cuanto a la adecuada protección de sus derechos, existiendo incluso
    denuncias de casos de tráfico ilegal de inmigrantes y detenciones ilegales respecto de personas migrantes.”, señaló Roberto Morales, Presidente de Amnistía Internacional-Chile.

    “Chile debe ajustar su legislación de manera que dé la debida protección a los derechos establecidos en los tratados que ha ratificado. Esperamos que el proyecto de ley de migraciones que el gobierno enviará al Congreso por estos días incorpore un reconocimiento expreso de estos derechos”.

    LA SITUACIÓN DE DERECHOS HUMANOS EN CHILE, A 40 AÑOS DEL GOLPE DE ESTADO

    “El capítulo sobre Chile del Informe Anual de Amnistía Internacional vuelve a incluir preocupaciones que hemos hecho presente durante ya varios años, y que han sido incluidas tanto en la carta dirigida al Presidente Piñera en marzo de 2012 y la carta enviada a las y los candidatas y candidatos presidenciales en abril de 2013”, señaló Ana Piquer, Directora Ejecutiva de Amnistía Internacional – Chile. “Lamentablemente, ninguna de estas cartas haya sido respondida”.

    En Chile, a lo largo de 2012 se registraron manifestaciones, en ocasiones violentas, sobre las reformas del sistema de educación pública, los derechos de los pueblos indígenas, el actuar de determinadas empresas y el coste de la vida. “Al respecto, hemos continuado manifestando nuestra preocupación por el proyecto de Ley de Fortalecimiento del Orden Público y la posible penalización de las protestas sociales que éste produce”. El proyecto ha sufrido modificaciones en lo que va de 2013, sin embargo, a pesar de las indicaciones introducidas por el gobierno, siguen existiendo motivos de preocupación en este sentido.

    En relación a la policía y fuerzas de seguridad, durante 2012, en la región de Aysén, los habitantes bloquearon las carreteras y levantaron barricadas después de que el gobierno desoyera de manera reiterada sus preocupaciones económicas. La policía utilizó gas lacrimógeno, balines de goma y cañones de agua para dispersar a los y las manifestantes y varias personas resultaron heridas. “En la mayor parte de las protestas y manifestaciones ocurridas en 2011, 2012 y lo que va de 2013, han existido denuncias de diferentes formas de violencia policial, incluidos los actos de violencia sexual contra mujeres y niñas.

    No obstante, la mayoría de estos abusos policiales siguen impunes”, indicó Ana Piquer. Por otra parte, en julio de 2012, entró en vigor la Ley contra la Discriminación, que prohibía la discriminación por razón de raza, origen étnico, religión, orientación sexual,
    identidad de género, edad, aspecto y discapacidad. Este Ley fue aprobada luego de producirse el brutal asesinato a Daniel Zamudio, un joven que recibió una golpiza sólo por ser homosexual y que terminó con su vida. En 2013, la investigación sobre su muerte aún
    continúa.

    En febrero del año pasado, la Corte Interamericana de Derechos Humanos dictó una sentencia histórica al considerar discriminatorio un fallo, emitido en 2003 por la Corte Suprema chilena, que había retirado a Karen Atala, una madre lesbiana, la custodia de sus tres hijas basándose en su orientación sexual. “La ley antidiscriminación y la eventual aprobación del Acuerdo de Vida en Pareja son efectivamente avances en la eliminación de la discriminación por orientación sexual o identidad de género. Sin embargo, existen aún importantes materias pendientes para eliminar esta discriminación de nuestra legislación, como por ejemplo la igualdad total en la legislación sobre matrimonio o unión civil para parejas del mismo sexo”, explicó Ana Piquer.

    Sobre derechos de los pueblos indígenas, en abril de 2012, la Corte Suprema confirmó la resolución de un tribunal de apelación que ordenaba la suspensión de un proyecto minero en el norte del país hasta que se hubiese consultado a la comunidad indígena local,
    conforme a lo establecido en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre Pueblos Indígenas y Tribales.

    En agosto, la mayoría de los líderes indígenas rechazaron el plan gubernamental destinado a sustituir el ampliamente criticado decreto de 2009 que regulaba las consultas con los pueblos indígenas. Según afirmaron, la nueva normativa no era conforme a las normas internacionales sobre participación efectiva. En noviembre, el relator especial de la ONU sobre los pueblos indígenas también expresó preocupación por la definición de “consulta” incluida en la propuesta del gobierno.

    “Sin embargo, la implementación de esta normativa resultará extremadamente difícil mientras no se construya un clima de confianza entre el Estado y los pueblos indígenas. Esto requiere, entre otras cosas, tener en consideración las constantes denuncias de uso excesivo de la fuerza y detenciones arbitrarias durante operaciones policiales contra comunidades indígenas mapuches, algunos miembros de las cuales fueron sometidos, al parecer, a juicios injustos. En abril de 2012, los enfrentamientos con las fuerzas de seguridad se saldaron con la muerte de un policía”, expresó Piquer. “Resulta preocupante que estas denuncias no cesan, y que si bien se han anunciado medidas para incrementar la presencia policial en la zona, no se han dado a conocer medidas concretas para investigar, sancionar y prevenir la violencia policial, que sigue quedando en la impunidad”.

    En el ámbito de los derechos sexuales y reproductivos el aborto siguió constituyendo delito en todas las circunstancias. En octubre, el Comité de la ONU para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer instó a Chile a revisar su legislación y despenalizar el aborto en caso de violación, incesto o amenaza para la salud o la vida de la mujer. Ana Piquer señaló al respecto: “Resulta en este sentido positivo la presentación de un nuevo proyecto para la despenalización de la interrupción del embarazo en determinados casos, y esperamos que en esta ocasión el proyecto pueda ser debatido y eventualmente aprobado. Esto permitirá dar protección a los derechos de las mujeres en Chile, alineándonos con la Convención de Belem do Pará”.

    Sobre impunidad, el Grupo de Trabajo de la ONU sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias que visitó Chile en agosto de 2012, mostró satisfacción por los avances en las investigaciones de violaciones de derechos humanos cometidas durante el gobierno del
    general Augusto Pinochet (1973-1990). Sin embargo, expresó preocupación porque, debido a la brevedad de las penas impuestas, pocos de los responsables declarados culpables estuvieran de hecho cumpliendo condena.

    “Existen diversos aspectos pendientes en Chile para terminar con la impunidad en Chile. Esto es un asunto no sólo del pasado, sino también del presente”, indicó Ana Piquer. “En este contexto, Amnistía Internacional- Chile lanza la campaña internacional “40 años del Golpe de Estado” a través de la cual pide concretamente a la ciudadanía a sumar su firma para pedir a las autoridades chilenas una serie de aspectos que permitirían ir cerrando importantes brechas”.

    Estas peticiones son:

    · Dejar sin efecto la Ley de Amnistía de 1978 y otras medidas que permitan la amnistía o la prescripción para los autores de violaciones de derechos humanos.

    · Reformar el Código de Justicia Militar para asegurar que los abusos a los derechos humanos cometidos por personal militar y de las fuerzas de seguridad en Chile son investigados y juzgados por los tribunales civiles.

    · Apoyar y fortalecer las iniciativas dirigidas a la preservación de la memoria histórica de las violaciones graves de los derechos humanos.

    · Asegurar la incorporación de los derechos humanos en todas las políticas y
    programas gubernamentales.

    “Si bien éstas no son todas las materias pendientes, quisimos destacarlas por considerar que son aspectos relevantes que no sólo afectan lo sucedido en el pasado, sino también se arrastran hacia el presente: afectan la adecuada reparación de las víctimas, la verdad, justicia y reparación para las víctimas de violaciones de derechos humanos cometidos en el presente, y en definitiva, la veracidad de la promesa del “nunca más”, concluyó Ana Piquer.

    Amnistía Internacional Chile

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