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    “Ha llegado el momento de poner orden en este hogar que compartimos en esta casa que es la casa de todos”. Con esa frase el presidente Sebastián Piñera quiso resumir el pasado lunes el conjunto de indicaciones realizadas al proyecto de ley que busca modernizar la actual legislación sobre migración en Chile.

    “Nuestro país necesita una nueva ley migratoria, adaptada a nuestros tiempos y que garantice una migración segura, ordenada y regular, que abra las puertas a lo que le hace bien a Chile y cierre las puertas a los que nos causan daño”, agregó el mandatario en su enfático discurso.

    Algo con lo que se cuadró también su ministro del Interior, Andrés Chadwick, quien declaró que como gobierno buscarán “cerrar las puertas a los extranjeros que vienen a delinquir, de forma irregular, y que vienen a no cumplir con la ley”.

    Una idea que Piñera viene repitiendo desde que lanzara su candidatura presidencial en 2017. “Queremos cerrar las fronteras a los que vienen a cometer delitos”, dijo en más de una ocasión en medio de su campaña.

    Dentro de las críticas surgidas al proyecto ha destacado aquella que releva la diferencia que se hace entre ciudadanos haitianos y venezolanos -en cuanto al tipo de visa que se les exigirá y el tiempo en que podrán permanecer y residir en Chile-, lo que ha sido interpretado como una discriminación en contra de los venidos de Haití.

    Un cuestionamiento que ha teñido la discusión sobre la migración hacia Chile desde que se transformó en un fenómeno masivo, debido a que la oposición que ha enfrentado -básicamente de los sectores conservadores- ha estado centrada majaderamente en aquellos venidos desde países como Perú,  Bolivia y Colombia, por ejemplo. Esto, “olvidando” que hay una gran cantidad de extranjeros de otros países como Argentina y de Europa que gozan de absoluta aprobación. Una “cuestión de piel” que ha sido entendida por quienes cuestionan esta postura discriminatoria, lisa y llanamente como racismo.

    Un irlandés abusador y condenado

    Un ejemplo de ello es la vista gorda que se ha hecho con un caso emblemático, el del sacerdote irlandés y miembro de los Legionarios de Cristo, John O’Reilly.

    En diciembre pasado, una imagen generó una indignación masiva. Vistiendo su sotana, el religioso fue fotografiado cenando en un restaurante de Santiago junto al ex alcalde de Providencia y coronel (r) del Ejército, Cristián Labbé, procesado en al menos dos causas por acusaciones de torturas durante la dictadura. 

    ¿La razón de la molestia ciudadana, además de la presencia de Labbé en la cena? El 11 de noviembre de 2014 John O’Reilly fue condenado por el Tercer Tribunal Oral en lo Penal de Santiago a una pena de 4 años de libertad vigilada, luego de ser declarado culpable de abusos sexuales reiterados en contra de una menor de edad, ex alumna del Colegio Cumbres, entre los años 2010 y 2012.

    Obviando la recomendación realizada por Gendarmería de Chile, que en su informe presentencial estableció que O’Reilly no estaba apto para cumplir su condena en un medio libre, el cura fue igualmente favorecido con el beneficio de la libertad vigilada.

    Cuatro meses después de la sentencia, el Congreso revocó la nacionalidad por gracia que le había sido otorgada al sacerdote irlandés en 2008.

    En ese contexto, el Departamento de Extranjería del Ministerio de Interior decretó su expulsión de Chile, estableciendo que éste debía abandonar el territorio nacional en diciembre de 2018, luego de cumplir su condena. Sin embargo, el 5 de septiembre de 2016 la Cuarta Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago decidió suspender dicha resolución, calificándola como “arbitraria” y acogiendo un recurso de protección presentado por su defensa.

    Un escenario favorable para el abusador sexual que, no obstante, en abril de 2017 tuvo un duro revés en su contra luego de que el gobierno de Michelle Bachelet acudiera a la Corte Suprema. Según consignó entonces la revista Capital, el máximo tribunal finalmente ratificó el decreto de expulsión del Departamento de Extranjería, estableciendo en consecuencia que John O’Reilly debe abandonar Chile en diciembre de 2018, una vez que cumpla su condena de 4 años y un día.

    Por ahora, lejos de la mira de Sebastián Piñera y su gobierno por querer agilizar las expulsiones de los inmigrantes que “vienen a delinquir” a Chile, O’Reilly se pasea libremente por las calles de Chile.

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