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    TEMUKO / Henchido de contradicciones por parte de los testigos de la Fiscalía del Ministerio Público continuó en tribunales de la ciudad de Temuko, una nueva jornada del juicio oral en contra del dirigente de la Coordinadora Arauco-Malleco (CAM), Héctor Llaitul y del comunero Roberto Painemil, acusados de ser los supuestos culpables del atentado incendiario que afectó el Fundo Las Praderas de la forestal Mininco, la noche del 26 de diciembre de 2006.

    Llaitul y Painemil conocieron el relato de distintos testigos que se refirieron en detalle al suceso. El primero en pasar al estrado fue el perito Miguel Ochoa Rivero, quién presentó evidencias del suceso, tales como fotografías de los daños ocasionados por la acción del fuego en el predio forestal. Exhibió la muestra de restos de tierra, para contrastarlas con los rastros de los detenidos. Pero al ser interrogado por Juan Enrique Prieto, abogado defensor de Roberto Painemil, por la supuesta relación entre los restos tomados en el lugar y la correspondencia con los rastros en los acusados, no se encontró vinculación entre las pruebas del peritaje y los detenidos.
    En tanto, el testigo Jaime Morales Figueroa, acusó el robo en su domicilio que se encontraba deshabitado, lugar donde los acusados supuestamente habrían sustraído un arma Taurus calibre 38′, días antes del incendio. Morales dijo a la audiencia: “Al denunciar el hecho, fui al reten de Pedro de Valdivia y encontré mi arma”. ¿Presentó declaraciones por robo?, interrogó el abogado Prieto, “no presente ninguna declaración posterior por este robo”, respondió Morales, dando a entender el nulo seguimiento que la policía hizo a este suceso.

    Luego el perito Rodrigo Lara Lux, presentó las fotografías tomadas en la casa habitación de Jaime Morales, mostrando a la audiencia el desorden en que se encontraba la vivienda luego de perpetrarse el asalto. Frente a esta acusación el abogado Juan Enrique Prieto replicó: “¿Es frecuente que usted haga peritajes de hechos que luego no son investigados?” – el cincuenta o sesenta por ciento de las veces ocurre así”, repuso Lara.

    Por su parte Jorge Bravo Fuenzalida, mayor y comisario de la 3ª Comisaría de Padre las Casas, afirmó haber estado a cargo de los allanamientos en la casa de Roberto Painemil: “En el sector de tres cerros de Padre las Casas, se encontraron 60 municiones calibre 22, y 13 cartuchos de calibre 5,56, en el segundo piso de un galpón. En su casa también se requiso un computador” dijo. En consecuencia el peritaje balístico, no cuadra con las armas requisadas por la policía.

    Por otra parte, el testigo Ignacio Muñoz, desempeñando funciones como bombero, realizó muestras de hidrocarburos el día que ocurrieron los hechos en la zona, y encontró prendas de vestir como poleras y gorros, con la presencia del componente inflamable. Señaló: “Detectamos la presencia de combustible en el volante y los asientos trasero y delantero de la camioneta en que se movilizaban”.

    Sin embargo, al ser interrogado por Juan Ignacio Prieto sobre la posible vinculación entre la evidencia de material inflamable encontrado en el volante de la camioneta y el posterior análisis corporal efectuado, para comprobar la concordancia con el acusado, Muñoz acotó: “Painemil no tenía presencia de hidrocarburos en sus manos”, afirmando de esta manera que no existe ninguna relación entre la detección de hidrocarburos hallados al interior del vehículo y la presencia del componente en el cuerpo de Painemil.
    Tesis del montaje

    Con el paso de los días de juicio oral, cobra fuerza en la defensa de los imputados la tesis del montaje. Asi lo declaró el propio ex juez Juan Guzmán, que en su calidad de abogado asumió la defensa del dirigente Hector Llaitul. “El montaje a veces es muy burdo. El Estado siempre ha estado a favor del poder económico, los indígenas siempre han sido las grandes víctimas, a medida que se construye una hidroeléctrica, ellos son los afectados”, indicó a los medios de prensa al finalizar la segunda jornada de juicio.

    Guzmán no tuvo tampoco reparos en aseverar que detrás del atentado al Banco Santander Santiago ocurrido en Concepción y por el cual las autoridades del Ministerio del Interior responsabilizaron a grupos mapuches, no estaba la Coordinadora Arauco-Malleco. Subrayó Guzmán que más bien tenia el convencimiento de que se trataba de otra acción preparada “para que la gente piense que los mapuches son terroristas”.

    “Eso es un absurdo. Imagínense ustedes si nosotros estamos pidiendo que nos declaren inocente, vamos, nosotros mismos a poner una bomba incendiaria, es ridículo, elemental, pueril. Nosotros los chilenos tenemos que crecer, no podemos creer pamplinas, ya salimos de la edad de las cavernas”, aseveró. Dijo que había una maquinación de los poderes fácticos y anadió que: “De los dueños de las forestales, pagándole naturalmente a pájaros para que hagan este trabajo… ¿sicarios?… sicarios… indudablemente”, indicó Guzmán.

    “Yo creo que son las forestales o las celulosas o agricultores enojados”, precisó. Añadió que dirigentes de la CAM le manifestaron que no habían tenido participación en la quema del banco y aseveró que se reservaba la identidad de los dirigentes que le entregaron la información respecto a lo ocurrido en la institución bancaria. El juez, quien en las últimas dos jornadas dejó de participar en el juicio para concurrir a dictar una conferencia a Costa Rica sobre pueblos originarios, señaló que si este proceso continúa seguirá vinculado a la defensa del dirigente.
    “No dejo el patrocinio de la causa, quedo comprometido para otras instancias, si siguiera el caso más adelante”. En Costa Rica, el juez Guzmán relatará su experiencia en el proceso que la Fiscalía sigue en contra de los dos comuneros y que era un compromiso que tenía hace más de seis meses. Dijo que se va tranquilo porque pudo ver el inicio del juicio oral y que cada día que pasa se convence más que fue una inculpación basada sobre un montaje.

    “En el caso de Roberto Painemil Parra, él cayó como un zorzal, fue engañado y llevado a este sector por personas interesadas. Estoy convencido que las personas de la junta de vigilancia le preparan todo el terreno para que posteriormente le sean colocadas dos armas de fuego, una perteneciente a un suboficial de la Fuerza Aérea, otra perteneciente a un carabinero, respecto de la cual jamás hubo denuncia, después se le pusieron dos celulares, de los cuales dos pertenecen a carabineros, es bien curioso”.

    El abogado defensor precisó que el montaje que plantea es hecho por el Estado, donde está la policía, el sistema judicial y las fiscalías. “El montaje a veces es muy burdo. El Estado siempre ha estado a favor del poder económico, los indígenas siempre han sido las grandes víctimas, a medida que se construye una hidroeléctrica, ellos son los afectados” / AZ

    José Vargas

    Publicado en Azkintuwe con el título: Contradictorias declaraciones en juicio de la CAM

    http://www.nodo50.org/azkintuwe/junio7_01.htm

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