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    La diputada de Poder Ciudadano, Claudia Mix, junto a diversas organizaciones sociales como OVO, Coordinadora por el Derecho al Nacimiento, Miles y Corporación Humanas, ingresaron este martes al parlamento un proyecto de ley de parto respetado y violencia gineco-obstétrica.

    La iniciativa busca regular, garantizar y promover los derechos de la mujer en el ámbito de la gestación, preparto, parto, postparto y aborto, así como también en torno a su salud ginecológica y sexual.

    En ese sentido, el proyecto -apoyado por parlamentarios de diferentes bancadas- busca sancionar y terminar con todo maltrato o agresión psicológica, física o sexual, omisión o negación injustificada que sufren miles de mujeres por parte de los equipos médicos y que en la actualidad se encuentran en la más absoluta indefensión.

    Diputada Claudia Mix

    “Esta iniciativa asume el desafío de elaborar un proyecto de ley integral sustentado en el derecho de las mujeres a tener una vida sin violencia, a que se respeten sus derechos sexuales y reproductivos y que se asegure el derecho a tener una atención de salud respetuosa y digna, con un enfoque feminista y multicultural”, declaró al respecto la diputada Mix. En definitiva, añadió la congresista del Frente Amplio, el proyecto “se hace cargo de una variedad de formas de violencia que sufrimos la mujeres en el ámbito ginecobstétrico”.

    De acuerdo a lo que se señala en el documento ingresado este martes al parlamento, se considerarán como actos de violencia gineco-obstétrica, entre otros, el “abandono, burlas, abusos, insultos, amenazas, malos tratos, coacción, violencia física o psicológica ejercida contra la mujer en torno a su atención de salud obstétrica o ginecológica”; la “omisión o retardo en la atención oportuna ante una emergencia gineco-obstétrica”; la “manipulación u ocultamiento de la información cuando es solicitada por la mujer o sus cercanos en torno a su salud”; el hecho de “obligar a la mujer a parir en una posición que limite su movimiento, ser amarrada u otros, sin justificación ni consentimiento de la misma”, lo que será igualmente aplicable a aquellas privadas de libertad; y la “interrupción del embarazo o esterilización forzada no consentida por la mujer y realizadas sin justificación médica”.

    Junto con la dignidad en el trato, se considera igualmente la autonomía de las mujeres, es decir, que ninguna “podrá ser sometida a una prestación de salud no consentida durante la atención de la gestación, preparto, parto, postparto o aborto”, según se lee en la iniciativa.

    Destacan además aspectos básicos como la garantía de privacidad y confidencialidad para la mujer, así como el respeto a la multiculturalidad de las pacientes.

    Por otra parte, se establece un mayor compromiso ético por parte de instituciones educacionales como universidades, Centros de Formación Técnica e Institutos Profesionales, con el objetivo de incorporar en las mallas curriculares de las carreras asignaturas que promuevan los derechos sexuales y reproductivos, con un mayor enfoque de género, derechos humanos, salud mental perinatal y cuidados maternos.

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