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    Fotografía: Marianela González

    Fotografía: Marianela González

    Fría, como no ha habido ningún amanecer de este sofocante verano, fue la mañana del pasado viernes para las veinte familias de colombianos que ocupaban hasta ese día el 260 de la calle Almirante Barroso en el centro de la capital. Con carabineros los echaron a la calle, con bebés, niños, niñas, mujeres embarazadas y adultos mayores.

    La dueña del lugar falleció hace 4 años y los actuales propietarios de la vivienda solicitaron la recuperación del inmueble a través de la justicia. En un comunicado público difundido esta jornada, la Municipalidad de Santiago señala que las familias fueron notificadas de que debían irse de ahí en noviembre de 2016. Los afectados dicen que eso ocurrió solo ocho días antes.

    Paola Tenorio es una de ellas. “En ocho días no podíamos conseguir un arriendo. Fuimos a la municipalidad para que nos dieran una ayuda, pero nos dijeron que lo que nos podían facilitar eran camiones porque ellos no podían hacer nada”, señala en conversación con El Ciudadano TV.

    Paola Tenorio

    Paola Tenorio

    Desde la administración comunal explicaron que “como es un desalojo judicial entre privados, el municipio no fue notificado, por tanto no tenía cómo hacerse parte del procedimiento, ni activar los protocolos existentes”. Además de eso, agregaron que les facilitaron un camión municipal y que han estado ayudando en su reubicación “a través de subsidios de arriendo, bodegaje, transporte de enseres y traslado a casas de familiares y amigos”.

    De igual forma, agregaron que dentro de la ayuda que puede prestar la alcaldía existe un subsidio de arriendo, para el cual deben cumplirse ciertos protocolos, como poseer Cédula de Identidad y residencia en nuestro país. Sin embargo, solo una persona cumple dichos requisitos.

    Inmigrantes colombianos desalojados

    En la calle y sin trabajo

    Para varios de los afectados, la situación empeoró cuando fueron despedidos debido a que tuvieron que faltar a sus trabajos producto del mismo desalojo. La pareja de Paola Tenorio es uno de ellos, por ejemplo.

    Algo que también destaca Carmen, otra de las desalojadas, quien señala: “Hay familias con niños, embarazadas, mayores de edad. Hay algunos que también fueron echados del trabajo porque no asistieron por el mismo tema del desalojo. Entonces queremos ver si podemos recibir alguna ayuda. Necesitamos dónde vivir.  Nos piden papeles que no tenemos, no cumplimos con los requisitos, entonces ese es el problema”.

    “Es una precariedad total”

    Eduardo Cardoza es secretario ejecutivo del Movimiento de Acción Migrante. Está colaborando con los desalojados y gestionando alguna salida desde la municipalidad. Pero no tiene un muy buen diagnóstico de lo que ocurre. “La situación es bien compleja porque no hay un protocolo a nivel de las municipalidades para estos casos de emergencia, que asuma un hecho social como el que quede gente en la calle. Para nosotros esto es bastante inadmisible y lamentablemente no hay soluciones inmediatas. Es una situación de total abandono”, asegura.

    Eduardo CardozaEl dirigente explica que los migrantes están hoy viviendo gracias a la buena voluntad de familiares, amigos o de vecinos chilenos, pero “en departamentos hacinados”. Una chica del barrio, por ejemplo, los ayudó permitiéndoles alimentarse en su casa. “Esto no puede durar muchos días, es una precariedad total”, sostiene.

    Una de las opciones para quienes quieran colaborar con los afectados por el desalojo es contactándose con Carmen al celular 54981487.

     

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