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    Este martes, representantes de los ocho detenidos en el marco de la denominada “Operación Huracán” apelaron ante la Corte Suprema para que revoque el pronunciamiento de la Corte de Apelaciones de Temuco, que rechazó un recurso de amparo que solicitaba otorgar libertad a los comuneros en prisión preventiva desde el pasado 23 de septiembre.

    Según explicó Patricia Cuevas, abogada defensora de Héctor Llaitul, en diálogo con el Área Audiovisual de El Ciudadano, hasta el momento “existen las mismas pruebas que existían el día 1, es decir, WhatsApp y Telegram, nada más (…) creemos que vincular a ocho personas con delitos tan importantes como tres incendios implicaría al menos una prueba un poco más objetiva que mensajes de conversación”.

    “Hay una conversación entre dos personas que fueron imputadas concretamente por un delito de incendio que lo único que señala es ‘A la 1, desenterrar palines’ (chuecas para jugar al palín). O sea, el Informe 130 lo que hace es transcribir ciertas conversaciones que no dicen expresamente la comisión de ningún delito, pero acto seguido, Carabineros de Chile interpreta esta información señalando que daría cuenta de la comisión de un delito de incendio, pero lo cierto es que analizando todos los partes policiales, no existe testigo alguno, fotografía, testigos presenciales –ni siquiera de oída–, prueba química…”, añadió la abogada.

    Por otro lado, la jurista descartó que los comuneros imputados hayan utilizado armas de fuego. “Lo cierto es que se allanaron dos domicilios de mi representado y no se encontró ninguna arma de fuego, es decir, ni metralleta, ni fusiles, ni ninguna de las que se relatan en los partes policiales, así como tampoco se han establecido evidencias de carácter químico, es decir, no hay nitrito, no hay huellas de un proceso de disparo, no hay elementos de bencina, bidones o artefactos explosivos o elementos incendiarios, que permitieran señalar con certeza de que estas personas efectivamente tienen un poder armamentista”, sostuvo.

    Patricia Cuevas

    La abogada también se refirió a la validez de las interceptaciones de mensajes, único elemento de prueba en este caso. La primera autorización que tuvo la Agencia Nacional de Inteligencia (ANI) data del 9 de agosto de este año y la segunda fue otorgada a partir del 7 de septiembre.

    “Esta resolución, además de establecer un plazo de 90 días en adelante, establece un plazo retroactivo que nosotros también cuestionamos, es decir, que las conversaciones que se hayan obtenido con anterioridad de 30 días, también pueden ser utilizadas.  Pero aún así, existen conversaciones que están transcritas, que no deben ser utilizadas bajo ningún respecto, porque esas conversaciones empiezan el día 1 de agosto. Al menos, respecto de mi representado, si estimáramos que este efecto retroactivo es legal o es válido –lo que no compartimos– recién desde el 7 de agosto en adelante podrían hacerse valer, por lo tanto, existen conversaciones entre los días 1 y 7 de agosto que no pueden hacerse valer en esta causa penal”, argumentó.

    Patricia Cuevas insistió en que Héctor Llaitul no tenía WhatsApp ni Telegram instalados en su teléfono móvil. “Él ha señalado expresamente desde el día 1 que no tenía estas aplicaciones en su teléfono y tampoco tenemos la certeza de que del teléfono que se le incautó sean precisamente los mensajes que están transcritos. Desde ese punto de vista, vamos a solicitar diligencias a efectos de esclarecer si estos teléfonos celulares, en primer lugar, corresponden a él y, en segundo lugar, si tenían específicamente este tipo de aplicaciones que se cuestionan”.

    Voces del mundo mapuche ante el máximo tribunal

    Hasta la Corte Suprema también llegaron otros referentes del Pueblo Mapuche, como Víctor Queipul, lonko de la Comunidad Autónoma de Temucuicui, quien criticó al Gobierno por el procesamiento de los comuneros mediante la Ley Antiterrorista.

    “A los mapuche nos tratan de terroristas y nosotros jamás tenemos un peñi preso con armas. Ellos dicen que los mapuche son terroristas y son puras palabras, montajes y dichos. Si fuéramos terroristas, tendríamos que tener un peñi o una personas presa con armas de grueso calibre y eso jamás lo han encontrado”, afirmó.

    Víctor Queipul

    La autoridad mapuche recalcó que se oponía a usar la violencia para reivindicar la demanda territorial. “Jamás vamos a transformarnos en una guerrilla por reivindicar nuestro derecho, que es legítimo y que el Estado chileno tiene una deuda histórica con el pueblo mapuche”, aclaró.

    En junio de 2016, el lonko Queipul fue secuestrado tras un allanamiento realizado por Carabineros, hecho recordado por la autoridad ancestral, a propósito de la persecución judicial que han sufrido distintos comuneros en el marco del conflicto que mantiene el Estado chileno con el Pueblo Mapuche.

    “Ese día, Carabineros hizo el tremendo operativo. Por ejemplo, en mi casa llegaron como 20 blindados, incluida una micro. Yo llamé a un periodista de la radio Bío Bío, que se llama Vladimir Sáez. Cuando estaba la balacera, él grabó esa entrevista en la que decía que estaba siendo invadido por Carabineros. Él tiene esa entrevista, por lo tanto, cuando el Ministerio Público dice que nosotros no aportamos pruebas, por eso había cerrado el caso y no quiso perseverar, seguir investigando esa querella, esa es la justicia chilena con el mapuche, cuando alzamos la voz o cuando reclamamos nuestros derechos”, aseveró.

    El werkén del Lof Rankilko, Rodrigo Curipán, también se pronunció respecto del caso que mantiene a los ocho comuneros detenidos. “Si aquí se estableciera el debido proceso, en términos del derecho penal, lo que debería suceder es que los mapuche que están procesados en este montaje, deberían quedar en libertad y no en prisión preventiva”, manifestó.

    El portavoz añadió que “la autonomía territorial y política son cuestiones que se tienen que abordar como política de Estado, no como política judicial que es lo que ha tratado de hacer el Estado. Hoy nos aísla tratando de decir que hay mapuches violentos y mapuches buenos, y creo que esa política de segregación es lo que hoy tiene la situación actual represiva contra los mapuche, particularmente en la zona de Malleco”.

    Operación Huracán: familiares y amigos de los 8 presos políticos mapuches presentan recurso de amparo en la Corte Suprema

    Posted by El Ciudadano on Tuesday, October 17, 2017

    Redacción: Felipe Menares Velásquez

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