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    El Consejo de Defensa del Estado (CDE) ha tomado la decisión de presentar una querella luego de establecer que alrededor de 7 millones de pesos simplemente “se perdieron” mientras eran custodiados por la Fiscalía Norte.

    De acuerdo a lo que publica el área de Reportajes de Radio Bío Bío este miércoles“nueve sospechosos, huellas dactilares que no pueden ser identificadas por la PDI, evidencias mal guardadas y un sistema informático que falló”,  son algunos de los hechos que el CDE detalla en el libelo interpuesto ante el Segundo Juzgado de Garantía de Santiago, con el objetivo de dar cuenta que el dinero se encuentra desaparecido desde, al menos, el año 2014. En ese sentido, se añade que dos investigaciones -una administrativa y otra penal- no han encontrado responsables de la pérdida de los billetes.

    El caso se inició en julio de 2012 cuando cuatro funcionarios del Banco Central (BC) fueron formalizados por sustraer 38 millones de pesos, que iban a ser destruidos por obsolescencia. “Los descubrieron, gracias a las cámaras de seguridad del recinto, mientras se guardaban la plata entre sus ropas. Un año más tarde, todos serían condenados a 5 años, pero sin pena de cárcel. Se trató de un caso sencillo y judicialmente exitoso para la Fiscalía Centro Norte, salvo por un detalle: han pasado casi 7 años y 6 millones 914 mil pesos siguen desaparecidos, pese que el propio Ministerio Público los tenía bajo su custodia”, detalla Reportajes Bío Bío.

    Según expone el CDE, en calidad de evidencia fueron ingresados a la Unidad de Servicios Corporativos del Ministerio Público casi 7 millones 900 mil pesos. Transcurrido el tiempo de investigación, en octubre de 2014 el abogado Sergio Rodríguez, patrocinante del Banco Central, pidió la devolución de los billetes, hecho que no se concretó. En abril de 2016 el BC insistió en que la Fiscalía entregara el dinero, pero nuevamente la solicitud no surgió efecto. Una nueva petición fue presentada en diciembre del mismo año, hecho que dio inicio a una investigación administrativa. Finalmente, el CDE se querelló y solicitó que la Fiscalía Centro Norte “ordene el levantamiento patrimonial a Juan Morales Maldonado, jefe de la Unidad de Servicios que tiene a cargo las evidencias”. Y junto a él, a otros ocho técnicos en custodia.

    El Consejo interpuso una querella criminal por el delito de “malversación de caudales públicos” ante el Segundo Juzgado de Garantía de Santiago, apuntando a funcionarios que, a juicio del organismo, aparecen como “sospechosos”.

    En este contexto, el Consejo de Defensa del Estado ha solicitado un “levantamiento patrimonial” de 9 empleados encargados de la custodia de las especies, para “detectar gastos excesivos, depósitos, compras o pagos de deudas por sumas que coincidan con los montos extraviados, o que excedan de los ingresos mensuales”, de acuerdo a lo que señala la querella.

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