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    Hace aproximadamente un mes, el 14 de mayo, El Ciudadano recibió una delicada denuncia que señalaba que en la sede de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (AFDD), ubicada en calle Cumming en el Barrio Brasil de la capital, habían sido halladas osamentas -alrededor de 80 piezas- que podrían corresponder a ejecutados o desaparecidos durante la dictadura cívico-militar.

    El medio tomó contacto con la presidenta de la organización aludida, Lorena Pizarro, quien entregó su versión, señalando que dichos restos óseos habían sido entregados a la AFDD en los años ’90, que éstos habían sido periciados -estableciéndose que no correspondían a víctimas de la dictadura cívico militar- y que por lo contraproducente que significaba para quienes han buscado durante mucho tiempo a sus familiares botarlos a la basura, se decidió mantenerlos.

    Sin embargo, por lo delicado y confuso de la situación, el conflicto generado por este hallazgo no quedó allí y a un mes de dado a conocer el hecho continúa la polémica al interior de las agrupaciones de derechos humanos, la que se agudizó luego de una nota publicada en The Clinic Online este 14 de junio, en la que se sostenía que el paradero de los mencionados restos óseos “es un misterio”. Esto porque, según el medio, luego de ser puestos a disposición del ministro en visita Mario Carroza el pasado 10 de mayo, tanto el Servicio Médico Legal (SML) como la PDI negaron haber recibido hasta ahora las osamentas.

    Declaraciones cruzadas

    Un día antes, el 13 de junio, la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos difundió una declaración pública, la que comienza señalando que se ha “tergiversado” la información respecto a los restos óseos por parte de algunos medios de comunicación. Luego de reiterar la versión entregada por Lorena Pizarro a El Ciudadano, se achaca a una “inexperiencia de nuevas dirigentas” -sin mencionar nombres ni agrupaciones- la generación de “todas las interpretaciones dadas a conocer por algunos medios de comunicación, distorsionando los hechos, causando angustia y preocupación a familiares y amigos en general”.

    Ante esta declaración, se elaboró una respuesta desde un grupo de “familiares, compañeros y amigos de víctimas de la dictadura, ex presos políticos y activistas de DDHH”. En el documento se exige a la presidenta de la AFDD decirles “toda la verdad sobre lo ocurrido estos años con esos restos”, pues se sostiene que “las declaraciones públicas que ha dado hasta ahora nos parecen insuficientes”.

    Junto con ello, cuestionan el hecho de que las osamentas hayan permanecido durante 23 años “guardadas en un cajón, sin los debidos cuidados y medidas especiales”.

    Se critica igualmente que se desconozca el paradero actual de los restos, entregados supuestamente al Servicio Médico Legal, y se exige a la AFDD una respuesta al respecto.

    Por último, califican lo ocurrido de “negligencia grave” y solicitan la renuncia de las integrantes de la directiva de la agrupación de Derechos Humanos, Lorena Pizarro y Alicia Juica.

    La mañana de este viernes, a través de su cuenta de Twitter, la diputada Carmen Hertz, en una discusión a través de esa red social con Cecilia Heyder, una de las firmantes de la respuesta a la AFDD, afirmó que los restos “fueron periciados por el Grupo de Antropología Forense en los noventa, calificados como restos arqueológicos y devueltos a la agrupación. Hoy están donde el Ministro Carroza a la espera de un nuevo peritaje”.

    Hayder, por su parte, interpeló a la parlamentaria a que en su calidad de presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados exija al Servicio Médico Legal (SML) que presente el informe donde se establecería que los restos no correspondían a Detenidos Desaparecidos. Esto, añadió, considerando que el Grupo de Antropología Forense aludido dependía del SML en democracia, según afirmó.

    Acá, ambas declaraciones.

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